Boca perdió la posibilidad de continuar en la Copa Libertadores pero se garantizó el usufructo de tres calles del barrio por veinte años y que sus instalaciones no queden partidas al medio. No es poco. El club lo logró mediante un convenio que firmó con el gobierno porteño y resolvió de ese modo un conflicto que había empezado el 9 de octubre de 2003 con un expediente municipal por usurpación de tramos correspondientes a Wenceslao Villafañe, Aristóbulo del Valle y Espora.

Mauricio Macri, quien presidía la institución en aquella época, se quejaba de que Aníbal Ibarra, el jefe de Gobierno de entonces, pretendía abrir las calles para que pasaran los vecinos por ellas. Ahora que él manda en la ciudad, ratificó su voluntad de que queden en poder de Boca, aunque a cambio de un pago anual de 80 mil pesos. Durante sus tres mandatos al frente del club (1995-2007) nunca había desembolsado un centavo por usarlas como playa de estacionamiento. Una asamblea extraordinaria de representantes de socios votó el nuevo acuerdo por 117 votos contra 2 y el oficialismo liderado por Jorge Amor Ameal lo definió como “beneficioso”.

El Gobierno de la Ciudad y Boca venían litigando en la Justicia por este tema desde enero de 2006. Ese mes, cuando todavía no había sido destituido Ibarra, se dictó un decreto que estipulaba la desocupación y demolición de instalaciones en las cuadras ocupadas por Boca para estacionamiento de vehículos los días de partido. Macri promovió como presidente una acción contra aquel decreto en la causa “Boca Juniors contra GCBA sobre amparo” y alegó lo mismo que sus sucesores ahora: “Que en el sector de las calles y el resto de las instalaciones que posee, el club realiza una importante actividad social y deportiva en beneficio de los asociados y de la comunidad del barrio de la Boca en general”.

Este último compromiso es el germen del problema. Los vecinos organizados de la zona denuncian desde hace años que la institución nunca cumplió un convenio firmado en 1995 cuando recibió del Estado las tierras de Casa Amarilla. A cambio de las 4 hectáreas y media que le cedió el ex intendente Carlos Grosso, el club debería haberles brindado el acceso a sus instalaciones a 14.000 alumnos del nivel primario de escuelas de la Boca y Barracas para que realizaran sus clases de educación física.

En marzo de 2004, cuando Macri se aprestaba a iniciar su tercer mandato como presidente de Boca, fue acusado por Roberto Naone, referente barrial de la asociación Vecinos por los Terrenos de Casa Amarilla, de “exigir a los 500 jóvenes becados del barrio la cuota societaria”. El dirigente futbolístico con aspiraciones políticas miraba para otro lado y respondía que su club brindaba asistencia social. El convenio aprobado el viernes 15 de este mes por la asamblea de representantes dice en el punto 9 de sus considerandos que “el club propone la organización en su sede de actividades deportivas para alumnos de escuelas del GCBA”. ¿Quién se encargará de hacerlas cumplir? No se sabe. O sea, más de lo mismo.

Los vecinos que lucharon contra el cierre de las calles en todos estos años sostienen que será difícil dar pelea contra el acuerdo entre Boca y el Gobierno. “Yo no voy a hacer nada, me cansé y fui el que llevó adelante el expediente de la denuncia”, comenta ahora Naone, quien sufrió el desgaste de recorrer los despachos oficiales o despotricar contra Macri cuando era el máximo dirigente del club.

El contador Claudio Giardino, uno de los dos asambleístas de la Agrupación La Bombonera que votó contra el convenio, puntualizó: “El acuerdo puede ser beneficioso para Boca, pero debería haberse consultado a los vecinos qué opinan sobre él. La aprobación no significa que se tenga que desatender al barrio”.

El problema fundamental para los vecinos de La Boca, que viven separados por el club y una playa de maniobras ferroviaria, es el rodeo que están obligados a efectuar si tienen que cruzar desde la zona de avenida Patricios hacia la avenida Almirante Brown y viceversa. En el primer caso, si necesitaran atenderse en el hospital Argerich, deben caminar varias cuadras de más porque no pueden pasar en línea recta por la zona donde Boca se apoderó de las calles. Es por eso que la primera cláusula del convenio establece que “el Gobierno de la Ciudad con la colaboración del club construirá un viaducto sobre las vías del ferrocarril con las especificaciones técnicas que resultan del expediente 63209/2003”.

El acuerdo consta de seis cláusulas y en la segunda se fija el canon que pagará Boca durante el tiempo que dure la cesión de las calles: “La colaboración del club consistirá en el aporte de la suma de $ 80.000 anuales durante veinte años. Además, el club establecerá una agenda con el GCBA para la organización periódica de un torneo intercolegial en el que participarán escuelas de la ciudad, con una duración y fecha a determinar”.

Las restantes cláusulas establecen que la Legislatura porteña deberá aprobar el convenio promovido por el gobierno del PRO, que mientras tanto las partes suspenden el trámite del amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario No 1 y que Boca permanecerá ocupando las calles como hasta ahora mientras los diputados no se las cedan por los veinte años acordados.

Una máxima futbolera sostiene que los jugadores y directores técnicos pasan, pero los hinchas quedan. Boca podría aggiornarla para que se diga: la Copa Libertadores pasó, pero las calles son nuestras. Macri lo hizo posible, aunque tuvo que llegar a la Jefatura de Gobierno para lograrlo.