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En estos días de excesiva sensibilidad y sobreactuación, una mirada por encima de la propia vanidad permitiría observar en Estados Unidos tensiones similares a las que aquí provocan cierta desmesura. En ese país, más interesante que la disputa con un grupo de comunicación (Fox) y con el periodismo acreditado en la Casa Blanca es la resistencia de Wall Street al proyecto de reforma financiera. Se puede especular con que la pelea con un sector de la prensa tiene su origen en los intereses afectados por la aprobada reforma al sistema de salud y ahora por el plan de Obama de aumentar la regulación de los bancos. Pero más que suponer esa situación, los protagonistas estarían con menos irritación si admitiesen que esas disputas forman parte de la pelea política donde intervienen, con los costos, beneficios y responsabilidades que les corresponden a cada uno. Obama planteó un conjunto de medidas en esa reforma que promete acabarán con “los rescates por parte de los contribuyentes, sacarán a la luz pública las transacciones financieras complejas, protegerán a los consumidores y otorgarán más poder sobre el sistema financiero a los accionistas”. Los conservadores en el Senado frenaron en tres oportunidades la sola posibilidad de empezar a debatirlo en comisión, para finalmente quedar destrabado su tratamiento el jueves pasado. El poder financiero se considera intocable y una muestra es el desfile de banqueros de Goldman Sachs por el subcomité permanente de investigaciones del Senado liderado por el demócrata Carl Levin, conocido aquí por haber investigado operaciones de lavado de dinero del Citibank en Argentina. Levin reveló que Goldman Sachs generó ganancias por unos 3700 millones de dólares en 2007 al realizar “fuertes apuestas” contra activos vinculados con hipotecas, pero a expensas de sus clientes. Llegó a esa conclusión tras una investigación de 18 meses sobre las prácticas de ese banco de inversión. Esos antecedentes sirven como referencia para evaluar diferentes tipos de reacciones en Argentina y para destacar la presentación del proyecto de nueva ley de entidades financieras.

Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research, publicó el documento “La teoría del Big Bank. Cómo el sector público ayuda a los gigantes financieros a enriquecerse”, en el Bostonreview, enero–febrero 2010 y reproducido por la red sinpermiso.info. Destaca que los banqueros de Wall Street y el resto de los agentes del sector financiero “gustan de verse a sí mismos como héroes capitalistas de capa y espada. Mientras con una mano tiran a degüello en una competición feroz, con la otra combaten la opresora burocracia gubernamental”. Sin embargo, Baker señala que el sector financiero es profundamente dependiente del sector público, precisando que esta dependencia toma cinco formas principales: 1) la red de seguridad que proporciona la garantía pública sobre depósitos; 2) la red de seguridad implícita que proviene de la concepción que afirma “demasiado grande para quebrar”; 3) el privilegio especial de ser “el único casino” exento de la obligación de tributar; 4) la invitación “abierta a presionar y sangrar” con comisiones a las administraciones públicas estatales y locales; y 5) el derecho a modificar los términos de los contratos una vez que se han producido los hechos.

El investigador de ese centro de estudios de Washington, donde también participa Mark Weisbrot, estudioso del caso argentino desde una visión heterodoxa, afirma que “el sector financiero está a favor de que haya regulación pública, siempre y cuando ésta no suponga una reducción de sus beneficios”. Por eso recomienda que cuando se propongan aspectos regulatorios se debe tener una visión global acerca de la dependencia del sector financiero respecto del sector público. Indica que de esa forma se encontrará la respuesta sobre qué hacer, pero en especial abrirá el debate sobre qué es lo importante de la reforma de la regulación de los bancos. Y plantea el siguiente interrogante: “¿la regulación se estructurará con el fin de avanzar en la defensa del interés público o irá encaminada a seguir permitiendo que el sector financiero obtenga beneficios a costa de la sociedad?”.

Esa pregunta resulta oportuna en el contexto local debido a que la semana pasada se presentó el proyecto de una nueva ley de entidades financieras, iniciativa casi ignorada por gran parte de la prensa y fuerzas políticas. Ante ese silencio vale la pena rescatarlo para comenzar un necesario debate para señalar aspectos que constituyen un avance y a la vez para observar sus debilidades. Los dos ejes principales del proyecto son la definición de la actividad financiera como un servicio público y que la nueva estructura de regulación se concibe a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. Entre sus objetivos se propone la orientación del crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas y la regulación de tasas de interés activas. Establece la idea de “Servicios Esenciales” dirigidos hacia los sectores de menos ingresos de la población con un nivel máximo de comisiones (en algunos casos sin comisiones). Crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central. Incorpora una definición precisa para diferenciar las entidades de capital nacional y las de capital extranjero. Aquella que tenga más de un 30 por ciento de capital de origen extranjero, o que su decisión prevalezca en las asambleas de accionistas, será considerada extranjera. Reestablece el criterio de reciprocidad con los países de origen, lo que significa que si un banco extranjero quiere instalarse en la plaza local, en su propio mercado no deber tener vedado el acceso a un banco argentino, restricción que hoy existe. Además, obliga a las entidades locales de capital extranjero a poner en conocimiento del público los supuestos en que su grupo accionario mayoritario no respalde en su totalidad las operaciones realizadas en la Argentina. En cuanto a la regulación de la operatoria establece:

- El calce de operaciones en moneda extranjera. Los depósitos en moneda extranjera deberán aplicarse mayoritariamente en operaciones en las cuales el deudor tenga ingresos en moneda extranjera.

- Fija tasas de interés máxima para préstamos a micro y pequeñas empresas: no podrán superar en una proporción del 5 por ciento a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento.

- Fija una tasa de interés máxima para préstamos personales inferiores a los 100.000 pesos, con el mismo criterio del punto anterior.

- Las entidades financieras deberán destinar, directa o indirectamente, no menos de un 38 por ciento del total de sus financiaciones al sector privado a las micro, pequeñas y medianas empresas y un 2 por ciento a microemprendimientos.

- Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 8 por ciento, tanto en el total de los depósitos provenientes del sector privado, como en el total de préstamos otorgados al sector privado.

- El proyecto propone un régimen con garantía estatal, garantizado por el Estado Nacional, que resulta obligatorio para todas las entidades financieras, con un límite de hasta 100 mil pesos o su equivalente en dólares y cualquiera sea la tasa pagada por los depósitos. La idea es reincorporar al seno del BCRA el Sistema de Garantía de Depósitos que fue parcialmente privatizado.

Como ilustra Baker en el documento mencionado, el debate acerca de la regulación del sector financiero ha sido arteramente distorsionado. No cabe duda de que la administración pública debe involucrarse directamente en las actividades del sector financiero, mucho más cuando es el garante de los depósitos bancarios, pero también debe implicarse por muchos otros caminos. Baker advierte que “los representantes del sector financiero quieren eliminar o debilitar las regulaciones que reducen sus beneficios, pero en modo alguno desean acabar con el apoyo del sector público que hace posible su beneficio y su supervivencia”. Oportuna enseñanza en momentos en que se abre la posibilidad de empezar a debatir un nuevo régimen de regulación de bancos y así enterrar la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz.

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