Convertida en la referencia más visible de la oposición de derecha y de izquierda al gobierno, la Mesa de Enlace cerró la protesta post derogación del proyecto de retenciones móviles reclamando que las que hoy son fijas bajen en función de la reducción de los precios internacionales. Justamente, lo que proponía la 125. Extraña paradoja, así como la ecléctica composición de los seguidores del cuarteto rural, que van desde la izquierdista Vilma Ripoll, hasta la derecha peronista más ortodoxa, pasando por un indefinible Raúl Castells. A todos saludó y abrazó Eduardo Buzzi desde el palco montado ayer en San Pedro, convertido en el hombre de las alianzas políticas del nucleamiento opositor empresario en que devino la Mesa de Enlace. Mario Llambías, en cambio, abandonó su postura confrontativa desde las ideas de derecha, para asumir un tono populista y gritar, desde el mismo palco y cerrando la lista de oradores, “¿Por qué carajo no gobiernan para el pueblo?”. En otros tiempos, el propio Llambías, o Hugo Biolcati que aplaudía y sonreía a su lado, hubiera descalificado un dicho así por vulgar y populista.

Fueron seis jornadas de lockout comercial (sumadas las del fin de semana), en las que no se vendieron ganado ni granos, al menos por las vías tradicionales (mercados concentradores, bolsas o envíos a puertos). No hubo desabastecimiento, ya que no se impidió la venta de productos frescos ni se interrumpió el paso en las rutas (salvo escasas excepciones). Tampoco se prolongó tanto la medida como para provocar un agotamiento de stocks en mayoristas y cadenas de comercialización. Sin lograr la atención del prolongado conflicto de la primera mitad del año, la Mesa de Enlace al menos concitó la atención de figuras de la oposición que buscaron mostrarse en la vereda de enfrente a la del Gobierno. No hubo, en cambio, la presencia de organizaciones de pequeños productores como en la oportunidad anterior, y los que concurrieron al acto de ayer en calidad de autoconvocados no ocultaron su desacuerdo con los puentes lanzados hacia sectores políticos ajenos a la actividad agropecuaria.

Tampoco consiguieron atraer la atención de la población en general, que en el anterior conflicto se fracturó prácticamente en dos, entre quienes apoyaban y se oponían al reclamo rural. Aquella vez, la demanda sectorial fue exitosamente instalada como la lucha contra “una confiscación de la mitad de los ingresos del productor”, aunque los números reales estaban lejos de decir eso. Esta vez, en cambio, las entidades no lograron explicar qué querían, una vez eliminadas las retenciones móviles: si un subsidio del Estado, un dólar a 3,60 pesos o ambas cosas a la vez. En cualquier caso, la demanda resultaba poco simpática para la población.

Mientras desde el palco de San Pedro se dramatizaba señalando que “en el país del pan y de la carne, se están muriendo 23 pibes por día”, como parte de la protesta ayer en Santa Rosa, La Pampa, productores autoconvocados cubrieron los tres accesos a la ciudad con vacas y terneros muertos. Alrededor de 20 animales sin vida aparecieron sobre las banquinas en distintos puntos: Ruta 35, al sur de la ciudad; un camino vecinal cercano a la Facultad de Agronomía, al norte; Ruta 5, en el acceso este. Tras reiteradas alusiones a la “falta de diálogo” de parte del Gobierno, los representantes de las cuatro entidades minimizaron los anuncios que, según se anticipa, haría el secretario de Agricultura y Ganadería, Carlos Cheppi, en las próximas horas. Eduardo Buzzi, irónicamente, dijo tener “curiosidad” de lo que iba a anunciar. “Parece que no quieren darle jerarquía a la Mesa de Enlace y ahora dicen que nos anunciarán mejoras que, de paso, conoceremos por la prensa, ya que nadie nos consultó ni nos informó nada”, se quejó el titular de Federación Agraria.

La jornada culminó con una concentración en el Congreso, donde las cuatro entidades del agro y los sectores políticos de la oposición que las acompañan realizaron un abrazo simbólico al Congreso.

Mientras reclama “políticas de fondo”, la Mesa no define su postura en medidas concretas, que seguramente comprometerían seriamente la unidad que hoy tienen entidades y sectores con intereses contradictorios. La alusión al “hambre y la indigencia”, o a la mortalidad infantil en el país del pan y de la carne, pretende convertirse en una denuncia contra el Gobierno pero no en un cuestionamiento a los grandes ganaderos o terratenientes que buscan alta rentabilidad con la exportación de su producción y no en donarla para alimentar a pobres y hambrientos.

Sin elevar mucho más alto la puntería, el Gobierno les respondió a las cuatro entidades a través de Florencio Randazzo, ministro del Interior. “El diálogo está abierto permanentemente, pero no significa aceptar la imposición de un sector”, sostuvo, agregando que el Gobierno “hace anuncios permanentes para el campo”, como los créditos del Banco Nación a tasa fija del 12 por ciento. “En pleno conflicto, el sector agropecuario sacó créditos por más de 500 millones de pesos”, afirmó el ministro. También adelantó que “se está trabajando en las tasas de retenciones al trigo y el maíz para determinados niveles de producción”. Es decir, rebajas para las explotaciones menores.

Carlos Cheppi, en tanto, advirtió que “el sector agropecuario tiene que entender que es parte de un país y no vive en una isla”, reclamando que “es poco serio generar protestas en este contexto, con caída de precios internacionales en las materias primas y en momentos en que se traban los mercados (...). Tenemos que tranquilizarnos y ver cómo se ordena el panorama mundial en los próximos días, ver cómo nos sentamos a discutir porque hay un contexto sobre el cual hay que prepararse, sin alarmarse”.

Cheppi aludió al encuentro que hoy se realizará con más de 900 organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, en el que anticipó que se anunciará “un paquete de medidas muy concretas, para éste y otros sectores”.