Desde Santa Cruz

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, tiene 14 compañeros presos también acusados de participar en la masacre de Porvenir. En los últimos días se sumaron dos consejeros departamentales y el chofer de su esposa. Serían más si el gobierno de Brasil aceptara extraditar a algunos de los mil cívicos y empleados de la Prefectura que huyeron de “la dictadura” del presidente Evo Morales. Ayer, la líder del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, anunció que el país vecino le dio asilo político porque está “perseguida”. Pero el gobierno boliviano sostuvo que no recibió notificación de Brasil sobre este tema. En cambio tuvo noticias de Estados Unidos, cuyo gobierno propuso declarar a Bolivia “no socio” en la lucha contra las drogas. Así, las preferencias arancelarias otorgadas al país del Sur para ingresar mercaderías al país del Norte se suspenderían hasta que Morales deje de resistirse al american way.

“Propongo suspender la designación de Bolivia como un país beneficiario de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea)”, dijo el presidente de EE.UU., George Bush, aconsejado por empresarios. Económicamente sería perjudicada Bolivia, que en 2007 exportó a EE.UU. por 362 millones de dólares e importó por 278 millones, según informaron desde Wa-shington. Mayormente, Bolivia le vende joyas, petróleo y estaño. Desde el Palacio Quemado dijeron que la decisión norteamericana pone en riesgo el trabajo de 100 mil personas.

“Los recientes actos del gobierno de Morales en relación con la cooperación en la lucha antinarcóticos no son propios de un socio y no son consistentes con las reglas de estos programas”, dijo ayer la representante comercial de EE.UU., Susan Schwab, en un comunicado. Se refería al cierre de las oficinas de la Agencia de Desarrollo Internacional de ese país (Usaid) que funcionaban en el Trópico de Cochabamba. Y a la expulsión del ex embajador, Philip Goldberg, acusado por Morales de adiestrar a los prefectos opositores para que ejecuten “un golpe cívico-prefectural” contra el gobierno nacional.

Schwab sugirió que la solución estaba en las rodillas de Morales: “Lamentamos que la propuesta suspensión impulsada por las acciones del gobierno de Bolivia puedan afectar a los bolivianos que trabajan duramente. Una vez impuesta, la suspensión podría levantarse tan pronto como el gobierno boliviano mejore su desempeño”.

Morales acusa a EE.UU. de haber tramado la “sedición” autonómica en los departamentos de la Media Luna (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz), que entre el 9 y el 14 de septiembre dejó cerca de 20 muertos y 30 desaparecidos; un prefecto preso, Fernández, acusado de terrorismo, y destrozos en edificios públicos por alrededor de 10 millones de dólares, aunque todavía no se contabilizaron todos los daños.

Mientras las organizaciones sociales exigen juicio y castigo para los prefectos y cívicos de la Media Luna, el gobierno avanza en detenciones a funcionarios de la prefectura y acólitos de Fernández. Esta semana fueron detenidos Aldo Cuéllar, chofer de la esposa del prefecto; Wilson Achipa, dirigente vecinal autonómico; y los consejeros departamentales Agapito Vira y Williams Misuko. Entre los confinados por la masacre están el director de Desarrollo Productivo, el director de Desarrollo Forestal, el director de la Unidad de Tierras, el secretario de Asuntos Campesinos y el Responsable de Personal, todos funcionarios de la Prefectura.

Desde la clandestinidad, la presidenta cívica de Pando aseguró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) le permitió quedarse en Brasil para que no la atrapara el gobierno del MAS. “No hay nada oficial. La semana pasada tuve un contacto directo con las autoridades brasileñas y no había ninguna calidad de refugiado político de nadie”, dijo José Luis Méndez, cónsul de Bolivia en Brasilia, ciudad distante a 15 minutos en moto de la capital pandina, Cobija.

“No le dieron asilo. Sigue oculta junto a varios diputados en Brasilia. Vengo de allá hace media hora y por las calles se pasean, felices de la vida. Pero si lo ven a uno se esconden como delincuentes”, dijo a PáginaI12 Manuel Lima, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando (Fsutcp), cuyos integrantes fueron masacrados porque así lo habría pedido Fernández.

Según Lima, 19 campesinos murieron cuando 300 paramilitares al servicio de la Prefectura acribillaron una marcha de mil campesinos.