Por segunda vez en el año, José María Aguilar puso su renuncia a disposición del Gobierno, en una supuesta muestra de voluntad para descomprimir el conflicto interno que atraviesa River Plate y que esta semana se cargó la vida de un barrabrava. El titular del club se comunicó el miércoles, alrededor de las 20.30, con Aníbal Fernández, pero el ministro del Interior rechazó un eventual paso al costado del dirigente al entender que “por el momento” no había responsabilidad de la institución. La comunicación de Aguilar con Fernández ya adquiere ribetes de rutina.

Meses atrás, Página/12 reveló un ofrecimiento similar de Aguilar a Fernández. “Si el Gobierno no me ve funcional para los intereses de River, lo único que tenés que hacer es avisarme y yo doy un paso al costado. Renuncio”, le dijo. Pero el ministro, con su habitual verba prosaica, recogió el guante. “¿Vos estás en pedo?”

Aquel diálogo se produjo el 24 de mayo en el despacho del jefe de la cartera política y fue confirmado a este diario por ambos protagonistas. ¿Por qué razón, por segunda vez, Aguilar presentó su dimisión en la Casa Rosada? Si en la primera oportunidad lo hizo porque creía que el kirchnerismo había adoptado una postura inclemente hacia River, con el propósito de desplazarlo de la presidencia del club, en esta segunda instancia marcó el teléfono porque necesita imperiosamente de un salvoconducto oficial para evitar que la muerte de Martín Gonzalo Acro lo eyecte de su cargo.

“Aguilar busca legitimidad. Está muy complicado internamente en el club, donde muchos lo quieren echar. Viene acá para salir diciendo que el Gobierno no pide su renuncia y fortalecerse”, evaluó un conspicuo habitante de la Casa Rosada que fue testigo de las conversaciones del mandamás de River en el marco del segundo gran escándalo de la semana. El primero, claro está, es el del hombre de la valija de los 800 mil pesos. El guiño de Fernández se convirtió entonces en la llave que por estas horas le permite a Aguilar seguir a flote más allá de que algunos hombres del club ya no disimulan sus contactos con miembros de Los Borrachos del Tablón. De hecho, entre los asistentes al velatorio de Acro estuvo el gerente de fútbol profesional, Ricardo Goldenberg, según consignó ayer el diario deportivo Olé.

Fernández no fue autista en su resolución. Introdujo en el tema a las máximas autoridades políticas. Habló con Néstor Kirchner y también con Jorge Telerman. El presidente y el jefe de Gobierno porteño consideraron que los violentos no deben detener el fútbol, aunque plantearon lo delicado que resultaba el caso, con un muerto de por medio. Una evaluación similar le carraspeó por teléfono el titular de la AFA, Julio Grondona.

El ministro debía resolver el futuro del fútbol no sólo en base a los meandros de Aguilar sino en respuesta a un oficio judicial que llegó a su cartera. Asumió personalmente una respuesta que debía quedar en manos de la Subsecretaría de Seguridad de Espectáculos Deportivos. Sucede que su titular, Javier Castrilli, pidió licencia para probar suerte como candidato a intendente de Almirante Brown.

El juez de instrucción número 11, Luis Rodríguez, se mostró afecto a la suspensión. El fiscal José María Campagnoli azuzó en ese sentido lo que los medios titularon con lenguaje de afrenta militar la “Batalla de los Quinchos” y “La batalla del Playón”. Pero antes de tomar una decisión, la Justicia prefirió pasarle la pelota a Fernández.

Tras la ronda de consultas ya citada, el titular de la cartera política hizo un último llamado. Fue al jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca. Recién después resolvió devolver el balón al juez, informándole que el Estado daría garantías y que dejaba en sus manos la resolución de una eventual suspensión. La brasa caliente llegó a las manos de Rodríguez ayer a las 9 de la mañana. El magistrado no presentó ninguna medida cautelar. Al contrario, con un oficio volvió a delegar el tema en el Gobierno y entonces Fernández terminó con el Anton Pirulero: suspendió el partido. El único que por ahora podrá seguir jugando es Aguilar.