“De alguna manera le prendió fuego y ahora quiere ser el bombero salvador.” El ex presidente de Aerolíneas Argentinas hasta julio de 2006 y socio de Marsans, Antonio Mata, le recriminó así a Ricardo Jaime haber asfixiado a la compañía con su renuencia a otorgar aumentos de tarifas y ventajas impositivas. “Se llevó 100 millones de dólares y con eso pretende crear una nueva empresa”, le espetó el secretario de Transporte, en alusión a Air Pampa, la pretendida empresa aérea del empresario hispano, que aún no tiene rutas autorizadas. El cruce de imputaciones es una expresión de cuán sensible están los ánimos de quienes tienen alguna corresponsabilidad en la debacle de la línea de bandera.

La disputa entre Mata y Jaime tuvo lugar a través de declaraciones radiales matinales, antes de que el secretario de Transporte fuera al Senado a defender la propuesta reestatizadora. Tanta inquina se explica a priori al menos por dos cosas. Al igual que sus socios de Marsans, Gerardo Pascual y Gonzalo Días Ferrán, Mata también cree que el secretario de Transporte tomó u omitió decisiones para perjudicar a Aerolíneas, con el supuesto fin de acorralar a los accionistas extranjeros para dejen el comando. En el caso de Mata, el rencor también podría explicarse porque Transporte nunca convocó a las audiencias públicas que el Código Aeronáutico prevé cuando una empresa requiere permiso para operar rutas. Air Pampa (de Mata) quedó en la lista de espera junto a otras varias que tampoco consiguieron esas autorizaciones.

El subordinado de Julio De Vido intentó ayer desestimar cualquier manejo arbitrario de las audiencias públicas, argumentando que Mata no cumplió con los requisitos legales necesarios para completar su trámite. Renglón seguido, el hombre de transporte le atribuyó la intención de montar una línea competidora con los 100 millones de dólares que se habría llevado con su retiro de Aerolíneas y Austral. Un monto que se conoce en el medio oficiosamente, pero que los protagonistas de la operación se niegan a convalidar en público.

Esta partida tuvo lugar a mediados de 2006 y en parte fue promovida por el gobierno local. Fue uno de los puntos de un acuerdo político celebrado entre las administraciones de José Luis Rodríguez Zapatero y Néstor Kirchner, en virtud del cual el Estado recuperó el 5 por ciento del capital accionario, que se había licuado por capitalizaciones de dudosa validez orquestadas por Marsans, bajo el comando de Mata. El empresario español es un emblema de los desmanejos que hoy se le atribuyen al accionista privado de Aerolíneas, comenzando por no haber utilizado en la forma adecuada al menos parte de los 758 millones de euros que en 2001 le entregó la estatal Sepi para sanear Aerolíneas y ejecutar un plan industrial que la pusiera en marcha. Parte de ese dinero fue empleado por el operador privado para recorrer un camino de ética dudosa: compró créditos que luego capitalizó, ganando el actual derecho a cobrar por las acciones que hoy aspira a vender.