La pelea por el control de Telecom Argentina sumó un nuevo capítulo. Los abogados del Grupo Werthein, socio local de la compañía, denunciaron la semana pasada ante el Juzgado Comercial Nº 16, a cargo de Gastón Polo Olivera, al presidente de la empresa, Carlos Felices, quien representa los intereses de Telecom Italia, por haber “ejercido indebidos actos de ‘presión’ sobre los funcionarios más relevantes de la compañía”. Según la presentación, a la que accedió Página/12, “esa conducta estuvo y está orientada a lograr que los gerentes generales y, por intermedio de éstos, funcionarios de menor jerarquía de la empresa modifiquen las declaraciones formuladas ante los veedores designados en el marco de las actuaciones seguidas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en cuanto el contenido de esas declaraciones habría sido perjudicial para los intereses de Telecom Italia”.

De la presentación del Grupo Werthein se desprende que los italianos buscan desacreditar las conclusiones del informe oficial de los veedores para evitar que la CNDC los obligue a notificar la operación para evaluar su impacto económico en el mercado local. El presidente de la firma, Carlos Felices, ya se interesó por el tema hace algunos días, cuando le solicitó a la CNDC que le confirme “oficialmente” las conclusiones del trabajo de los veedores que este diario adelantó en exclusiva el pasado 6 de marzo.

La disputa empresaria entre ambos socios comenzó en abril del año pasado, cuando Telefónica anunció la compra del 23,6 por ciento de las acciones de Telecom Italia. Los directores locales que reportan a los italianos intentaron quitarle trascendencia a la operación europea al asegurar que no tendría repercusión en el mercado local. Sin embargo, el Grupo Werthein denunció ante la Comisión Nacional de Valores que el ingreso de Telefónica en Telecom Italia había impactado en la filial “condicionando la toma de decisiones”. Lo que está en juego en esta pelea es nada menos que el control de un mercado que factura casi 25 mil millones de pesos por año.

El Gobierno reaccionó en octubre designando dos “veedores observadores” y la Justicia lo hizo a comienzos de este año, cuando el juez Gastón Polo Olivera nombró un “interventor informante con facultades de veedor”, a pedido del Grupo Werthein. Los veedores oficiales terminaron su tarea en febrero elevando un informe con conclusiones favorables a los Werthein. La Justicia, en cambio, todavía no concluyó su tarea y lo que denuncian los Werthein es que el presidente de la compañía estaría presionando a algunos directivos para que, ante la Justicia, cambien la declaración que hicieron frente a los veedores oficiales.

“La maniobra que aquí se denuncia tiene por inocultable finalidad modificar la situación de hecho que observaron los veedores gubernamentales. Ello implicará inevitablemente que los funcionarios presionados puedan brindar una visión distinta sobre la realidad actual de la empresa, en el tiempo en el que dichos directivos sean entrevistados por el señor interventor informante, conforme dicho auxiliar manifestó en autos que haría. Con lo cual existe una afectación directa e inmediata sobre los alcances y resultados de la medida cautelar dispuesta por vuestra señoría”, señalan los Werthein en la presentación judicial realizada el pasado 17 de abril.

Por ese motivo, le piden al juez Polo Olivera que se encargue de tomar las declaraciones personalmente para que los directivos “se manifiesten libremente y bajo juramento de decir la verdad”. En el escrito se individualiza con nombre y apellido a cinco empleados para que sean citados: Guillermo Gully, director general corporativo; Carlos Augusto Zibiaur, director jurídico; Edmundo Poggio, director de Marco Regulatorio; María Delia Carrera Sala, directora de la Secretaría General, y Marcelo de Carli, director comercial de Telefonía Fija.

Además, se solicita que se los interrogue sobre “todas las reuniones, conversaciones, mails y cualquier otro acto que pudiera haber implicado algún tipo de presión a efectos de que funcionarios de la compañía modifiquen sus declaraciones”. Otra recomendación que se le hace al juez es que “le ordene al declarante, bajo apercibimiento de ley, que se abstenga de hacer saber dicha citación, en forma directa o indirecta, a cualquier directivo de las sociedades del Grupo Telecom Argentina”. Por último, se exige “la estricta reserva de estas actuaciones, formándose a tal fin un incidente separado y eliminando cualquier rastro de registración informática que eventualmente pudiera ser detectado por un hacker”.