La llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, destinada a reemplazar a la de Radiodifusión que rige desde la última dictadura, ya genera preocupación en el ambiente de los negocios televisivos del fútbol. El capítulo VII del proyecto que presentó la presidenta Cristina Kirchner el miércoles pasado en La Plata se extiende en cuatro artículos destinados a derechos sobre transmisiones de TV bajo el extenso título “Del derecho al acceso a los contenidos informativos de interés relevante, de acontecimientos futbolísticos y de otro género”. Marcelo Bombau, el presidente de Torneos y Competencias (TyC), le dijo a Página/12 que la norma “va a perjudicar a la AFA y a los clubes” e incluso agregó que “el fútbol se expone a sanciones de la FIFA si el Estado se entromete en atribuciones de una asociación afiliada”. Por su parte, Carlos Avila, el ex zar del fútbol televisado, sostuvo que “el proyecto es inviable y si se televisaran en directo los partidos por canales abiertos los clubes podrían quebrar”. Hoy sólo se emite uno los viernes a la noche por Canal 7.

El proyecto señala en su artículo 65 que “la presente ley tiene por objeto crear las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso universal –a través de los medios de comunicación social audiovisuales o sonoros– a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”. Este aspecto conceptual está vinculado con otro mencionado en las primeras líneas del artículo 68, donde se afirma que “la cesión de derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información”.

Pero es en otra parte del mismo artículo donde se precisa de qué modo se harán de las imágenes de determinados partidos los medios que no hayan firmado antes contratos televisivos de exclusividad: “Para hacer efectivos tales derechos, los titulares de emisoras de radio o televisión dispondrán de libre acceso a los recintos cerrados donde vayan a producirse los mismos”. En el párrafo siguiente se establece que “el ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos libremente elegidos en programas informativos, no estarán sujetos a contraprestación económica cuando se emitan por televisión, y tengan una duración máxima de tres (3) minutos por cada acontecimiento o, en su caso, competición deportiva, y no podrán transmitirse en directo”.

Este es uno de los tramos de la ley que cuestiona Bombau, que además de conducir la sociedad de TyC es abogado y ya analizó los artículos que afectan específicamente los derechos televisivos del deporte. “Hay un factor determinante sobre el tema en general y es que la TV por cable sostiene al fútbol. Que mañana se quiera obligar a pasar partidos por un canal abierto hará imposible mantener el negocio porque la publicidad sola no lo paga.” De sus palabras se desprende que sí lo pagan hoy los abonos del cable y el sistema Pay per view (Pago por visión).

Para Bombau, “cualquier señor podrá ir a filmar a una cancha y pasar las imágenes cuando le parezca, lo que nivelará todo para abajo”. Su empresa le abona hoy entre 4 y 5 millones de dólares por año a la AFA sólo por la emisión del programa Fútbol de Primera, un clásico de Canal 13 que en noviembre del año pasado cumplió mil programas en el aire.

Avila, el hombre que creó el ciclo y se asoció al Grupo Clarín cuando nacía el negocio del fútbol televisado (“Ellos me dieron el capital necesario, que eran dos millones de dólares”, confesó una vez), explicó que aquel conglomerado de medios “tiene la explotación de los derechos, pero los clubes son los dueños de esos derechos, que de todos modos deberían recuperar en una nueva negociación”. Lanzado a ser candidato a la presidencia de River en las elecciones de diciembre de este año, el empresario coincide con el enfoque de Bombau, aunque se alejó de TyC en términos poco amistosos.

“Los clubes saldrán empobrecidos con esto, creo que hubo apresuramiento. El negocio del fútbol es complicado para involucrarlo en una ley, porque es inviable financiarlo de otro modo que no sea con la TV”, dijo el ex dueño de la famosa productora y de Canal 2. La TV a la que se refiere, claro está, es la de cable. Televisión Satelital Codificada (TSC) y Tele Red Imagen (Trisa) son las compañías que manejan el producto y están controladas por el Grupo Clarín. Por el contrato que tienen firmado con la AFA hasta 2014 le pagan 250 millones de pesos por temporada. En cambio, TyC, la socia menor en este negocio, tiene cuatro dueños que son DirectTV Latin América (32,3 por ciento), el empresario estadounidense Frederick Vierra (26,5), Nofal Sports Holding SA (23,5), del ex socio de Avila, Luis Nofal, y la holandesa DLJ Offshore Partners (16,7).

A estos intereses comerciales apunta el proyecto de la Presidenta, que tomó como base jurídica los principios y regulaciones que establecen la Directiva Europea 65, de 2007, y la ley 21, de 1997, que regula las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos en España, como asimismo resoluciones de tribunales de defensa de la competencia locales.

Una cuestión se transforma en relevante si se aprobara la ley así como está y es la que señalan los artículos 65 y 66. En el primero se considera que en cumplimiento de que “no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos (los partidos) en directo y de manera gratuita en todo el territorio nacional” se deberá “elaborar un listado anual de acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, respecto de los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio”. La lista de eventos a televisar se tratará en audiencia pública con la participación del defensor de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El artículo 66 puntualiza que para la inclusión en el listado deberán tenerse en cuenta criterios como “que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta; que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.

En estos puntos encuadra la emisión de los partidos de la Selección nacional, que les causaron varios dolores de cabeza a los dueños de los derechos del fútbol en los años ’90. Fueron necesarias las intervenciones de dos presidentes, Carlos Menem y Fernando de la Rúa (que se mostraron sinuosos frente al tema), varias audiencias en el Congreso y denuncias sobre contratos de televisión que pasaban a empresas fantasmas, para que los exclusivos derechos de TV sobre el equipo de todos se volvieran inocuos.

Hoy, el presidente de TyC señala que “ya tenemos a la Selección nacional, que es lo fundamental, por la TV de aire”, de modo que sus partidos no serían alcanzados por los contratos firmados con las sociedades involucradas en el negocio. Un negocio que, según Bombau, “no es tan grande como parece”. A quienes redactaron el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no les importó esta ponderación del mercado televisivo que gira en torno del fútbol. “... La concentración de los derechos de exclusividad no debe condicionar el normal desarrollo de la competición ni afectar la estabilidad financiera e independencia de los clubes”, reza el artículo 68.

Ahora falta esperar qué dirán los dirigentes del fútbol argentino, aunque la mayoría no tiene ni la más remota idea de lo que está en juego. Simplemente porque nunca se preocuparon por leer ni controlar lo que firmaron. Para empezar, tendrán que procurarse el proyecto y estudiarlo.