Uno solo podría probar su inocencia en esta historia, y está muerto. Un juez citó para hoy a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, empezando por Mauricio Macri, para que informen sobre el fallecimiento de un bebé de cuatro meses, el 13 de agosto pasado, en el “centro de evacuados” donde sobreviven 440 familias que habían perdido todo cuando se quemó Villa Cartón, en febrero de 2007. La madre había tardado una hora en llegar al hospital, porque al “centro de evacuados”, junto al Riachuelo, no llega el transporte público. En diciembre del año pasado, el juez había ordenado al gobierno porteño que designara médicos “durante las 24 horas” en el lugar, pero la medida “no fue cumplida” por el Ejecutivo porteño, según una ONG a la que el juzgado encomendó el monitoreo del fallo. Ya en marzo del año pasado, médicos del Centro de Salud Nº 6 se habían negado a ir “por razones de seguridad”, pese a que otros profesionales se desempeñan habitualmente en el lugar. Los evacuados viven sin servicios públicos ni adecuada recolección de residuos; las viviendas definitivas debían haberse terminado hace casi un año, pero la construcción todavía continúa “a paso de hormiga”.

El bebé, llamado Javier, había sido encontrado “morado” por sus familiares, a las diez de la mañana de aquel día. La madre tardó una hora en llegar al Hospital Piñero, donde el nene murió antes de mediodía. Es que el Centro de Evacuados, en el Parque Roca, junto al Riachuelo, “está lejos de todo; no cuenta con transporte público”, señaló Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), encargada por el juez Roberto Gallardo –a cargo del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo– de monitorear el cumplimiento de sus decisiones en el lugar.

En febrero de 2007 se había incendiado la Villa Cartón, bajo la Autopista 7: sus habitantes, habiendo perdido absolutamente todo, fueron primero alojados en carpas municipales; un mes después, tras una tormenta que mató a una de las vecinas, el gobierno porteño los trasladó al “centro de evacuados”, cerca del Riachuelo. Ya en ese momento –durante el mandato de Jorge Telerman como jefe de Gobierno– el juez Gallardo había ordenado que se dispusiera la presencia de un médico clínico y un pediatra en el lugar durante las 24 horas, pero la medida no se cumplió.

Según Oscar Pérez –actual director de la Región Sanitaria Nº 2 de la Ciudad–, ello se debió “a que los profesionales que habían ido al lugar, pertenecientes al Centro de Salud Nº 6, denunciaron agresiones: fueron insultados, les desinflaron un neumático; se negaron a concurrir hasta que no hubiera seguridad, y la Policía Federal no cumplió en garantizarla”.

Bercovich acordó en que “el año pasado un médico manifestó haber recibido una agresión verbal y los profesionales dejaron de ir”, pero contó que “los habitantes del lugar nos protegen a los que vamos a trabajar ahí, incluso a personas de los ministerios de Desarrollo Social y de Educación porteños, que sí están concurriendo; además, hay una guardia permanente con tres agentes de la Policía Federal”.

En diciembre del año pasado, el juez Gallardo reiteró la intimación al gobierno de la ciudad –ya conducido por Mauricio Macri–, pero “la orden judicial nunca fue cumplida”, informa Bercovich. Por tal motivo se registraron presentaciones de la Asesoría Tutelar, de la Defensoría Oficial y de la Defensoría del Pueblo porteñas.

Luego de la muerte del bebé, el juez Gallardo citó a “audiencia de explicaciones”, con “carácter personal e indelegable”, a Mauricio Macri, Jorge Lemus –ministro de Salud porteño–, María Eugenia Vidal –ministra de Desarrollo Social–, Jorge Apelbaum –presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad– y Humberto Schiavoni –titular de la Corporación del Sur–. Estará presente la asesora general tutelar, Laura Musa. Según una fuente judicial, Gallardo podría disponer multas sobre los sueldos de los funcionarios o la “ejecución forzosa” de una salita de atención primaria, con fondos embargados al municipio y la eventual asesoría de la UBA.

Según la fuente judicial, el requerimiento de atención médica las 24 horas “se sustenta en que, al tratarse, ni siquiera de una villa de emergencia sino de un centro de evacuados, alejado de cualquier acceso, la responsabilidad del gobierno de la ciudad es total”.

El hecho es que “en el centro de evacuados se presentan muchos problemas de salud: las viviendas están hechas de paneles precarios, no hay gas, no hay agua caliente, los chicos juegan entre la basura –contó Bercovich–. El centro de evacuados se había planteado como respuesta transitoria. Sus habitantes tienen prioridad para las viviendas que se construyen en Castañares y General Paz, que debían estar finalizadas en septiembre de 2007; hoy no se sabe cuándo estarán terminadas, y la construcción avanza a paso de hormiga”.