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Arizona, lo dice su nombre, es una zona. Zona árida, pero zona al fin. No llega a ser un lugar. A mitad de camino entre Texas y California, parte hippie, parte cowboy. Tiene una megalópolis como Phoneix (5,5 millones de habitantes) que es un monumento al modernismo, y una capital como Tucson (un millón) que es un ícono del Far West. Arizona es grande como la Patagonia, pero el noventa por ciento de su población se concentra en sus dos grandes ciudades. Ahí se ubican dos universidades estatales de buen nivel y legendarios logros deportivos como los “Gatos Salvajes” de Arizona y los “Demonios del Sol” de Arizona State. También un diario “liberal” de lo más respetados e influyentes del oeste norteamericano como el Phoenix Sun. No hay mucho más. Aquí y allá una población de 280 mil indígenas, casi todos muy pobres. Al oeste una perla de pueblos, ciudades y emprendimientos agrícolas sobre la cuenca del río Colorado. Al este y al norte minas de cobre y el Gran Cañón. Al sur, el desierto de Sonora y más de mil kilómetros de frontera seca con México. Aquí y allá 280 mil aborígenes nativos, casi todos pobres y marginados. Todo eso en medio de grandes extensiones de planicies polvorientas y deshabitadas.

Arizona no es ni grande ni chica ni importante ni marginal. Arizona no tiene canción. Es una gran autopista, un gran laboratorio. Zona árida como dice su nombre, de tierra mezquina y tránsito fatigoso.

Los políticos de Arizona son tan híbridos como el distrito que representan. Demócratas conservadores como Janet Napolitano o republicanos liberales como John McCain, políticos que reflejan la ambivalencia de sus votantes. Arizona es, junto a Ohio y Florida, uno de los llamados “swing states”, los que suelen decidir las presidenciales porque su voto oscila entre demócrata y republicano. Arizona es un buen lugar para medir el humor social de Estados Unidos.

Bueno, esta semana el termómetro se rompió. Estalló en pedazos cuando el Congreso de este estado insulso aprobó una ley antiinmigrante que parece escrita para la Alemania nazi o la Sudáfrica del apartheid.

La ley permite que cualquier persona pueda ser revisada si un policía sospecha que se trata de un inmigrante ilegal, y convierte en crimen la no portación de documentos de identidad. Como en Arizona casi todos los inmigrantes ilegales son morochos y vienen de México, la ley prácticamente le ordena a la policía detener gente por portación de cara. O por “respirar siendo de ascendencia mexicana”, como describió un político local.

La ley desató un escándalo nacional e internacional. Juristas respetados denunciaron su manifiesta inconstitucionalidad en los diarios más importantes del mundo. Tras recibir quejas de las cancillerías de México y de los países de Centroamérica, Obama salió a decir que la ley le parecía un error. “Una persona puede ser estadounidense de tercera generación y no poder salir de su casa tranquila porque podría ser detenida por tener rasgos latinos. No me parece bien”, declaró. Napolitano, secretaria de Seguridad del gobierno, dijo que la ley promovía la inseguridad. “Nos obliga a las agencias federales a procesar a los detenidos por la ley estatal, y eso nos quita recursos para perseguir a los inmigrantes peligrosos”, argumentó.

La extrema derecha con Sarah Palin a la cabeza no dejó pasar la oportunidad. Además de defender la ley racista con giros patrioteros, la ex gobernadora de Alaska acusó a los grandes medios (“the lamestream media”) de descalificar la iniciativa no por inconstitucional sino por ideología.

Subidos a la ola de publicidad, media docena de legisladores ultraconservadores propusieron leyes similares en sus respectivos estados, aun sabiendo que no tienen chance. En cambio, los líderes del Partido Republicano eludieron el tema, conscientes de que su base política está a favor, pero también que los hispanos representan el sector de mayor crecimiento demográfico en el país.

La reacción del sector progre del Partido Demócrata no se hizo esperar. Un legislador nacional hispano por Arizona llamó a un boicot de convenciones en ese estado, cuya industria turística ya venía golpeada por la recesión. La ciudad de San Francisco adhirió rápidamente a la propuesta y una sociedad de abogados hispanos anunció que cancelaba su reunión anual en Tucson. Ayer hubo grandes manifestaciones de repudio a la ley en todo Estados Unidos (foto) y algunas pequeñas contramanifestaciones en el sur de apoyo a la ley y a la decisión de la gobernadora de no vetarla.

La ley aún no ha sido implementada y está por verse si supera el control constitucional de la Corte Suprema ante un desafío legal del gobierno federal como el que prometió el fiscal general Eric Holder. Tampoco está claro el criterio que seguirá la policía en caso de implementarse, ya que en Arizona uno de cada tres de sus habitantes tiene ascendencia hispana.

Pero el pasaje de semejante ley en un estado como es Arizona no deja de ser una señal. ¿Cómo puede ser que los representantes de un estado tan moderado hayan votado una ley tan picante en contra de los inmigrantes?

Como suele suceder en estos casos de patente intolerancia, el detonante fue un caso policial. El brutal asesinato de un granjero y la huida de los asesinos a través de la frontera. Al mejor estilo Blumberg, la ola de indignación empujó el pasaje de la ley de mano dura. Detrás había un coctel nefasto de recesión, inseguridad, racismo y política. A la crisis económica con desocupación record que no termina de resolverse hay que sumarle la ola de violencia desatada por los narcos en México, que empieza a cruzar la frontera. A lo que hay que agregarle la discriminación histórica que sufren los latinos en Estados Unidos, exacerbada por la presencia de un negro en la Casa Blanca. Todo eso al calor de una campaña electoral. Resulta que tanto la gobernadora Jan Bewer como el senador McCain enfrentan rivales de extrema derecha en la primaria republicana. Esos rivales que no tendrían chances en la general por su prédica extremista, pero juntan apoyo entre los republicanos como para correr por derecha a las principales figuras del partido. Por eso, para no mostrarse como blandos en un tramo decisivo de la campaña, Brewer firmó la ley después de mucho dudar, y McCain le dio un tibio apoyo, pero apoyo al fin.

¿Cómo sigue esto? Imposible saberlo, pero es probable que la decisión de Arizona acelere el proyecto de ley de reforma migratoria que impulsa Obama, hasta ahora sin mucho apuro. La idea es legalizar a los doce millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos, a cambio de más recursos y penas más duras para vigilar la frontera y castigar a patrones que contraten a indocumentados. Esa es la misma fórmula que se viene repitiendo desde hace un siglo. La última reforma exitosa fue la de Reagan en 1986 y Bush hijo fracasó hace dos años con un proyecto consensuado con Ted Kennedy. Si se aprueba, la nueva ley será fruto de un consenso tan amplio y trabajoso que Arizona no tendrá otro remedio que adaptarse.

El problema pasa por otro lado. Estados Unidos adoptó hace dos meses la decisión estratégica de tratar a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones no ya criminales sino directamente terroristas. Esa decisión se tradujo en el envío a México de expertos estadounidenses en contrainsurgencia para entrenar a las fuerzas de seguridad locales. Nadie puede negar que los narcos mexicanos han cometido crímenes atroces contra civiles que bien pueden catalogarse de terrorismo. Ni que el gobierno mexicano fracasó en la guerra antidrogas ni que ese fracaso representa la amenaza para la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Pero al mezclarse con el tema migratorio, el enfoque antiterrorista de la Casa Blanca coloca a toda la población latina en estado de sospecha. Ya le pasó a la comunidad islámica después del 911, con las razzias ordenadas por el gobierno de Bush. Ya les pasó a los estadounidenses descendientes de japoneses que fueron internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al menos en una zona de Estados Unidos, hasta que no se demuestre lo contrario, el terrorista sos vos.

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