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Los problemas económicos que afronta Buenos Aires han comprometido el normal desarrollo del ciclo lectivo en la provincia, donde ya el año pasado se había propuesto desdoblar el pago del medio aguinaldo a los empleados estatales por falta de fondos. Recientemente, un nuevo paro convocado por el Frente Gremial Docente Bonaerense ha reavivado un conflicto que parece no tener resolución definitiva y que vuelve a exponer los inconvenientes financieros que afronta Scioli.

El gobernador acusa presiones políticas de parte de los gremios docentes, con intentos de desestabilización que trascienden la mera disputa salarial. Más o menos explícitamente, el argumento va en sintonía con el planteo de otros mandatarios provinciales, que suelen culpar al gobierno nacional por cierto ahogo financiero, manejando recursos en forma discrecional para disciplinar políticamente a dirigentes no alineados. Los medios dominantes amplifican el mensaje que pareciera identificar al Poder Ejecutivo nacional como el único responsable de todos los problemas económicos de las provincias. Contribuyen así a simplificar situaciones que son complejas y donde quienes se presentan como víctimas son en realidad parte del problema.

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe acuerdan en reclamar un replanteo del sistema de coparticipación federal. Vigente desde 1988, el mismo luce extemporáneo en relación con las transformaciones financieras y demográficas de cada jurisdicción durante los últimos 25 años. Sin embargo, la falta de revisión del esquema actual no remite a la poca voluntad de la administración central, sino a un complejo diseño institucional en función del cual una modificación requiere de un acuerdo de todas las partes involucradas. Al mismo tiempo, en el análisis de los motivos por los cuales hay jurisdicciones con serios problemas financieros se descuida la responsabilidad de las mismas provincias en el deterioro de sus cuentas públicas, teniendo en cuenta que durante años se beneficiaron de un ciclo económico expansivo que bien podría haberles permitido implementar reformas de fondo para aumentar la participación de impuestos propios en la recaudación.

La disputa sobre la coparticipación entraña la tensión de dos criterios inherentes a la manera en que se define la distribución de la torta: el devolutivo y el redistributivo. El primero de ellos es el que defiende Buenos Aires: aporta casi el 40 por ciento del PBI nacional, concentra el 38 por ciento de la población y en su territorio se explica el 48 por ciento de la industria, pero sin embargo recibe el 20 por ciento de la coparticipación. Desde la otra perspectiva, en cambio, el sistema procura ser solidario y compensar la desigualdad económica y social entre las provincias, donde el esfuerzo de las más ricas compense a las más pobres en procura de un desarrollo equilibrado de todas las jurisdicciones.

Mientras se define cuál de los dos principios debería primar en una nueva discusión sobre el sistema de coparticipación, Buenos Aires podría ir haciendo su parte para atenuar su persistente déficit y evitar la conflictividad social creciente en su territorio. Se trata de la provincia que mayor volumen de recaudación propia tiene y cuya estructura tributaria continúa con una importante incidencia de impuestos regresivos –pese a algunas reformas impulsadas en el último tiempo– y un universo de sectores de potencial mayor capacidad contributiva que todavía siguen gozando de una exigua presión fiscal. En la década del ’80, el aporte del inmobiliario en la provincia equivalía a más de un 35 por ciento de la recaudación total, pero actualmente su incidencia no llega al 10.

Por lo tanto, reducir los desequilibrios financieros provinciales a un esquema de coparticipación desactualizado es una mirada sesgada de un proceso mucho más complejo que compete a las provincias. El relato “federalista”, según el cual la Nación las somete y subyuga, les permite a ciertos gobernadores identificar un culpable ajeno para unificar sus demandas y descomprimirlos de una tarea central de cualquier Estado, como es la de cobrar impuestos y gravar la riqueza en pos de una mejora en la distribución del ingreso.

* GEENaP.

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