¿De qué depende el futuro de Botnia? Para los voceros de la empresa, de nada: es una pregunta que no tiene sentido. “La planta de Fray Bentos ya está construida en un 55 por ciento y relocalizarla es imposible”, dijeron ante la consulta de Página/12. Pero del lado argentino, la respuesta es muy otra. En estos días el Banco Mundial debe decidir si otorga a la compañía finlandesa los préstamos que ha solicitado, y un rechazo del organismo de crédito internacional puede contagiarse a toda la cadena de bancos, en un efecto dominó. Las expectativas están puestas ahí, al menos en el corto plazo. En las siguientes líneas, un panorama de la situación y sus posibilidades.

Datos básicos

Para la construcción de la planta de Fray Bentos Botnia necesita 1200 millones de dólares. De ese total, según los voceros de la empresa consultados por Página/12, “un poco más de la mitad” será cubierto con fondos propios. Lo que está en disputa es el otorgamiento del 40 a 45 por ciento restante de la financiación.

¿Cómo está integrado ese paquete? Botnia pidió 470 millones de dólares al Banco Mundial. Había solicitado, además, 480 millones de dolares al ING Group (holandés), que ya se los negó por el conflicto entre Uruguay y Argentina.

“Los bancos que hoy tienen además pedidos de Botnia son cuatro: Calyon (Francia), Nordea (Suecia), el Banco Nórdico de Inversiones (Escandinavo) y Finnvera, la agencia del Estado finlandés de créditos a la exportación”, completa Daniel Taillant, director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), que impulsa las demandas contra los bancos.

Acciones

¿Se puede hablar de una estrategia de ahogo financiero contra Botnia? Las acciones que buscan dejar sin fondos a Botnia se apoyan en dos tipos de denuncias: las realizadas ante los bancos, basadas en principios de responsabilidad empresaria, y la demanda ante la Corte de La Haya. El proceso, más que una estrategia planificada paso a paso, es una suma de medidas, impulsadas por actores que mantienen entre sí diferencias y tensiones internas. En el juicio ante La Haya el querellante es el Estado nacional; el caso resultó importante desde el punto de vista financiero porque el Tribunal pidió que no se tomen medidas que agraven la situación o favorezcan a alguna de las partes, y esto tiene su peso en el mundo de los bancos. La Haya advirtió también que podría ordenar desmantelar las plantas de celulosa, una amenaza que aumenta el riesgo empresario.

Los vecinos de Gualeguaychú, con cuarenta mil firmas, patrocinados por el Cedha y junto a la gobernación de Entre Ríos hicieron la denuncia ante la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial). Contra los bancos particulares, como Caylon, o la agencia estatal Finnvera está litigando el Cedha. En algunos casos se han sumado a su vez grupos ambientalistas europeos.

Licencia social

Es curioso que el argumento central ante los bancos para impugnar los créditos no sea la violación de una ley, ni el respeto a normas consagradas por los Estados, sino la aplicación del concepto de “licencia social”, idea que transmite, simplemente, el grado de aceptación (en este caso, de rechazo) que la comunidad cercana a una fábrica tiene de ella.

“La licencia social es el concepto de `te quiero como vecino`”, define Luis Ulla, especialista en responsabilidad social empresaria. “La comunidad mide los impactos positivos y negativos de una industria y saca su conclusión: te aceptamos porque aportás más valor de lo que destruís. No tiene que ver con indicadores técnicos, sino con la percepción de la gente.”

La licencia social no tiene ningún peso legal. “Todavía no existen leyes, yo diría en ningún país del mundo”, sostiene Ulla, que obliguen a las empresas a conseguir el acuerdo de los pobladores antes de instalarse en una zona. Su fuerza depende directamente de la movilización de los afectados, lo que quiere decir: de la protesta social. Las fórmulas son tan variadas como los casos. En Esquel, la ciudad que le hizo frente a la instalación de una mina y consiguió el llamado de un plebiscito; en Valdivia (Chile) los pescadores de la caleta de Mehuín impiden en estos días que la pastera Celco construya un ducto para tirar sus desechos industriales al mar bloqueando el trabajo de los técnicos con sus botes de pesca. En Gualeguaychú hubo cortes de ruta todo el verano.

Hace un mes, en Finlandia se hizo una audiencia legal para que la Argentina (el Cedha y un integrante de la asamblea ambiental de Gualeguaychú) argumentaran su oposición a que la agencia Finnvera diera créditos a Botnia. Los argentinos llevaron fotos de las movilizaciones masivas de Gualeguaychú para legitimar su reclamo ante los bancos. La falta de licencia social fue el principal argumento frente al gobierno finlandés. También lo es ante el Banco Mundial.

Marchas

El BM está en la última etapa de la toma de decisiones. Esta semana tendría terminado el estudio de impacto ambiental; en base a él la Corporación Financiera Internacional dirá si aconseja o desaconseja el financiamiento. Luego le tocará al directorio votar si otorga o deniega los fondos.

Para Raúl Estrada Oyuela, negociador de la Cancillería argentina en el conflicto, que Ence haya desistido de su proyecto “cuando el Banco Mundial está todavía decidiendo” es una buena señal. “Que la empresa reconozca que iba a ser perjudicial es un punto a favor de la Argentina.”

También para Daniel Taillant: “Los argumentos más obvios de Ence son tres, la continuidad del conflicto entre Uruguay y Argentina en La Haya, la falta de licencia social y el reconocimiento de la propia Ence de que es ‘una locura poner dos plantas de celulosa del tamaño de estas en el mismo sitio’, algo que todos veníamos diciendo desde el primer día pero que ninguno de los propulsores del proyecto quiso admitir. Pero posiblemente haya una cuarta razón, que la CFI ya habría anunciado a las empresas que no darán los créditos, porque los estudios dan mal, o por el riesgo que implica el conflicto abierto en La Haya, o porque sus asesores lo desaconsejan. ¿Por qué Ence decide irse antes de recibir el informe inminente de la CFI? Algo sabe”.

Los voceros de Botnia relativizan la importancia de los créditos del BM. “El préstamo pedido al CFI es de tan sólo el 8 por ciento de los 1200 millones de dólares de inversión”, dijo a Página/12 un portavoz de la compañía. “Más que nada, se pidió por un tema de abaratar las tasas de interés. Si el BM te presta, no sólo lo hace a menor costo, sino que los demás bancos te restan uno o dos puntos de tasa. Pero no es imprescindible. Además, ya tenemos cerca del 55 por ciento de la construcción realizada. Por eso la idea de relocalizar es imposible.”

Ahora, los vecinos de Gualeguaychú están haciendo una “marcha digital”, enviando mails a las cien personas más influyentes en el financiamiento. La caravana de esta tarde al puente San Martín tendrá también el objetivo de llamar la atención sobre el tema. Como sea, los créditos están frenados desde mediados del año pasado y la decisión final podría llegar a estirarse hasta diciembre. Nadie esperaba, cuando se presentó la primera queja, que el proceso llegaría a congelar los fondos durante tanto tiempo.