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En la provincia de Buenos Aires, especialistas en seguridad deportiva se preguntan cómo el comisario Rubén Pérez continúa todavía al frente del Coprosede. Un episodio violento ocurrido el 25 de junio pasado en el estadio Ciudad de La Plata, durante el partido Estudiantes-Nacional de la Copa Libertadores, desembocó en la detención del teniente de la Bonaerense Osvaldo Américo Domínguez, quien, según la denuncia del fiscal Jorge Martín Paolini, facilitó con su accionar que el núcleo duro de la barra brava local agrediera con un arma de fuego y a puntapiés a un grupo de hinchas que presuntamente quería disputarle el liderazgo.

Pérez sostiene que el uniformado arrestado no pertenecía al Coprosede sino a la División Seguridad en el Deporte y que hay una campaña en su contra para desplazarlo del cargo. Pero sus oficinas fueron allanadas y el superior de quien depende, el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, ya recibió varias quejas contra él. La organización Salvemos al Fútbol, que motorizó la denuncia penal, le pidió que responda “si se formó sumario administrativo para deslindar las responsabilidades pertinentes del nombrado Domínguez, y de sus superiores en jerarquía, integrantes del propio Coprosede, lo que incluye al titular Comisario Pérez...”

La connivencia con la barra que lidera Carlos Fabián Giannotta –también detenido– y que se le imputa al policía Domínguez, fue filmada por algunas de las 27 cámaras de video del sistema digital que posee el estadio único platense. La calificación legal que le dio Paolini a los hechos es de “delitos de robo agravado por su comisión con arma de fuego apta para el disparo, lesiones leves y abuso de arma en concurso real”.

Aquella noche de Copa, la inestimable ayuda de Domínguez le permitió al grupo de Giannotta irrumpir en la popular sur con el objeto de agredir “a golpes de puño y patadas a Sergio Bernardo Chans Salmantón, su hijo y otras personas que se encontraban a su lado, arrebatándoles las banderas del club Peñarol que llevaban consigo y la gorra y un reloj marca Terner, propiedad del primero de ellos”.

El fiscal Paolini acusó: “De no haber contado con la colaboración del mencionado funcionario público, el resto de los imputados no habría podido haber consumado su ilícito accionar, toda vez que conforme la frondosa testimonial recreada párrafos más arriba, no existía la posibilidad de transitar libremente por el estadio”.