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El Banco Central ampliará sus funciones y cambiará de objetivos para incluir, además del control de la inflación, el de- sarrollo económico con equidad y la estabilidad financiera. Las modificaciones a la Carta Orgánica enviadas por CFK al Congreso no sólo redireccionan el accionar del organismo hacia la economía real, sino que amplían el arsenal del BCRA para regular y orientar el crédito productivo de largo plazo, subsanan limitaciones al accionar del banco que promovían nichos de negocios financieros y extienden su alcance marco regulatorio a actividades hasta ahora ignoradas.

La iniciativa, explicó la Presidenta, apunta a plasmar en el marco normativo el actual funcionamiento de la política macroeconómica. Junto con la ampliación de los objetivos del banco se eliminan resabios de la convertibilidad (ver aparte). Para eso se modifica la obligación de mantener una relación directa entre la base monetaria –billetes y depósitos en la economía– y la cantidad de reservas. Ese concepto funcional al 1 a 1 será reemplazado por una nueva forma de determinar el nivel de “reservas óptimas”. El proyecto dispone que cuando el stock de divisas supere ese punto, el excedente podrá ser destinado al pago de vencimientos de deuda externa.

El proyecto, cuya elaboración y debate interno comenzó seis meses atrás, ya despertó la oposición pública de un conjunto de ex presidentes del banco que hoy conduce Mercedes Marcó del Pont, como el desplazado Martín Redrado o el diputado de la Coalición Cívica y otrora jefe de Estrategia del Area de Monedas del banco de inversión JP Morgan. En el Gobierno y el Banco Central no tienen dudas de que el sistema financiero también responderá con críticas directas e indirectas, a través de distintos lobbistas. El debate parlamentario comenzará esta semana.

- Triple mandato: El Banco Central ampliará su mandato para perseguir objetivos múltiples. La estabilidad de precios, meta única y exclusiva instalada en 1992, pasará a estar acompañada por “el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera”. Los cambios en los objetivos del BCRA recuperan mandatos existentes en el organismo desde su creación en 1935 y bajo gobiernos de distinto signo político como el pleno empleo, el crecimiento económico y el desarrollo. Las nuevas metas son similares a las perseguidas por los bancos centrales de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Turquía y Vietnam, entre otros.

El fracaso de los bancos centrales limitados a perseguir “metas de inflación” sin atender la economía real quedó en evidencia durante la crisis donde muchos de los bancos más conservadores debieron ir más allá de su mandato para evitar un estallido del sistema financiero y sus economías. Así, un extenso grupo de países –Uruguay, México, Rusia, Alemania, India, Inglaterra y el Banco Central Europeo, entre otros– impulsó reformas en la Carta Orgánica de sus bancos centrales entre 2008 y 2010.

“La actual Carta Orgánica del Banco Central está disociada de este modelo productivo. La nueva normativa deja en letra escrita lo que se viene haciendo en los últimos años. La autoridad monetaria pasará a tener como objetivo la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social”, explicó Mercedes Marcó del Pont a Página/12. El último punto, “el desarrollo económico con equidad social”, contempla un amplio espectro de objetivos como la creación de empleo, el crecimiento económico, la distribución del ingreso y también la cuestión medioambiental. También incluye la preservación de un tipo de cambio real acorde con el modelo. Hoy la estructura productiva argentina requiere un tipo de cambio competitivo pero ese nivel no es necesariamente el mismo que se necesite para cumplir los objetivos macroeconómicos dentro de veinte años, explican en el Banco Central.

La decisión no implica que el BCRA dejará de “preocuparse” por la inflación, sino más bien se deshace de la visión monetarista del fenómeno donde el único causante de los aumentos de precios es la emisión monetaria y un exceso de la demanda. En cambio, reconoce que el Banco Central y su accionar no sólo afectan los precios sino también, y fundamentalmente, la economía real. A su vez, permite realizar un abordaje de la inflación más complejo donde inciden distintos factores como la puja distributiva y el sector externo.

Los cambios sintonizan el accionar del BCRA con los objetivos de la política macroeconómica del Gobierno pero preservan la independencia del Banco Central, un aspecto central en la matriz neoliberal de las autoridades monetarias instalado en la década del ochenta.

- Impulsar crédito: En Argentina el crédito representa solamente el 14 por ciento del PIB, se trata de un nivel bajo en términos históricos y a nivel regional. A su vez, esos préstamos están concentrados en los sectores que más rentabilidad brindan a los bancos: el consumo y el comercio exterior. Hoy el Banco Central cuenta con herramientas muy limitadas para potenciar el crédito como diferenciar encajes –la porción de los depósitos que deben mantener inmovilizados los bancos– para beneficiar a pymes o economías regionales. “No existen ejemplos en el mundo de despegue económico exitoso donde el crédito a la inversión de largo plazo no haya jugado un papel trascendental en el proceso de desarrollo”, explican en el equipo económico.

Por eso, las modificaciones otorgan a la autoridad monetaria un rol activo en la promoción del crédito productivo de largo plazo. Para eso podrá regular las condiciones de los préstamos: extender plazos, fijar techos para las tasas de interés, orientar el destino hacia cualquier sector productivo o región, limitar las comisiones y los cargos.

“No nos vamos a convertir en una banca de desarrollo. Los cambios en la legislación nos dan facultades para recuperar el crédito. Pero se trata de un proceso que va a avanzar lentamente, que requiere un abordaje integral tanto desde la oferta como la demanda de crédito”, explicó Marcó del Pont. Los cambios dotarán al BCRA de las mismas facultades para regular el crédito de países como México, Perú y Colombia. El Banco Central de Brasil posee la capacidad para “ejercer el control del crédito sobre todas sus formas”.

- Ampliar el perímetro: La necesidad de re-regular el sistema financiero a partir del estallido de la crisis financiera avivó debates en todas partes del mundo. Si bien en Argentina el sistema financiero no desarrolló instrumentos como los que detonaron la burbuja crediticia en Estados Unidos, existen amplios sectores que no están cubiertos por ningún marco regulatorio o con escasa normativa. El proyecto apunta a subsanar esas zonas grises y deja abierta la posibilidad de extender el ámbito de influencia del BCRA a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias hacia nuevas actividades cuyo accionar tenga directa o indirectamente efectos sobre el sistema financiero.

La nueva legislación especifica un conjunto de sectores que serán regulados como las cámaras compensadoras o casas de clearing, los sistemas de pagos –empresas como Pago Fácil, Rapipago o Pagomiscuentas.com–, las empresas que permiten el envío de remesas al exterior y las transportadoras de caudales. En el primer caso, la necesidad de establecer un marco regulatorio responde al riesgo sistémico potencial que puede generar una falla en el funcionamiento del clearing bancario y del resto del sistema financiero. Las remesadoras, firmas como Western Union, que mueven un monto significativo de divisas, se encuentran en un gris regulatorio que incluso preocupa a las mismas compañías. Finalmente, las transportadoras de caudales, como Prosegur, Brinks o Maco, fueron señaladas como un factor en la cadena de circulación de dinero que agudizó los faltantes de billetes y monedas. Cuando se registraron esos inconvenientes, el BCRA no tenía facultades para requerirles ningún tipo de información. Esos vacíos legales serán subsanados si se aprueba el nuevo proyecto.

- Protección del usuario: La legislación impulsa cambios para prevenir el abuso en las relaciones entre el sistema financiero y sus clientes que al momento de reglamentar la ley implicará la creación de un área específica en el BCRA. La nueva Ley de Entidades Financieras que impulsa el diputado Carlos Heller crearía un organismo similar, aunque la legislación propuesta por CFK no contempla que el sistema financiero sea considerado un servicio público.

La Ley de Entidades Financieras vigente faculta en su artículo 30 a regular las tasas de interés o las comisiones y cargos pero solamente en casos de problemas de liquidez y solvencia. El sistema financiero no está en crisis: cuenta con liquidez y se encuentra solvente. Por lo tanto, la autoridad monetaria no puede poner en práctica esas atribuciones. Los cambios propuestos por CFK extienden esas facultades a cualquier escenario macroeconómico para prevenir desde situaciones de usura como las tasas de interés abusivas que cobran las tarjetas de crédito cuando hay un sobregiro o los elevados costos financieros de los créditos personales, hasta aspectos vinculados con el riesgo sistémico, como la limitación de las garantías reales en los créditos hipotecarios. Si se aprueba la legislación, aspectos como la regulación de las tasas de interés que cobran las mutuales a los jubilados no requerirán más un decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta, sino que se resolverán a través de una normativa del Banco Central.

- Defensa de la competencia: Las normas incorporan a las funciones del BCRA la necesidad de limitar la concentración en el sistema financiero y evitar el abuso de posiciones dominantes. Así, la autoridad monetaria colaborará activamente con las comisiones nacionales de Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia. Actualmente el BCRA es el responsable de aprobar o denegar cualquier fusión o adquisición, recientemente autorizó la venta de la filial argentina del Standard Bank al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), pero no puede rechazar una operación por cuestiones de concentración económica. Los cambios habilitan a la autoridad monetaria a contemplar esos aspectos.

- Superintendencia: En el BCRA señalan que la iniciativa potencia el rol del organismo encargado de supervisar y auditar todo el sistema bancario, así como de autorizar las fusiones y adquisiciones entre entidades. Hoy la Superintendencia es un órgano “desconcentrado” y con los cambios su actuación será dirigida por el presidente del Banco Central. Así, argumentan en el Central, el organismo será “jerarquizado”, al tiempo que se extiende su alcance de regulación y supervisión a nuevas actividades.

Con los cambios, se concentra en una misma cabeza, el directorio del organismo, un conjunto de decisiones referidas a la política monetaria y la estabilidad financiera. En el Banco Central enfatizan que el movimiento está en sintonía con la experiencia internacional: En 2001 el gobierno inglés creó la Autoridad de Servicios Financieros (FSA, por sus siglas en inglés) como un organismo separado de su banco central para regular el sistema financiero, el año pasado luego del estallido de la crisis donde el gobierno llegó a nacionalizar un banco, se comenzó a planificar la desintegración de la FSA para consolidar la regulación con la política monetaria en el Banco de Inglaterra.

Si bien en el BCRA no lo reconocen, la Superintendencia se convirtió en un nicho de negocios financieros. A comienzos del año pasado el entonces superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del organismo autorizó a un conjunto de bancos extranjeros a distribuir dividendos, que fueron girados al exterior, por una cifra cercana a los 800 millones de dólares sin consultar a las autoridades del BCRA. Los cambios en la legislación imposibilitarán que se repita una situación similar.

- Un detalle no menor: Actualmente los directores del BCRA no pueden ser “accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación”. Así, por ejemplo, la presidenta del Banco Central tuvo que renunciar a su cargo en el Banco Nación cuando asumió. Pero la redacción del artículo 8 de la Carta Orgánica presenta zonas grises, ya que no precisa que tampoco pueden ser directores quienes se desempeñen en actividades como sociedades de Bolsa u otras actividades financieras. La nueva legislación amplía la incompatibilidad a cualquier negocio financiero y quien acceda al directorio del BCRA deberá renunciar a otras actividades en el sector.