Desde Rosario

Normativas de acceso y gestión comunes de los archivos. Políticas públicas activas de búsqueda de documentación relacionada con la represión clandestina. Elaboración de inventarios de los fondos documentales existentes en el país y creación de un portal o sitio web que los centralice, de modo de facilitar el trabajo de la Justicia y los investigadores. Estas fueron algunas de las preocupaciones comunes entre quienes participaron ayer, en Rosario, de la jornada final del II Encuentro “Archivos y derechos humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones”, que organizaron Memoria Abierta y el Museo de la Memoria local.

El encuentro contó con la participación de investigadores y archivistas de todo el país y también de Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, pertenecientes a archivos tanto del Estado como de la sociedad civil. “Hay mucho por avanzar a nivel del Mercosur, para que tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad civil mejoren la comunicación entre sus archivos. Así como durante las dictaduras del Cono Sur existía una coordinación para secuestrar, asesinar y desaparecer a los enemigos políticos, también existía una coordinación entre las organizaciones de derechos humanos para avanzar en investigaciones y en la exigencia de justicia. Hoy no hemos podido producir una integración a nivel de información que rinda frutos en la región. No es sólo un tema de justicia y derechos humanos sino de políticas culturales y de protección del patrimonio histórico y cultural”, explicó Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta.

Parte del debate giró en torno de la especificidad que caracteriza a los denominados “archivos de la memoria” y sus diferencias respecto de los archivos históricos, que son aquellos que tienen por finalidad reunir, conservar y difundir los documentos de valor permanente para la historia de la sociedad y para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Uno de los diagnósticos es la ausencia de una normativa que permita aplicar criterios comunes de acceso a fondos documentales similares. Ante distintos archivos de organismos que actuaron en la represión en todo el país, existen distintos criterios de gestión y de acceso que generan incertidumbre y la mayor parte de las veces derivan en la imposibilidad de satisfacer las consultas. Otra demanda fue la necesidad de realizar un censo de archivos entre las Fuerzas Armadas y de seguridad, incluidas las policías provinciales, que permita al Estado y a la sociedad conocer qué documentos poseen y dónde se encuentran, objetivo que apunta mucho más allá del período dictatorial. Varios representantes del interior enfatizaron sus dificultades para lograr acceder a los archivos en manos de las fuerzas de seguridad. “En Mendoza, fiscales y jueces no buscan pruebas y se las reclaman a los querellantes, que a su vez nos encontramos con negativas constantes de la burocracia provincial. Necesitamos que desde el poder central intervengan para posibilitar el acceso a los documentos”, fue uno de los planteos.

“Uno de los problemas es la ausencia de una política de preservación y acceso al patrimonio documental en general. Carecemos, tanto en el Estado como en la sociedad, de una conciencia sobre la importancia de los archivos, ya sea con vistas a la investigación o a la producción de políticas de la memoria como con vistas a defender los derechos ciudadanos más elementales. Recién ahora se percibe una mínima conciencia sobre la importancia de los archivos”, reflexionó Graciela Karababikian, responsable del área Patrimonio Documental de Memoria Abierta. Los participantes se comprometieron a profundizar el debate y buscar pautas de acción comunes para optimizar las condiciones de acceso a los documentos.