Desde Lima

En Perú, las heridas del conflicto interno de los años ’80 y ’90 no cierran, y el drama de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ha vuelto a saltar al centro del debate nacional. En las zonas andinas están apareciendo nuevas fosas comunes y recientes informes elevan las cifras de desaparecidos a niveles que ponen al Perú entre los países con mayor número de detenidos desaparecidos del mundo. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), emitido hace cinco años, hablaba de 8558 desaparecidos y un total de algo más de 69 mil víctimas de la guerra interna. Sin embargo, esta elevada cifra de desaparecidos podría quedarse corta. Recientemente, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), encargado de la exhumación de varias fosas comunes, asegura que el número de desaparecidos llegaría a las 15 mil personas, la mayor parte campesinos, lo que pone en evidencia la magnitud que alcanzó la represión militar en las zonas andinas.

El informe de la CVR reveló que el 75 por ciento de las víctimas eran indígenas quechuas. Esto coloca al país andino en los primeros puestos en la lista de los países con mayor número de desaparecidos, la que, según un reciente informe de Naciones Unidas, es encabezada por Irak, con 16.387 casos de desapariciones. Estas nuevas cifras sobre el nivel de horror que alcanzó la política de de-sapariciones en el país se dan poco después de que en un alejado paraje andino, a 3500 metros de altura y a 650 kilómetros al sudeste de Lima, se encontrara la mayor fosa común hallada hasta ahora en el país: 97 comuneros secuestrados y asesinados por los militares en la comunidad de Putis. Las exhumaciones no han terminado y la cifra de víctimas enterradas en el lugar sería mayor, ya que en esa comunidad se han reportado 123 casos de de-saparecidos. El desentierro está a cargo del EPAF, que ha revelado que 38 de las víctimas ya desenterradas eran niños y diez eran adolescentes. La matanza ocurrió en diciembre de 1984 y ahora los miembros de la comunidad que lograron sobrevivir escondiéndose de los militares observan llorosos las exhumaciones y tratan de reconocer entre los restos la ropa de sus parientes.

Ningún militar está procesado por este crimen. El gobierno se niega a entregar a las autoridades judiciales la información de los oficiales y soldados que estaban en la base militar de Putis cuando ocurrió el secuestro y ejecución masiva de los campesinos, actitud de encubrimiento que también ha asumido en otros casos. “Hubo una responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos y ahora hay una cobertura institucional para proteger a los militares acusados de esas violaciones. El gobierno no tiene interés en que los juicios por violaciones a los derechos humanos sigan adelante”, le señaló a Páginai12 Salomón Lerner, quien fuera presidente de la CVR. Lerner ha exigido que las Fuerzas Armadas pidan disculpas públicas por los crímenes que cometieron contra la población, pero el ministro de Defensa, Antero Flores, negó tajantemente esa posibilidad y salió en defensa de los militares. Igual postura han tenido otros miembros del gobierno. Es que Alan García tiene su propia historia de violaciones a los derechos humanos cometidas durante su primer régimen (1985-1990). Sus ataques a los organismos de derechos humanos y su cerrada defensa de los militares se dan en momentos en que se intenta llevar a la Justicia crímenes ocurridos en su anterior gobierno, como la ejecución extrajudicial de más de cien presos acusados de terrorismo en la isla penal El Frontón, ubicada frente a Lima, en junio de 1986.

El debate sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto interno ha de-satado un duro enfrentamiento al interior de la Iglesia Católica. El pasado domingo, en su homilía, el arzobispo Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, se sumó a la defensa de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad y a los ataques contra los organismos defensores de los derechos humanos. El influyente obispo Luis Bambarén le respondió públicamente asegurando que su postura no representaba a la Iglesia y que, por el contrario, lo que había dicho había molestado a muchos obispos. Cipriani fue obispo de la región andina de Ayacucho, el epicentro del conflicto interno, y desde ese puesto bendijo la guerra sucia de los militares, cuyas dimensiones no terminan de sorprender con la aparición de masivas fosas comunes como la de Putis y la revelación de una política de desapariciones que alcanzó cifras de horror.