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Por primera vez, con absoluta decisión y celeridad, en un fallo impecable, un juez de Bariloche asume toda la responsabilidad institucional que su cargo demanda, haciendo cumplir la ley y rechazando absurdas e innecesarias judicializaciones de los abortos que son legales según el Código Penal que data del año 1921. Con este fallo, el juez Martín Lozada permitió que se practicara la interrupción del embarazo a una joven de 17 años, que fue violada en el seno de su familia.

Sin dar lugar a las maniobras dilatorias, seudojurídicas, que como en otros casos similares intentaron demorar e impedir una práctica de salud legal, este magistrado escuchó el reclamo y sentenció a favor de la decisión de la víctima, aplicando el inciso 2 del artículo 86 del CP.

La respuesta de sus pares camaristas, los jueces Alejandro Ramos Mejía, Marcelo Barrutia y Alfonso Pavone, no se hizo esperar. En lugar de reconocimiento y valoración, recibe lo que pretende ser una amonestación por actuar conforme a derecho e intentar propiciar un poco de justicia para la vida de esta joven mujer.

Esto parece parte del mundo al revés. ¿Qué pretende esta Cámara del Crimen con esta sentencia en abstracto, en tanto la práctica ya fue realizada? En este país existe ya sobrada jurisprudencia respecto al aborto no punible, hay una demanda internacional contra el Estado argentino por no cumplir con la ley en estos casos, se emitió semanas atrás un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut a favor en una situación muy similar, la misma Corte de Justicia de Río Negro tiene jurisprudencia al respecto. Sospechamos que estamos en presencia de magistrados que priorizan sus convicciones personales y religiosas frente al cumplimiento de la ley. Esto reviste especial gravedad en un Estado presumiblemente laico.