La Administración de Tierras del gobierno de Israel acaba de licitar la construcción de 164 nuevas casas en tres asentamientos ilegales ubicados en el territorio palestino ocupado de la Ribera Occidental. El llamado a licitación anterior se hizo público el 4 de septiembre pasado y es el más grande desde que Ehud Olmert asumió su cargo de primer ministro en mayo: el número previsto de viviendas asciende a 690 en otros dos asentamientos ilegales. El movimiento israelí “Paz ahora” criticó la decisión: Mossi Raz, uno de sus dirigentes, señaló que “hiere los intereses del Estado de Israel. Es una medida provocativa que va contra la mayoría de la opinión pública israelí” (Ha’aretz, 21-9-06). El gobierno de Israel no cree que deba cumplir las decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de su Asamblea General instándolo a retirarse de los territorios palestinos que ocupa desde hace 39 años.

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Cinco palestinos fueron muertos en Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el martes 19, tres al norte de la Faja. Un portavoz de las FDI declaró que estaban involucrados en el lanzamiento de cohetes Qassan al sur de Israel. Residentes locales y testigos indicaron que los tres adolescentes eran pastores y que algunas de sus cabras resultaron heridas (Ha’aretz, 21-9-06).

El miércoles 18, al alba, efectivos israelíes allanaron 24 casas de cambio y bancos palestinos en la Faja de Gaza. Incautaron el equivalente de 1.390.000 dólares en shekels y dinares jordanos, así como computadoras, documentos y archivos. El operativo estaba destinado a desarticular “la estructura financiera palestina que financia el terrorismo (sic)”, explicó una portavoz de las FDI. El gobierno de Israel califica de terrorista al movimiento Hamas que ganó las elecciones en enero pasado. Desde entonces, bloquea los ingresos aduaneros que le corresponden a la Autoridad Palestina. La Unión Europea y EE.UU. han congelado toda ayuda directa al gobierno palestino (AFP, 20-9-06). Pareciera que en los territorios palestinos las elecciones democráticas no son democráticas.

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Se dijo que los cohetes que Hezbollah lanzó ininterrumpidamente sobre el norte de Israel durante la llamada Guerra de Julio habían provocado el desplazamiento de un millón de israelíes que dejaron el norte del país. Una encuesta del Centro Taub de Investigación Política y Social en Israel contradice esa percepción: alrededor del 86 por ciento se quedó en sus casas. Por otra parte, un 88 por ciento demandó más presupuesto para fines sociales y el 76 por ciento se opuso a su recorte para financiar gastos militares (Ha’aretz, 21-9-06).

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La fuerza aérea de las FDI llevó a cabo más de 7000 bombardeos y su marina unos 2500 durante la guerra de 34 días contra Hezbollah/Líbano, un promedio de casi 280 diarios. Hezbollah arrojó alrededor de 4000 Katiushas contra Israel, casi 120 por día en promedio. Una primera evaluación de la Comisión Europea determinó que las FDI dañaron o destruyeron en el sur del Líbano 1489 edificios, 21 de los 29 puentes sobre el río Litani, 535 tramos de caminos y de seis autopistas estratégicas y 545 campos de cultivo, además de causar la muerte de casi 1200 civiles y el desplazamiento de una cuarta parte de la población libanesa (www.brus

selstribunal.org, 31-8-06). Para Amnistía Internacional, Israel practicó “una política de destrucción deliberada de la infraestructura civil libanesa” (web.amnesty.org, 23-8-06). El castigo colectivo, que le dicen.

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Meron Benvenisti, ex vicealcalde de Jerusalén, analiza en un artículo que publicó el diario Ha’aretz de Tel Aviv (21-9-06) el proceso iniciado contra tres miembros de Hezbollah y la prolongación de la detención de 21 ministros y legisladores de Hamas elegidos en las urnas que un tribunal militar acusa de pertenencia a una organización terrorista. “La base ideológica de estas medidas legales es la definición de los sospechosos como terroristas. Dicho de otra manera, criminales. Quienes los apoyan (en Israel) son calificados de traidores. Israel ha asumido por su cuenta la tarea de definir qué es una violencia legítima, reclama el monopolio del uso de la fuerza y exige que los demás acepten sus definiciones unilaterales. Si no lo hacen, serán acusados de elementos hostiles o de cosas peores. Toda resistencia práctica contra Israel, sea violenta o sea política, es un acto que persigue fines ilegítimos. En consecuencia, la definición de un ‘acto terrorista’ no se limita a la muerte de inocentes; incluye cualquier uso ‘ilegítimo’ de la fuerza. Esta definición abarca ‘la incitación’ y ‘la ayuda al enemigo’. Desde esta perspectiva dominante, se podría decir que una persona es sionista o es terrorista.” Qué situación.