Los aumentos de precios en Argentina, además de abrir una intensa polémica por la intervención al Indec, derivaron en un debate sobre las políticas necesarias para contenerlos. El problema inflacionario no es exclusivo del gobierno de Cristina Fernández, sino que lo comparte con Lula da Silva, Michelle Bachelet, Felipe Calderón, Hugo Chávez y el resto de los países de la región. En realidad, la suba de precios es una cuestión que preocupa a la mayoría de las naciones del planeta, pero en América latina adquirió la particularidad de que los países adoptaron estrategias diversas para enfrentarlo. Los casos de Brasil, Chile, México y Venezuela sirven para comprender la complejidad del proceso, gatillado fundamentalmente por la suba de alimentos y energía.

La inflación en América latina fue 6,5 por ciento en 2007 y a junio de 2008 acumula un alza de 8,9 por ciento en términos anualizados. Los aumentos se dan a un ritmo anual de 5 por ciento en México, del 6 en Perú y Brasil, del 10 en Ecuador y de más del 30 en Venezuela. Los incrementos son mayores en alimentos y combustibles, impactando de lleno en los sectores de menores ingresos. Según el Estudio Económico 2007-2008 de la Cepal, en el caso brasileño el IPC-Alimentos triplica la variación del IPC-Total y en Bolivia el precio de estos bienes aumentó 32 por ciento.

El encarecimiento de los alimentos está impulsado por una suba de la demanda de las economías emergentes como China e India a través de la mejora en el ingreso de la población. A todo esto hay que sumarle el uso de productos agrícolas para el de- sarrollo de biocombustibles.

El manejo de esta situación, en un contexto de bonanza económica, es un asunto novedoso y nada sencillo para los países de la región. La decisión de qué política antiinflacionaria tomar es complicada por el impacto negativo que puede tener la aplicación de las distintas herramientas sobre el crecimiento y el empleo. El carácter “importado” de una parte importante de los aumentos de precios plantea un desafío para países dependientes de las compras al exterior de bienes de consumo masivo. En esos casos, los mecanismos tradicionales para controlar la demanda interna pueden ayudar a reducir la inflación pero probablemente terminen afectando el nivel de actividad.

“La inflación agroalimentaria”, un trabajo reciente publicado en Iniciativa para la Transparencia Financiera (ITF), señala que, vistos desde una perspectiva histórica, los aumentos de precios distan de los períodos de alta inflación de otras épocas. En los ’70 las economías desarrolladas registraron tasas de dos dígitos, en los ’80 países de la región sufrieron episodios de híper y en los ’90 naciones en desarrollo tuvieron una inflación que en algunos casos superó el 50 por ciento anual. De todas formas, el documento de ITF sostiene que “el cambio de tendencia operado en el ritmo de evolución de los precios ha causado una renovada atención en el fenómeno y ha planteado, en algunos casos, dilemas de compleja resolución para los hacedores de política”.

Mientras que algunos países de la región priorizan las herramientas de política monetaria, restringiendo el aumento de la liquidez o aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, otras economías deciden atacar la inflación desde el lado fiscal, reduciendo la expansión del gasto público o bajando la alícuota del IVA. Con diferentes grados de efectividad, los distintos enfoques se combinan entre ellos y muchas veces se les suman instrumentos heterodoxos como las retenciones a las exportaciones, los acuerdos de precios con las cadenas de comercialización y principales productores de alimentos, como fue el caso de las tortillas de maíz en México o la creación de mercados populares de alimentos en Venezuela.

“El nuevo escenario exige respuestas novedosas de la política económica y una fina sintonía y coordinación de los diferentes brazos de la política macroeconómica. Después de varias décadas de ‘malaria’, el problema es la administración macroeconómica de la ‘bonanza’ sin erosionar las fuentes genuinas del crecimiento”, sostiene el trabajo de ITF.

Brasil

El gobierno de Lula fijó como prioridad económica el control de precios y con ese objetivo aplica un sistema de metas de inflación. El Banco Central de Brasil tiene como mandato conservar los aumentos de precios en el 4,5 por ciento, con una tolerancia de dos puntos hacia ambos lados. Al aplicar un esquema de este tipo, la trayectoria de crecimiento de Brasil se retrasó en relación con la región, la política fiscal quedó subordinada a la monetaria y las tasas de interés están volviendo a subir, presionando a la baja el tipo de cambio y generando mayor vulnerabilidad fiscal. Así, la inflación acumulada del primer semestre de 2008 fue de 3,6 por ciento y las proyecciones del mercado estiman para el año que ascenderá al 6 por ciento. En 2007, los productos agrícolas acumularon un incremento del 24,5 por ciento anual. “El sistema de inflation targeting implementado fue muy exitoso en reducir la inflación. Sin embargo, el haber atendido al objetivo inflacionario por sobre los demás tuvo sus costos”, señala el economista del Cedes, Ramiro Albrieu, quien explica que “inflexibles los (crecientes) gastos en seguridad social, el ajuste fiscal se volcó hacia una presión impositiva más alta y una fenomenal reducción de la inversión pública”.

Recientemente, Brasil aplicó límites a las exportaciones de arroz. En abril el precio por tonelada subió 41 por ciento y decidieron suspender las ventas al exterior de arroz de los stocks públicos para asegurar el consumo público. “La inflación interna de Brasil, estructural, es de alrededor del 3 por ciento. Esto viene de afuera”, afirmó el ministro de Hacienda, Guido Mantega, cuando se supo que en ese mes la inflación dio un nuevo salto.

Al mismo tiempo, el gobierno recrudeció su política monetaria contractiva. El Banco Central invirtió el proceso de reducción gradual de la tasa de interés básica colocándola en 11,75 por ciento. Al mes siguiente el país obtuvo la calificación de “grado de inversión”, estimulando aún más la entrada de capitales que presionan a la baja del tipo de cambio, que llegó a ubicarse en el nivel más bajo desde 1999, generando la pérdida de competitividad. “El diferencial de tasas genera una entrada de capitales que presiona a la baja al tipo de cambio, erosionando al perfil exportador. El resultado acumulado de cuenta corriente devino deficitario y el gobierno apuró un plan de exenciones fiscales a los exportadores e industriales como medida ad hoc. El problema es que para implementarlo deberá recortar gastos en zonas sensibles”, indica el economista del Cedes.

México

Al igual que Brasil, México mantiene un sistema de metas de inflación. En este caso el Central intenta que los aumentos de precios se ubiquen en torno al 3 por ciento anual. En julio de este año la inflación interanual fue 5,4 por ciento y el índice de precios no subyacente –frutas y verduras, carnes y huevos, y otros bienes– ascendió un 6,2 por ciento. La menor tasa de crecimiento que viene experimentando la economía mexicana se explica en parte por una reducción en el dinamismo de las exportaciones debido a la incierta situación económica de Estados Unidos, destino del 80 por ciento de sus exportaciones. Según la Cepal, “el entorno económico se caracterizó por una merma generalizada del dinamismo del consumo privado, la formación bruta de capital fijo, la generación de empleos, el ingreso de las familias y el crédito al sector privado, que se retroalimentaron recíprocamente y configuraron un cuadro de menor crecimiento en un contexto de apreciación cambiaria”. A esta situación también hay que sumarle la ampliación del déficit comercial y una reducción del envío de remesas.

Para combatir las presiones derivadas del alza del precio internacional de los granos, algunas materias primas y los hidrocarburos, la autoridad monetaria viene elevando la tasa de interés. Pero la respuesta del precio de los alimentos a movimientos en las tasas es muy baja: “Dada la conocida inelasticidad de la demanda de alimentos a las subas de las tasas de interés, el intento de cumplir a rajatabla y sin flexibilidad metas demasiado estrictas podría llegar a ‘sacrificar’ valiosos puntos de actividad y empleo, perjudicando presumiblemente a los mismos sectores sociales a los que se busca proteger del alza de los alimentos”, advierte el documento de ITF.

Así, el gobierno tuvo que desempolvar algunas herramientas como los acuerdos de precios, que no ocurrían desde los años ochenta. A comienzos de 2007, el aumento del 14 por ciento en el precio de las tortillas, fundamentales en la dieta mexicana, llevó al presidente Calderón a intervenir el mercado promoviendo la firma de un pacto con comercializadores de maíz y los productores para garantizar el abastecimiento con precios máximos. Este año, el gobierno creó un fondo nacional de infraestructura para realizar inversiones públicas, eliminó impuestos y aranceles para importar trigo, arroz, maíz y sorgo, entre otros. Además redujo en 50 por ciento el arancel para la importación de leche en polvo y quitó los impuestos para la compra de fertilizantes en el exterior. En junio, el Estado anunció el congelamiento del precio de 24 alimentos de consumo masivo hasta fin de año.

Venezuela

En 2007, el PIB creció 8,4 por ciento y la inflación se ubicó en 22,5. Los mayores aumentos de precios se dieron en alimentos y bebidas, salud, restaurantes y hoteles. En junio la variación interanual de precios de los alimentos fue del 51 por ciento. Una de las principales causas de la inflación en la República Bolivariana, que cuenta con una estructura productiva concentrada en la producción de petróleo, son las importaciones de alimentos. Los venezolanos traen del exterior más del 70 por ciento de lo que consumen. A este escenario hay que sumarle el factor de puja distributiva y las tensiones políticas. El gobierno espera que este año el crecimiento del producto sea del 6 por ciento, el tipo de cambio se mantenga y la inflación sea del 19 por ciento.

A principios del año pasado Chávez lanzó un plan antiinflacionario que redujo del 14 al 9 por ciento el IVA, eliminó ese impuesto de varios alimentos y les rebajó la alícuota a los servicios de transporte de esos bienes. En el marco del programa las autoridades aplicaron algunas políticas monetarias ortodoxas que fueron criticadas y apuntaron a contener la tasa de crecimiento de los agregados monetarios, o sea a limitar la expansión de la liquidez, y además subieron las tasas de interés. Además, el gobierno decidió quitarle tres ceros al bolívar, la moneda nacional, que ahora pasó a llamarse bolívar fuerte. Pero el plan no fue exitoso para controlar el proceso inflacionario.

Los Mercados de Alimentos (Mercales) son una herramienta que desarrolló el gobierno hace 5 años para asegurar la soberanía alimentaria. En estos almacenes o supermercados –hoy son 15.861 establecimientos–, el Estado vende alimentos, que muchas veces importa de países como Argentina, a precios sin margen de comercialización. Los beneficiarios de estos programas son las familias de bajos recursos, ya que muchas veces la clase media evita realizar sus compras ahí. Según datos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el precio de los alimentos en los mercados comunes llega a ser, como en el caso del pollo, 331 por ciento mayor al precio del Mercal.

Chile

En el país trasandino están muy preocupados por la desaceleración en la expansión del producto y un creciente proceso inflacionario. En términos interanuales, en julio los precios aumentaron 9,5 por ciento, superando ampliamente el rango de 2 a 4 por ciento que tiene como meta el Banco Central. Franco Parisi, de la Universidad de Chile, sostiene que “el 60 por ciento de la inflación se debe a factores externos como los precios del petróleo y algunos alimentos. El 40 por ciento restante obedece a la falta de inversiones en generación eléctrica. Además la economía está totalmente indexada y eso propaga los aumentos de precios”. Distintas estimaciones privadas calculan que este año la inflación será de entre 7 y 8 puntos porcentuales.

Hace dos semanas, el gobierno de Bachelet sumó a sus herramientas monetarias un plan fiscal por 1000 millones de dólares “para reactivar el crecimiento y contener el aumento de precios”. El proyecto está compuesto por 5 medidas: reducción en el impuesto a los combustibles, eliminación del gravamen a ciertas operaciones bancarias, extensión de beneficios fiscales para pymes, créditos tributarios para invertir en energía solar para calefacción y la creación de un Fondo de Nuevas Energías de 400 millones de dólares. El financiamiento del plan será con los mayores “ingresos estructurales” que esperan en Chile. “Este esfuerzo responde a la estrategia del gobierno de atacar la inflación con una política fiscal responsable. Es un paquete que nos ayuda en la inflación, en el crecimiento, a las pymes, al bolsillo de la gente. Le da espacios al Banco Central, porque no queremos que sea la política monetaria la que cargue con todo el peso”, apuntó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. La rebaja en el impuesto al combustible significará una merma de 0,25 de punto porcentual en el IPC de octubre, si es que entra en vigencia en ese momento. Según Velasco, el segundo impacto es indirecto y “es mucho más importante, es el aporte central que hace a la contención de la inflación una política fiscal que está ordenada”.