Raúl Montenegro es biólogo, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Premio Nobel Alternativo 2004 y profesor titular de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba. El año pasado obtuvo un éxito judicial al evitar, mediante un amparo, que en el Rally Argentina 2008 se corriera un subprime por el Parque General San Martín de la capital cordobesa. Se cambió el trayecto y, no conforme con ello, su organización denunció penalmente a funcionarios.

–Transcurridas varias etapas del Rally, ¿es posible evaluar si ya hubo un impacto ambiental sobre la fauna, la flora y los sitios arqueológicos que ustedes habían denunciado antes de la largada de la prueba?

–Efectivamente, los seis primeros tramos han provocado impactos ambientales notables, sobre todo en ambientes muy frágiles y lugares con yacimientos arqueológicos ya identificados o potenciales. Se violó además en forma flagrante la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas. Parte de los recorridos se hicieron ilegalmente sobre territorios de pueblos originarios.

–¿Ese impacto es mensurable de alguna manera?

–Sí, puede medirse. Los costos de estas evaluaciones deben ser pagados por la entidad organizadora, Amaury Sport Organization (ASO), y fiscalizados por ONG independientes. Lamentablemente, la mayor parte de los organismos ambientales de las provincias y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación no exigieron niveles base para luego, por comparación, evaluar los daños. Su torpeza favoreció a la empresa organizadora y desamparó a los posibles afectados.

–De comprobarse daños, ¿deben ser reparados por la empresa organizadora?

–Sí, ASO debe hacerse cargo. Los organizadores debían contratar el seguro ambiental que prevé la ley general del ambiente 25.675 en su artículo 22. Esperemos que la Nación y las provincias hayan hecho cumplir ésta y otras leyes. Si no lo hicieron, nos encargaremos de hacer las correspondientes denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

–La organización del Dakar prevé un pago a las organizaciones medioambientales que sale de un porcentaje de las inscripciones de los competidores. ¿En Funam lo recibieron o están por recibirlo? ¿Piensa que ése puede ser un modo de comprar el silencio que ustedes no mantuvieron con sus denuncias?

–Desconocemos este mecanismo. Pero de existir, nunca aceptaríamos. Recordemos que el Vaticano calificó al Dakar como una “sangrienta carrera de irresponsabilidades”. Sus ganancias están teñidas de sangre, colonialismo y desprecio por las culturas nativas.

–¿Cuál cree que ha sido el papel de la prensa en la cobertura del Rally? ¿Le dio cabida a sus denuncias en la misma medida que cubre la prueba?

–Reflejó en general el interés de miles de espectadores, pero cuando protestamos contra el Dakar también hubo cobertura. Sin embargo, los medios deberían investigar más a fondo el impacto ambiental y social del Dakar, y por qué fue obligado a retirarse de Africa.

–¿Cuál es la responsabilidad que les cabe a los Estados nacional, provincial y municipal en los hechos por ustedes denunciados?

–Son plenamente responsables por lo que sucedió y pueda suceder, porque aceptaron de la empresa organizadora, ASO, condiciones inaceptables como el mantenimiento del secreto de los recorridos hasta pocas horas antes de cada tramo. El Estado no actuó para proteger a los ciudadanos y el ambiente de los devastadores efectos del Dakar, que mueve unas 568 motos, cuatriciclos, autos y camiones, sino para beneficiarse de la cobertura internacional. Después de las acciones de amparo vendrán las denuncias penales y las acciones civiles de particulares afectados.

La etapa de hoy