Una vez más, los fundamentalistas católicos han reclamado a un juzgado nacional que anulara la resolución del juzgado porteño que autorizó el segundo matrimonio argentino entre varones. Por la demanda, iniciada por el abogado ultra Pedro Javier María Andereggen, la jueza Laura Julia Servetti de Mejías, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 8, indicó a la jueza porteña Elena Liberatori que en 24 horas le remitiera el expediente del casamiento entre Damián Bernath y Jorge Salazar. Pero el pedido no corrió la mejor suerte. Liberatori, que a última hora del viernes recibió por tercera vez el oficio de Servetti, respondió ayer devolviéndolo sin más. En tanto, el juez del fuero nacional civil Félix de Igarzábal, que había pretendido anular el matrimonio a pedido del abogado Ernesto Lamuedra, aún no ha decidido si se inhibe, como se lo han solicitado Liberatori y el gobierno de la ciudad, o pide a la Corte Suprema su intervención.

La historia se inició a comienzos de marzo. Luego de que trascendiera la resolución de Liberatori en favor del matrimonio, la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia (Pro Familia, que en realidad es una fachada del Movimiento Familiar Cristiano) se presentó, con el patrocinio del abogado Pedro Andereggen (que había pedido en 2004 la clausura de la muestra de León Ferrari en el CC Recoleta, y en 2009 obstaculizó durante algunas semanas el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello) ante el juzgado de Servetti de Mejías. Andereggen pedía, en nombre de Pro Familia, una medida cautelar para suspender el casamiento. El 1º de marzo, Servetti envió a una asistente (la abogada Patricia Martín) al despacho de Liberatori, para ver la causa. Ni ese día ni el siguiente lo logró, porque el expediente se encontraba reservado.

El 3 finalmente se realizó la boda, con lo que Pro Familia y Andereggen ampliaron su pedido: al igual que en la causa iniciada por Lamuedra ante el juzgado de Igarzábal solicitaban la anulación del matrimonio. Sin embargo, del despacho de Liberatori, que se inscribe en el fuero contencioso administrativo porteño, no salió ninguna actuación que reconociera como pertinente el pedido. Fuentes cercanas al juzgado confirmaron a este diario que tampoco está en los planes de la magistrada hacerlo, por considerar que el fuero nacional civil no es competente y, por tanto, la demanda resulta inconducente. Idéntica argumentación precedió al pedido de inhibitoria que Liberatori realizó a Igarzábal la semana pasada. Sin embargo, el titular del Juzgado Civil Nacional Nº 85 hasta ahora no ha dado respuesta alguna. Tampoco, como sí suele suceder con otros embates judiciales (sin ir más lejos, los de Andereggen), han elaborado respuestas al revés las organizaciones ultra tan activamente opuestas a ampliar el matrimonio civil y los derechos de las mujeres.