La denuncia para que la Justicia argentina investigue los crímenes del franquismo quedó en peligro de ser archivada. El fiscal federal a cargo del caso, Federico Delgado, consideró que habiendo causas abiertas en España no corresponde que intervengan los tribunales de nuestro país. El expediente volverá ahora al despacho de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien deberá decir si comparte el criterio del fiscal o si por el contrario impulsa la investigación.

La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Fue presentada en los tribunales federales de Buenos Aires el mes pasado, a raíz de que en Madrid sectores de la derecha española lograron frenar la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón, quien fue llevado a proceso acusado de prevaricato, –el dictar a sabiendas un resolución injusta–. El escrito recayó en el juzgado de Servini de Cubría, quien delegó el caso en el fiscal Delgado.

Pero el fiscal no estuvo de acuerdo en avanzar. En su dictamen, Delgado no rechazó el principio de jurisdicción universal, sino su aplicación en este caso concreto. Utilizó dos argumentos, el primero la idea de subsidiariedad de la jurisdicción universal. “Cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad”, consideró. Delgado señaló que la investigación de Baltasar Garzón, aunque paralizada, no está cerrada sino “a la espera de que el Tribunal Supremo español se expida sobre el punto”. Por otra parte, apuntó que Garzón “se declaró incompetente sobre algunos hechos y remitió las actuaciones a los juzgados con competencia en los diferentes puntos geográficos de España en donde se habían cometido esos delitos. Es decir, existen numerosos tribunales locales que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del fanquismo”. El segundo argumento fue que la ley de amnistía de 1977 –en base a la cual Garzón fue frenado– “no impide que los tribunales españoles investiguen los crímenes” (aunque en realidad, Garzón fue acusado justamente por sostener esto).

Los abogados de la querella cuestionaron el criterio del fiscal. “Comete un error al considerar que se están investigando en España”, advirtió desde aquel país el abogado Carlos Slepoy. “No hay ningún trámite penal para la investigación de estos crímenes, lo que hubo fue una remisión de las investigaciones por parte de Garzón a otros juzgados, pero no hay ninguna investigación en marcha. No hay que olvidar que a Garzón lo están procesando por querer investigar.” Su colega Beniusz Szmukler dijo que el fiscal apoya la idea de subsidiariedad de la jurisdicción universal “mientras que nosotros planteamos que la justicia universal es concurrente, es decir que no hay contradicción en abrir una causa en la Argentina”. Como Servini está con licencia, recibirá el expediente el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien la subroga; pero se estima que la jueza volverá a su juzgado esta semana y se ocupará de sentar la posición del juzgado sobre el caso.