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Por G. V.

El martes pasado, el secretario general de la AFA, José Luis Meiszner, le detalló al Comité Ejecutivo que preside Julio Grondona cuántos clubes no cumplieron con informar qué empresas o personas físicas son propietarias de los derechos económicos de sus jugadores. Vencido el plazo, hubo un par de instituciones de Primera A que no presentaron la información requerida, una cantidad algo mayor en la B Nacional, y en la B Metropolitana se invirtió la ecuación: apenas dos entregaron los papeles en regla. En el denominado “Régimen de Anotación y Archivo de Cesiones de Beneficios Económicos por Transferencias de Contratos” se establece entre sus fundamentos “la necesidad de combatir la clandestinidad” que –todo indica– existe en contabilidades como las de Colón y Newell’s, a la luz de las causas judiciales que impulsó la AFIP. El 28 de diciembre había vencido el plazo para que los clubes hicieran estos deberes y ahora la AFA estudia qué hará con los que no cumplieron y cuyos nombres no se mencionaron en la reunión del martes. Un dirigente le confió a Página/12 que resultó determinante la presión de la AFIP para investigar la procedencia de capitales que se mueven en el fútbol, y si tributan o no los correspondientes impuestos.