“Si yo tengo que poner plata, pongo. Pero también tienen que poner los bancos. Los empresarios que van a participar son muchísimos más de los que se imaginan. De todos los niveles, pequeños, medianos y grandes, porque hay algunos que van a poner más. De todos modos, en este momento es una indefinición total”, señaló ayer el empresario Eduardo Eurnekian, titular de Corporación América, con fuerte peso en los negocios petroleros, aeropuertos e infraestructura, en relación con una potencial participación del sector privado para destrabar la situación con los fondos buitre. Entre firmas de capital nacional existen conversaciones incipientes para analizar la situación, aunque los montos involucrados parecen exceder la capacidad del empresariado argentino. En otros sectores con presencia de las multinacionales no hay registro de negociaciones. En la arena internacional, un grupo de bancos analiza comprar la deuda buitre.

La negativa del juez Thomas Griesa de reponer la medida cautelar que permitiría al Gobierno negociar con los buitres mientras los bonistas del canje seguirían cobrando los vencimientos de los bonos reestructurados abrió una ventana para que otras formas de acuerdo cobren valor. La posibilidad de que el sector privado intervenga y compre la deuda a los fondos buitre permitiría al Gobierno evadir la cláusula RUFO, que impide hacer mejores ofertas a los buitres que a los bonistas del canje.

Con esa expectativa circuló la semana pasada la posibilidad de que los bancos de capital nacional nucleados en Adeba destrabaran el partido. Viajaron hacia Nueva York un grupo de banqueros, pero su gestión fracasó. No sólo el propio fondo buitre Aurelius tildó de poco seria la propuesta de Adeba, sino que el Gobierno la descalificó por dos motivos. En primer lugar, el Banco Macro y el Galicia, ambos en Adeba, tienen participación de la Anses en su paquete accionario, luego de la estatización de las AFJP. De modo que su intervención podía haber sido leída como una violación a la cláusula RUFO, porque en algún sentido sería el Estado quien guiaría la negociación. Por otro lado, se supo que los bancos querían asegurar la operación mediante Sedesa, una compañía conformada con los depósitos de los ahorristas. “El fraude de los buitres se iba a tapar con un fraude a los ahorristas”, les dedicó el ministro de Economía, Axel Kicillof.

En los últimos días, empresas de otros sectores y bancos nacionales y extranjeros volvieron a analizar una oferta a los buitres. Según la información difundida por la agencia Reuters, JP Morgan Chase, Citibank y el HSBC negocian con NML Management y compañía un precio de los bonos en default y podría haber novedades de esa gestión la semana próxima. Por otro lado, en el empresariado local también podrían asomar novedades.

“Hay consenso, y en esto puedo hablar en nombre de los empresarios, en que queremos que esto se solucione, que se arregle de la mejor manera posible. Yo no sé cómo se va a arreglar, ésta es una cuestión entre abogados y financistas y los argumentos legales pareciera que son complejos. Hay bancos y empresas que preguntan cómo se puede colaborar, aunque hasta ahora no hay nada en concreto”, señaló ayer Eurnekian.

El titular de Corporación América tiene buena llegada a Kicillof, aunque negó que el Gobierno estuviera teniendo injerencia en una potencial oferta de los privados a los buitres. “No hablamos con el Gobierno. Sí les dijimos que estamos en esto, que hay buena voluntad”, indicó. La “buena voluntad” sería casi desmedida: “Yo me imagino a los bancos y empresas poniendo plata por la Argentina. No-sotros no participamos en el cómo”, se ilusionó Eurnekian. Según el empresario, la iniciativa “no prospera porque hay un montón de problemas de la letra chica y de los contratos, no es algo fácil”. También enfatizó que “el Gobierno es exógeno a todo esto”, un argumento que cubre al Estado del peligro de la cláusula RUFO, a través de la cual los bonistas del canje podrían reclamar que se les pague lo mismo que lo que exige Griesa para los buitres, es decir la totalidad de la deuda antes de la reestructuración, lo que desataría demandas siderales.

Un empresario de la construcción consultado por este diario coincidió con Eurnekian en que “hay charlas informales entre los empresarios para ver en qué se puede aportar para que la situación no se deteriore”. En cambio, fuentes del sector cerealero, de las electrónicas de Tierra del Fuego y empresas ligadas el sector energético negaron que les hubiera llegado una propuesta.