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“Para interponer juicio es necesario
tener razón
encontrar quien la entienda
y quien la quiera dar...”
Proverbio jurídico clásico

“Terminó la segunda parte de la primera
parte. Ahora empieza la primera parte
de la segunda parte.”
Winston Churchill

Las prolongadas vísperas de la sentencia de la Corte de La Haya mitigaron la virulencia del conflicto. Hay un cambio de pantalla, avivando cenizas nunca extinguidas. La voluntad componedora de los dos gobiernos supera a la de años atrás, las primeras reacciones de los asambleístas insinúan que su radicalidad sigue intacta. El tribunal acogió una parte de los reclamos argentinos, circunstancia menos esperada y menos sustantiva que el núcleo que favoreció a Uruguay: rechazo a los planteos por contaminación y remoción de la planta de Botnia.

Cuando el diferendo se trasladó a los estrados internacionales, la pésima relación entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez añadía dificultades a las negociaciones. Sus reemplazos, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, se entienden mejor, lo que ofrece una prospectiva auspiciosa, en la parte que les cabe. Las declaraciones sobre la sentencia fueron razonablemente triunfalistas (es imposible desairar a los respectivos frentes internos), también muy cuidadosas en el tratamiento al vecino. El encuentro el miércoles 28, en Olivos, se connota con gestualidad integradora.

El canciller Jorge Taiana exhortó a los vecinalistas a deponer el bloqueo. Era de cajón hacerlo: un Estado que litiga compromete a sus ciudadanos que no tienen derecho a desacatar una sentencia a la que se sometieron. La bronca que replicó al sensato y templado análisis de Taiana refuerza un núcleo del entredicho: para bailar este extraño tango, hacen falta tres. Nunca los hubo. Durante bastante rato ni siquiera dos.

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Acción directa for export: La intransigencia del vecinalismo entrerriano es una constante. Un mito urbano extendido proclama que los gobiernos municipal, provincial y nacional la exacerbaron. Así dicho, opina el cronista, es inexacto. Las demandas de la pueblada de Gualeguaychú siempre fueron de máxima. Su método, la Asamblea, exacerba la radicalidad y la limitación para negociar o delegar funciones. El corte fue su metodología predilecta, que le confirió un poder estimable, por ende difícil de reemplazar.

Es imposible explicar a no argentinos el poder relativo de la acción directa desde fines del siglo veinte y en especial en esta década. De hecho, muchos nacionales no la comprenden o la encasillan en clichés. Puede ser por pereza conceptual o por astucia para acomodar la realidad a debates coyunturales, quién le dice que no se combinen los dos factores. Al kirchnerismo, por ejemplo, se le atribuye omnipotencia en la materia para inducir, conducir, cooptar, exaltar o minimizar estos movimientos sociales. La realidad se empecina en ser más compleja. La acción directa, en calles puentes o rutas, “paga” bien en la política doméstica. Interpela a los gobernantes, interesa a la opinión pública, induce a pedidos de soluciones rápidas, no siempre accesibles.

La crónica reciente revela que la mayoría de las movilizaciones enfrentaron o (por la parte baja) condicionaron a los últimos gobiernos. Al kirchnerismo le fue muy mal la única vez que topó de frente contra una “minoría intensa” que cortó rutas en todo el país. La reaparición de Alfredo De Angeli, el neopiquetero multipropósito de nuevo con el sombrero ambientalista, ilustra ese recuerdo.

La movilización dio centralidad al reclamo, hizo agenda y despabiló al Gobierno, cuya disponibilidad táctica distaba de ser absoluta. Encauzar la movilización y conjugarla con la política exterior era su ardua obligación, que no desempeñó de la mejor manera. La oratoria exacerbada de intendentes, gobernadores y funcionarios nacionales de primer nivel seguramente no elevó la temperatura (que tocaba su techo) pero fue una pésima señal hacia la otra orilla, reforzó la unidad y las sospechas del pueblo uruguayo. Era improbable leer algo distinto, desde otra cultura política. Se entendió que el gobierno argentino se había abroquelado con la acción directa. No había tal. Los sucesivos planteos ante La Haya y la incorporación de Romina Picolotti iban en pos de disuadir a los reclamantes para deponer el bloqueo. La Asamblea jamás aceptó retractar su recurso favorito.

En algún recoveco de su corazón el Gobierno albergaba la ilusión (para expectativa le faltaba volumen) de llegar a la negociación sin bloqueo antes que a la sentencia.

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El último recurso: Serruchadas las patas de la mesa de negociación, el recurso al Tribunal fue una jugada forzada. Distó del ideal pero no era la peor, a esa altura. La Casa Rosada aplacó la oratoria y desdeñó agravar el bloqueo que no controlaba con represalias comerciales o energéticas. Era un disparate que le fue requerido más de una vez por los ambientalistas y por el irresponsable Jorge Busti, con quien hubo demasiada contemplación del oficialismo.

Ir a La Haya fue un bajón pero no había otro tribunal al que recurrir. El Mercosur, de incipiente institucionalidad, no tiene organismos competentes para juzgar diferendos de esta talla.

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Reproche y sanción: Una primera mirada a la sentencia choca al sentido común (y a importantes escuelas de Derecho): ¿Uruguay perdió parcialmente y no tiene ninguna sanción? ¿Hay sentencia sin condena? La primera relectura forzosa es que, para los jueces, los incumplimientos no son tan graves como serían sanciones que alteraran el statu quo. La segunda mirada, más atenta, agrega que la sentencia no pone fin a la sustanciación del Estatuto del Río Uruguay ni aún del caso Botnia. Sobrevive una relación de tracto sucesivo para el cual se han precisado deberes y tareas indelegables.

En cuanto a la contaminación, el Tribunal (traducido libremente por el cronista) no da con efectos deletéreos o daños a la flora y la fauna, sin cerrar el paso a estudios, investigaciones o denuncias futuros, que más bien estimula.

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La hora de medir: En un nuevo estadio, es preciso que los implicados paren la pelota para medir lo sucedido en varios años de contienda y de funcionamiento de la pastera. Varias dimensiones deben ser medidas, vamos de a una en fondo. Calibrar la contaminación es cuestión polémica, que supera el saber propio del cronista. Es patente que no se corroboraron los pronósticos más pesimistas o hasta truculentos, algo que los asambleístas debería internalizar. Claro que eso no garantiza lo que vendrá. La explotación capitalista es contaminante de pálpito. El reto, en rigor, es minimizarla a niveles admisibles. El alerta es, pues, perenne. De la planta, se quejan funcionarios argentinos de alto porte, sólo sale información suministrada por la empresa. El régimen de virtual extraterritorialidad deferido a la pastera limita el control, aun para el Estado uruguayo. Si esa queja fuese real, debe ser atendida en las deseables acciones comunes de cuidado del río.

Desde Uruguay se subraya la seriedad de sus normas ambientales y las de la empresa. Los funcionarios argentinos arguyen en sordina que la presión seguramente indujo a ambos a acentuar la prevención, a niveles superiores a los que se imaginaban antes.

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La mirada de los otros: Colectivo de convicciones rígidas y alta autorreferencialidad, el vecinalismo dejó de reparar en la opinión pública cuando ésta atenuó su favor. Jamás podrá moverse con total ajenidad a la mirada de otros ciudadanos. La acción colectiva se fortifica cuando congrega apoyos o consenso y se debilita sin ellos. Habrá que ver las mediciones de las encuestas que vendrán, respecto de la solidaridad de otros argentinos con la metodología.

Vale repasar que Gualeguaychú no fue tema central de campaña en las elecciones provinciales de 2007. Las rivalidades locales indujeron a los candidatos a relegar la “causa nacional” en la competencia doméstica. En 2009, “el campo” copó la parada, dejando al bloqueo muy atrás.

Otro eje para repensar es la eficacia práctica del corte. Cuesta medir el perjuicio efectivo causado al Uruguay, más allá de la bronca y el antagonismo. La impresión que dejaron correr ayer funcionarios uruguayos y el ex presidente Jorge Batlle es que el daño se fue minimizando. Como sucede en la Argentina, la sociedad despotrica contra los cortes y luego se amolda, rearma sus rutinas. El puente quedó cerrado: el turismo, el intercambio cotidiano, el comercio eligieron otras vías. Tirando la bronca, pero acostumbraus, diría Mendieta.

Cabe preguntarse también cuánto damnificó la pastera a la economía y la sociedad de Gualeguaychú, hasta ahora.

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Intereses comunes: La sentencia organiza el futuro, que debe ser de cooperación, consulta y control binacional de la contaminación. Es una pasable hoja de ruta, a la que la política debe imprimir carnadura y sentido.

Los presidentes deberán revisar (sin hacer estrépito) la propia praxis, amoldarse a un nuevo escenario, infundir un espíritu mejor a sus ciudadanos. Los asambleístas repensar su metodología sin declinar su lucha.

El cronista le debe al jurista Héctor Masnatta, ya fallecido, mucha data de primera sobre este pleito. Entre ella, las dos citas del epígrafe y un recuerdo que viene a cuento. Juan Perón, en su postrer mandato, negoció un pleito sobre el Río de la Plata. Lo hizo concediendo. Antes, solía repetir la frase clásica: “Los países no tienen amigos ni enemigos permanentes; tienen intereses permanentes”. A la hora de pactar, adecuó la consigna: los intereses permanentes de los dos pueblos no eran antagónicos, sino comunes. Así fue, así es y así será.

Es la política, rioplatenses.

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