La red de empresas que conseguía los pasaportes truchos, que incluían gestorías, escribanías y estudios jurídicos que ya están siendo investigados por el juez Néstor Oyarbide, ofrecía una tramitación rápida de pasaportes y ciudadanías europeas, sin densos trámites consulares pero con un costo mucho mayor que el que suelen pagar aquellas personas que realizan el trámite directamente en los consulados.

Conseguir el pasaporte en tan sólo 30 días y evitar largas colas en los consulados es lo que proponen las gestorías ahora investigadas. Esos servicios se realizaban a cambio de sumas importantes que podrían alcanzar los 20 mil euros, según el caso. De esta manera, seducían a los consumidores a evitar el trámite legal, que puede tardar entre cuatro meses y un año y medio, y que en rigor tiene un costo muchísimo menor, ya que sólo recaen en los gastos de traducción de las actas argentinas, que no pasan los cien euros.

Según la ley número 91 del 5 de febrero de 1992, se considera ciudadano de Italia a todo aquel individuo hijo de progenitores ciudadanos italianos, sin límite de generación por vía masculina. Esta búsqueda de antepasados y de documentación y recolección de datos está a cargo de los propios interesados, quienes por lo general terminan recurriendo a gestores, aun a riesgo de ser estafados con papeles y sellados que parecen reales pero que finalmente carecen de validez.