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Más de veinte instituciones, entre las que se encuentran universidades nacionales de todo el país, presentaron ayer un documento que sostiene la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante un tribunal de Salta. Allí habían fallado a favor de una medida cautelar para suspender seis artículos de la nueva norma.

La presentación del dictamen jurídico para reforzar la constitucionalidad de la ley de medios fundamenta que “los Estados tienen la facultad de regular la actividad de radiodifusión y que la Constitución reconoce tales facultades al Congreso”. Además “recupera los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y la legitimidad de los límites legales a la concentración de la propiedad de los medios”.

Luego de la sanción de la ley en el Congreso la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor solicitó una medida cautelar para suspender la vigencia de algunos de sus artículos. El juez federal Miguel Medina le concedió el recurso a la organización. Las facultades de Ciencias Sociales de las universidades de Buenos Aires, La Plata y de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de sindicatos y organizaciones sociales, fundamentaron ante la Justicia el rechazo a la decisión del magistrado para que se garantice el cumplimiento de la ley.

El escrito fue presentando ante el juzgado bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal) que permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado de un litigio. También se intervendrán en causas similares donde se discuta la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.