Al final fue apenas un recreo. Ocho fueron los días que el represor Luis Patti estuvo en libertad, por acción del fallo de la Corte Suprema que consideró que el Congreso no tenía atribuciones para impedir su incorporación como legislador electo. Con viento a favor, la Cámara de Diputados tuvo rápidos reflejos para sacarle los fueros que la Corte dijo que tenía, y cumplir así con el pedido del juez federal que lo encarceló en noviembre por el secuestro, tortura y asesinato de siete personas. Anoche el ex comisario de Escobar volvió al “pabellón de lesa” humanidad en la cárcel de Marcos Paz, y se cerró un capítulo del proceso en el que sus víctimas buscan justicia, hasta ahora errático y sinuoso. Ayer, mientras los hijos de sus perseguidos respiraban con alivio, sus abogados prometían seguir dando la batalla legal.

“Fue angustiante para Juana, Manuel, Diego, Antonio y Gastón ver al asesino de sus padres (Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto) en televisión diciendo cosas tremendas, era demasiado perverso. Pero el desafuero en el Congreso fue contundente y me hace volver a confiar en las instituciones del Estado democrático, como hija, como abogada de las víctimas y como militante de derechos humanos”, expresó Ana Oberlin a Página/12.

“Los diputados hicieron todo mal”, le dijo a este diario Silvio Duarte, uno de los abogados de Patti. No ocultó su satisfacción porque, a su criterio, los legisladores de la Comisión de Asuntos Constitucionales le dieron argumentos para insistir en el reconocimiento de la banca del represor. Ahora evalúa con sus colegas Luis Velazco y Gregorio Badeni si harán su presentación en la Justicia federal, donde en primera instancia no tuvieron suerte porque la jueza María Servini de Cubría ya falló en contra, o en el fuero contencioso administrativo. La diputada Graciela Camaño defendió la actuación de esa comisión, que preside, y calificó las críticas como “chicanas políticas”. Y el diputado Remo Carlotto, uno de los impugnantes de Patti en 2006, aseguró que el desafuero del represor “es irreversible” (ver aparte).

El miércoles durante la sesión en la Cámara baja circularon rumores de que Patti estaba prófugo. La versión llegó a su entorno y el torturador confeso se apuró a hacer declaraciones para avisar que no tenía pensado fugarse. Ayer a la mañana el Juzgado federal 2 de San Martín, a cargo de Alberto Suares Araujo, era un hervidero de abogados querellantes y defensores. La notificación proveniente de Diputados llegó temprano, y enseguida el fiscal federal Jorge Sica pidió la detención, al tiempo que rechazó un pedido de exención de prisión que presentaron los defensores de Patti, como último recurso ante lo inevitable. Suares Araujo se pronunció en el mismo sentido y ordenó que vuelva a ser detenido en Marcos Paz, de donde había salido el miércoles 16 por acción del fallo de la Corte Suprema, firmado el 8 de abril, cuando la Cámara Federal le reconoció los fueros de diputado electo y “suspendió” su encarcelamiento. “Cesa la suspensión y queda plenamente operativa la prisión preventiva”, escribió el magistrado, y notificó por fax a los defensores del ex comisario.

Patti vive en el barrio cerrado Septiembre, ubicado en el kilómetro 47 de la ruta 9, poco antes de Escobar. Sus abogados insistieron en que allí iba a estar esperando a la comisión de la Policía Federal que lo llevaría de regreso al penal de Marcos Paz. Pero la guardia periodística no encontró al dueño de casa, que estaba paseando por afuera del country con su hija de tres años. Cuando apareció la policía, la abuela llevó a la niña a una plaza cercana, antes de que Patti fuera esposado. La suspensión de su prisión, dispuesta por la Cámara Federal de San Martín, había terminado. En el camino había quedado un intento de su defensa para que lo dejaran presentarse en forma espontánea en el juzgado. “No se animaron”, comentaban en su entorno sobre la iniciativa que no generó confianza.

La causa que lo llevó de nuevo a la cárcel –por la privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en siete casos y un asesinato– seguirá acumulando pruebas con vistas al juicio oral, y es posible que Patti sea indagado por el caso del periodista desaparecido Tilo Wenner, que fue incorporado dos días después del fallo de la Corte. A los nuevos testigos, que estos días estuvieron inquietos y llegaron a pedir protección, es posible que se sumen otros. Los abogados del ex comisario anticiparon que apelarán el rechazo a la exención de prisión en la Cámara e insistirán en el reclamo de la banca. Otra esperanza estará puesta en el pedido de nulidad de toda la causa que tiene a estudio la Cámara de Casación. Menos probable es que prospere la recusación al juez Suares Araujo, con el argumento de que habría mantenido una conversación con la diputada kirchnerista Diana Conti.

“El resultado de la votación fue alto y demuestra el compromiso de sectores que superaron sus diferencias para impedir que este personaje se ampare en los fueros y siga impune, y demostraron que la sociedad argentina no quiere genocidas que se cubran en las instituciones”, destacó Oberlin, abogada de los hijos del militante justicialista Gastón Gonçalves, por cuyo asesinato está acusado Patti. La joven letrada rosarina, ella misma víctima del terrorismo de Estado, agregó que “en este proceso penoso encontramos diputados y diputadas de cada bloque que nos ayudaron mucho”. Y destacó también la rapidez del juzgado y la fiscalía. En definitiva, esas instituciones que alguna vez trabaron el camino, ayer lo allanaron.