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Un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó ayer un proyecto de ley para regular el servicio de casilla de mensajes de voz de la telefonía celular y fija. Establece que antes de que atienda el contestador la empresa debe dar la opción a quien llamó de dejar o no el mensaje, informándole que si lo hace tendrá que afrontar el costo de la comunicación. “Con el sistema actual, los usuarios que llaman están pagando por un servicio que no contrataron, y se lo cobran de manera compulsiva”, indicó el diputado Remo Carlotto, autor de la iniciativa, a Página/12. El minuto de llamada en los celulares con abono tiene un costo promedio de un peso, mientras que en los móviles con tarjeta el valor promedio llega a dos pesos. Cuando se deja un mensaje, las empresas cobran como mínimo un minuto.

No hay estimaciones certeras sobre cuánto facturan las compañías de celulares con las comunicaciones derivadas a casillas de mensajes de voz, pero Carlotto y los diputados Dante Gullo y Adela Segarra, cofirmantes del proyecto, lo estiman en “decenas de millones”. Los más perjudicados con el esquema vigente son quienes tienen teléfonos con tarjeta, ya que en promedio pagan dos pesos cada vez que se atiende el contestador. Pero el universo de afectados es mucho más amplio, ya que incluye a quienes hacen llamadas desde locutorios o teléfonos públicos –que pagan por más que no logran contactarse con la persona buscada– y también quienes marcan desde una línea fija, con costos variables.

El proyecto de ley tiene cinco artículos. El primero es el más importante. Dice que las empresas que presten telefonía móvil o fija, en cualquiera de sus formas, y den el servicio de casilla de mensajes tendrán que informar en forma gratuita a quien llama que el número al que intenta comunicarse no está disponible, y tras ello darle la opción de dejar el mensaje o probar nuevamente más tarde. En el artículo dos se aclara que la empresa debe advertir que, si se deja el mensaje, hay que pagar la llamada. El artículo tres dispone que las compañías seránsancionadas con la Ley de Defensa del Consumidor si incumplen esta ley. Los otros son de forma.

“La decisión de consumo siempre tiene que ser del usuario. Es él quien debe elegir si deja o no un mensaje, y no que las telefónicas le cobren de prepo por algo que no buscó”, insistió Carlotto.