La causa por el espionaje ilegal de la Armada en la Base Almirante Zar de Trelew cobrará velocidad en las próximas semanas. El juez federal Hugo Sastre llamó a indagatoria a los marinos que todavía no habían declarado, entre los que se encuentra el ex jefe de la base, Félix Medici, el capitán de Navío Alberto Janiot y el capitán de Navío Gustavo Ottogalli, actual subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada. Según fuentes judiciales, sus firmas aparecen entre los documentos de espionaje secuestrados de las bases navales. Tras el desfile de uniformados, que ocupará la primera quincena de octubre, el juez Sastre estaría en condiciones de procesar a los imputados por el espionaje a políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos.

Sastre dispuso el pedido de indagatoria luego de que concluyó una pericia informática sobre la totalidad de los archivos de inteligencia secuestrados de las bases navales. Además de a los altos mandos de la zona, citó a declarar al capitán de Corbeta Eduardo Merlo; al capitán de Navío Carlos Vázquez, y los suboficiales Cristian Vidal y Alfredo Luis Andrade, que formaba parte del equipo de inteligencia de Almirante Zar.

El escándalo del espionaje de la Armada se desató con la denuncia del cabo Carlos Alegre al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Alegre pertenecía al equipo de inteligencia de la base, pero se negó a hacer tareas de espionaje ilegal. A raíz de esta decisión, sufrió castigos que llegaron al punto de negarle incorporar a su familia a la obra social e impedirle hacer deportes durante un año. “Vos sos muy joven. Esto se hizo siempre”, le soltaron sus superiores ante su oposición al espionaje.

Su denuncia produjo el pase a disponibilidad del director de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Rossi, y el contraalmirante Eduardo Avilés, el ex número tres de la Armada. Ambos declararon como imputados. El primer juez de la causa, Jorge Pfleger, ordenó allanamientos a las bases de Almirante Zar y de Puerto Belgrano, de donde se secuestraron carpetas sobre la ministra de Defensa, Nilda Garré, y seguimientos a los actos que recuerdan la masacre de Trelew.

Luego de que Pfleger dejase la causa para asumir en el Supremo Tribunal de Chubut, el conjuez Luis López Salaberry llamó a indagatoria a los 14 marinos imputados, pero sólo alcanzó a indagar a siete. La causa se estancó tras una presentación judicial de la Armada, que se hizo por orden del actual jefe, almirante Jorge Godoy. Allí se deslizó una acusación hacia Pfleger, en sintonía con la estrategia de los imputados, que presentaron planteos de inconstitucionalidad y violación de secretos militares. En la denuncia de la Armada aseguraron que durante el allanamiento que se hizo a la base Almirante Zar se extraviaron dos equipos que encriptan mensajes secretos.

El 27 de julio, al asumir como juez federal, Sastre ordenó una pericia informática para aclarar los planteos sobre el material secuestrado. La pericia –que duró una semana entera– culminó con un único incidente por una computadora que no aparecía en las actas del secuestro. El juez dispuso devolverla, pero los marinos se negaron a recibirla. El juez también libró un oficio al Ministerio de Defensa para conocer los cargos y las fechas en que los marinos cumplieron funciones en la base. “A partir de allí, el juez ya estaría en condiciones de resolver la situación procesal”, explican fuentes de la causa.

En tanto, el fiscal Fernando Gelves continúa investigando en una causa paralela las amenazas que denunció el cabo Alegre. “En las reuniones con (el segundo de la Armada, vicealmirante Benito) Rótolo y el comandante de la Fuerza Aeronaval 3, (Miguel) Fajre, me dijeron que por mi culpa la Marina se está hundiendo”, explicó Alegre, y aseguró que un ayudante de Fajre, el suboficial Espinosa, lo fue a ver a su casa. “‘Me tenés los huevos llenos, no me voy a asustar por un simple cabuchín’, me gritó”, relató Alegre en un reportaje de Página/12. La Armada siempre mantuvo silencio sobre estos hechos.