El Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) le reclamó al rector del colegio Carlos Pellegrini la separación del cargo de un docente acusado de tener comportamientos “provocativos e insinuantes” con alumnas de ese establecimiento. El mismo pedido realizó el Consejo Resolutivo del colegio, con el voto de graduados, estudiantes y la minoría de docentes. Ambas solicitudes se suman a las ya realizadas por la Fundación La Alameda –en representación de un grupo de padres– tras la reincorporación del profesor, este año, después de haber sido cesanteado mediante un sumario administrativo. En todos los casos, el rector Héctor Pastorino argumentó que no podía modificar la situación, resuelta por el Rectorado de la UBA, su superior jerárquico. Tras una nueva reunión, la semana pasada, en el rectorado prometieron estudiar una solución, mientras un grupo de padres analiza la presentación de un recurso de amparo.

La reincorporación del docente cuestionado al Pellegrini –su nombre no se publica por razones legales, aunque es bien conocido por toda la comunidad educativa del colegio– generó inquietud entre los estudiantes que conocían su trayectoria. A mediados de 2003, un grupo de alumnos denunció ante el entonces rector, Abraham Gak, la conducta del profesor, que consideraron impropia: asistía a las fiestas que organizaban los alumnos sin que lo invitaran, a veces acompañado por amigos mayores de edad, y pagaba consumiciones de bebidas alcohólicas. En clase, con algunas alumnas, solía ser especialmente insinuante, llegando incluso a pasar a buscar a una de ellas por su casa, un sábado a la noche.

El profesor cuestionado fue sometido a un sumario, que estuvo a cargo de la abogada Nelly Minyersky, docente, investigadora y especialista en Derecho de Familia. Después de reunir testimonios y de citar al propio imputado, Minyersky concluyó que los hechos “configuran una desnaturalización de la relación docente-alumno” la cual “se evidencia en el uso del poder que le da la asimetría de su rol docente para confundir a los alumnos a través de la complicidad adulta para acceder a sus deseos, desvirtuando la función de enseñar”. Tras considerar que el docente incurrió en “abuso de autoridad” recomendó su cesantía, que se concretó en diciembre de 2004. El docente apeló y logró que la UBA, cinco años después, revirtiera la sentencia: el sumario fue declarado nulo por un error de procedimiento y una nueva investigación llegó a la conclusión de que la falta ya había prescripto.

“Me parece una aberración que este docente siga dando clases. Al menos deberían asignársele otras funciones”, dijo a Página/12 la directora ejecutiva de Casacidn, Nora Schulman. El organismo tomó intervención después de la publicación del caso en este diario: Schulman solicitó una entrevista con el rector del Pellegrini, a quien le manifestó que “lo más importante es preservar la integridad de los chicos”.

El abogado Rodolfo Yanzón, en representación de la Fundación La Alameda, solicitó una audiencia con el rector Ruben Hallu, quien derivó el caso a la profesora Edith Litwin, de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA. Litwin recibió a Yanzón, acompañada por el rector del Pellegrini, el 12 de abril último. La funcionaria aclaró que lo único que podía hacer era estar en “permanente vigilia” para evitar los comportamientos denunciados. “Le dijimos que eso no alcanzaba para evitar el riesgo ya que cuando ellos fueran informados sobre algún episodio, el daño ya se habría producido”, relató el abogado de La Alameda. La funcionaria se comprometió entonces a trasladarle esa inquietud al rector Ruben Hallu. Hasta ahora no hubo respuesta.

A esas presentaciones se suma el tratamiento del tema en una reunión de Consejo Resolutivo del Pellegrini, integrado por representantes de docentes, estudiantes y graduados. En esa reunión, realizada el 17 de marzo, se propuso que “hasta tanto se dilucide si existe o no riesgo para alumnos y alumnas” por la presencia del profesor cuestionado y “sin perjuicio para su relación laboral, transitoriamente no esté al frente de los cursos”. La moción se aprobó por ocho votos (3 docentes por la minoría, 2 graduados y 3 estudiantes), mientras que los docentes por la mayoría se abstuvieron de votar. La propuesta no fue aceptada por el rector, quien aseguró que respetaría la resolución del Rectorado.

“Un problema para resolver este caso es que los padres no han hecho una denuncia penal”, dijo Schulman. Al respecto, según informó Yanzón, un grupo de padres “analiza presentar un recurso de amparo ante la Justicia para solicitar que el docente denunciado no esté al frente de los cursos”.