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“El sistema financiero es tan importante para la economía que no puede ser dejado en manos del mercado.” La frase, enunciada por Carlos Heller durante su campaña a diputado, es quizá la más precisa demarcación de la diferencia conceptual entre el nuevo sistema financiero que propone y el vigente desde 1977.

El eje de la propuesta que impulsa el bloque Nuevo Encuentro, que se convertirá en proyecto de ley con el aporte de varios funcionarios clave de la actual gestión, es la transformación de un sistema bancario dominado por parámetros de máxima rentabilidad de las entidades, por otro que lo interprete como un servicio público, en función de las necesidades de crédito de los usuarios. En su primer borrador, el instrumento que reemplazaría a la Ley 21.526 de la última dictadura fue denominado Ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros.

El sistema financiero argentino es el de más bajo nivel de crédito en relación con el producto bruto de toda América latina: apenas el 12 por ciento. Además, ese crédito escaso está fuertemente concentrado en los grupos económicos más concentrados y en crédito al consumo a tasas usurarias (financiación de compras por tarjetas de crédito) o con fuerte garantía real (hipotecarias o prendarias).

Bajo esa restricción de alcance, el negocio del crédito resulta altamente rentable para los bancos. Y pese a los excedentes de liquidez en su poder, antes que salir a prestar a sectores con necesidad de crédito pero con mayor riesgo de cobrabilidad (sectores pyme, familias, microemprendedores), las entidades prefieren volcarlos en actividades extrabancarias a cambio de comisiones, que hoy representan la mitad de sus utilidades.

Así se armó el sistema financiero a partir de la Ley 21.526, estructurado en función de extremar la rentabilidad y no en garantizar un servicio. Argentina vivió su proceso de recuperación y crecimiento (de 2003 en adelante) sin crédito, ni externo ni interno. Un caso para estudio de futuros libros de economía.

El proyecto que buscará aprobación en el Congreso plantea un cambio de eje sustancial. “Contribuir al desarrollo económico y social, orientando el crédito a actividades específicas y a las pymes; regulación de las tasas de interés activas (las que se cobran por préstamos) y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios”, expresa uno de los borradores manejado por sus impulsores.

La “democratización del crédito” y “la construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda” serán objetivos para los que se propondrá modificar las responsabilidades y facultades del Banco Central. Frente al rol restrictivo del crédito que la ley de la dictadura le asigna (exigencias de calificación a los solicitantes que exceden las posibilidades de la mayoría), la reforma planteará una transformación de los parámetros de solvencia, privilegiando los criterios de eficiencia social. También se dotaría al BCRA de la misión de establecer redescuentos que orienten el crédito a determinados sectores que sea de interés social promover, a tasas diferenciales.

Han pasado muchos años para que volviera a hablarse de reformar el sistema financiero. Demasiados. Los mismos que demoró la llegada al frente del Banco Central de una funcionaria con conciencia social y concepción de un modelo de desarrollo que necesita tener al sistema financiero de su lado. Los bancos son tan importantes para la economía que no pueden ser dejados en manos de banqueros.