Después de la trágica experiencia argentina de la desaparición de personas y del robo de niños, tendríamos ya, sus ciudadanos, que preguntarnos por qué nos pasó todo eso. Creo que en algunos sectores se siguen viendo las cosas, la vida diaria, la historia, con los ojos de siempre. Por ejemplo, la huelga de conventillos de 1907 se volvió a repetir en este 2008, y hemos seguido con sorpresa cargada de desazón, impotencia y dolorosa ira cómo algunos jueces y la policía de siempre actúan de la misma forma con un hecho similar ocurrido un siglo después. Aquí cabe el razonamiento obligado: no hemos aprendido nada. Miremos, comparemos, estudiemos, sin alejarnos de la verdad histórica. Año 1907, los dueños de los conventillos del barrio Sur deciden aumentar los alquileres. Los trabajadores que habitan esas verdaderas cuevas de ladrillo se niegan a pagar los aumentos que consideran exorbitantes para esas villas miseria de aquellos tiempos. Familias con seis hijos viven en cuartos de tres por cuatro. Un excusado para 120 inquilinos. Con un cartel: “Prohibido, de 5 a 9 de la mañana, a las mujeres y los niños hacer uso del excusado”. Porque, claro, en ese horario formaban colas los hombres que salían a trabajar. De pronto, suba exagerada de los alquileres de esas pocilgas. Los inquilinos dicen ¡basta! y se niegan a pagar los aumentos. Y van a resistir todos los ataques de la policía que trata de desalojarlos por orden del juez. Comanda a los uniformados nada menos que el jefe de Policía, el coronel Ramón Falcón, el mejor oficial del general Julio Argentino Roca en la matanza de pueblos originarios de la denominada Campaña del Desierto. Pero la presencia del temido militar no causa miedo en los inquilinos de los conventillos. Protagonistas de esa ocupación van a ser las mujeres, ya que los hombres salen a trabajar. Resisten, resisten, resisten con una entereza digna de un aplauso histórico. El coronel Falcón utiliza el agua fría, el sablazo, los palos, el golpe de furca para reprimir. Las mujeres y los niños gritan de dolor pero no ceden. Utilizan para defenderse escobas, piedras, maderas y calderos llenos de agua hirviendo. La FORA de los anarquistas pone a la Sociedad de Resistencia de los Conductores de Carros a disposición de los inquilinos desalojados con sus trastos para que acampen en las plazas. Las crónicas de la época cuentan cómo se atropellaron los mínimos derechos de los trabajadores y sus familias. A muchos de ellos, españoles e italianos, se les aplicó la Ley de Residencia, de Roca, la 4144, y se los expulsó del país; para otros, la cárcel. Triunfó el coronel Falcón.

Año 2008. Los conventillos de San Telmo y Constitución se llaman ahora “hoteles”. Sí, la imaginación argentina no tiene límites.

Un solo baño para quince personas. Y dos fogones en total, para cocinar. De pronto, en el “hotel” llamado nada menos que “Carlos V”, de San Juan y Bernardo de Irigoyen, los dueños exigen un aumento de los alquileres de 400 a 1200 pesos. Ni más ni menos. Los inquilinos se reúnen en asamblea y se resuelve no pagar el aumento. Llegan los patrones y exigen el abandono de las habitaciones. Hay gritos, insultos y empujones. Los dueños se van del “hotel”, pero cierran las rejas de entrada con un candado de manera que nadie pueda retirarse. Tema para una pieza teatral de Florencio Sánchez. Los dueños harán una denuncia ante la policía de que fueron golpeados. Llega entonces el momento culminante. Como en los tiempos del coronel Falcón, cae de inmediato la policía con efectivos de la comisaría 16ª, ayudada por el llamado Grupo Especial, GEO, y el Grupo de Combate de la Guardia de Infantería de la División de Asuntos Extranjeros. Entran a las 5 de la mañana del 5 de agosto armados hasta los dientes y detienen en forma violenta a los inquilinos. A la policía la acompañan los dueños que hicieron la denuncia. Marcan de inmediato a inquilinos que, dicen, los hicieron objeto de violencia. La policía detiene con brutalidad a los marcados, entre ellos a una mujer que sufre epilepsia, a otra con cáncer, a tres menores de edad –de 1, 7 y 9 años– y a dos personas insulino-dependientes. Del total, quedarán presas 23 personas, a las cuales se les inicia juicio. Los niños fueron retenidos durante ocho horas en la comisaría. A los detenidos –8 mujeres y 15 hombres– el juez de primera instancia De Campo, Juzgado Nº 5, les aplica prisión preventiva y los acusa de delitos que los podrían llevar a doce años de prisión. Se les toma declaración a los dueños del hotel y se aceptan todas las acusaciones de éstos, entre ellas agresiones. Algo que en ningún momento pudo comprobar ni la policía ni el juez. Los detenidos son llevados a las cárceles de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz “en las peores condiciones de hacinamiento”, de acuerdo con la denuncia pública que realizó las asamblea de vecinos de San Telmo. Esa misma asamblea ha denunciado que se trata en el fondo de un negociado de “mafias inmobiliarias y de la construcción que están desalojando a centenares de familias de edificios de los barrios de Montserrat, San Telmo y Constitución”. En otro comunicado, dicha asamblea hace una nueva y grave acusación: “Resulta vergonzoso, pero no extraño, constatar que la comisaría 16ª, seriamente cuestionada por su connivencia con la red de prostitución que opera en el barrio de Constitución, haya procedido sin ningún criterio de humanidad ni respeto por la dignidad de las personas detenidas pasando por alto situaciones de extrema gravedad (como la de los detenidos enfermos), al tiempo que efectuó graves violaciones a los derechos humanos y a los Derechos del Niño”.

En el recurso de apelación contra el procesamiento que inició el juez De Campo, los abogados defensores de los imputados sostienen que el juez se basó exclusivamente en los dichos de los propietarios del hotel y en los de una empleada de ellos. Es increíble el racismo que destila la resolución del juez, que sostiene, textual: “Corresponde valorar también que se trata de personas extranjeras (los detenidos) sin situación migratoria conocida e indocumentados”. En su escrito, los abogados defensores de los presos señalan: “En definitiva, todos los ‘extranjeros sin situación migratoria conocida e indocumentados’ del juzgado tienen su situación regularizada o en proceso de serlo”. Y agregan “seamos sinceros: el problema no es que sean europeos indocumentados, sino latinoamericanos limítrofes, sobre estos últimos recaen todas las demonizaciones y desgracias”. La ironía, penetra. Y deja todo al desnudo.

Por último, la conclusión de los abogados defensores es tajante: “Estamos ante una escalada judicial en contra de inquilinos que reclamaban sus derechos vulnerados. La causa es ni más ni menos que eso: un avasallamiento de derechos de gente débil e indefensa por parte de comerciantes inescrupulosos en fraude a la ley, con apoyo de las estructuras administrativas y policiales”.

Esta apelación tuvo éxito. El jueves fue modificada por la Cámara la resolución del juez De Campo. Veintidós de los presos salieron en libertad. Uno de ellos, el peruano Rosalino Pascual León Fernández, sigue detenido por un pedido de extradición del gobierno peruano. Rosalino pasó doce años de prisión en el Perú por ser militante político de izquierda que luchó contra los regímenes de Montesinos y Fujimori, pero ingresó a la Argentina en forma legal, con su propio documento de identidad y sin restricción alguna de su salida del Perú. El dictamen el juez De Campo que llevó a la prisión a tanta gente humilde quedará en la historia como veredicto cargado de un posesionamiento de ideologías basado en el poder. Y aquí se asoma de nuevo la figura del coronel Falcón. El juez De Campo da cursos –según sus propias declaraciones escritas– en la escuela de cadetes de policía Ramón Falcón. Sí, el mismo de la represión de la huelga de conventillos de 1907 y feroz represor de la manifestación obrera del 1º de mayo de 1909.

¿Aprendemos de las enseñanzas de nuestra historia los argentinos?

Los 23 detenidos por cuarenta días del “hotel-conventillo” no es el único caso de presos políticos. Una vez más debemos llamar la atención aquí por los seis campesinos paraguayos presos políticos en la cárcel de Marcos Paz que se hallan actualmente en huelga de hambre ya por más de cuarenta días. El informe del médico que los visitó ayer señala que el estado en que se encuentran es muy preocupante. Es un deber de la Justicia, de los representantes políticos, de los organismos de derechos humanos, de toda la población, encontrar una solución para devolver la libertad a quienes ya pasaron más de dos años presos, por pedido del anterior gobierno paraguayo de Frutos Duarte, nada democrático, por cierto. Sabemos que ahora el problema está siendo estudiado en el Ministerio del Interior.

También nos preocupa la suerte de los presos de Las Heras, en Santa Cruz. Ya hace más de dos años que están en prisión. Darío Cuatrihuala, Hugo González y José Rosales, en Pico Truncado. Alexis Pérez, Ramón Cortez y Juan Pablo Bilbao, en Puerto Deseado. Todos tienen hijos pequeños. Fueron acusados de la muerte del suboficial Sayago. Nunca se demostró la culpabilidad de ninguno de ellos. La democracia aquí tendría que habilitar otros medios cuando existen dudas, por ejemplo convocar a una comisión investigadora integrada por miembros de la Justicia, políticos y representantes de organizaciones de derechos humanos. La detención por sospecha trae consigo una posible injusticia que la historia no perdona. El caso Sacco y Vanzetti nos tiene que servir de medida para saber en cuánta injusticia una sociedad puede caer. Es hora de que este caso de Las Heras se discuta abiertamente.

Por último, otro caso: el de los trabajadores del puerto porteño Francisco Montiel y Bernabé Naranjo. Acusados de un delito que sus compañeros de trabajo señalan que ha sido pergeñado por mentes interesadas en anularlos en su lucha gremial.

Casos en que la democracia debe resolver lo más pronto posible a través, como decimos, de mentes neutrales y resueltas a crear una verdadera sociedad que no origine lagunas de injusticia.