“El presidente de los Estados Unidos cuenta con una facultad constitucional que se llama cláusula de separación de poderes. Significa que un presidente puede decirle a un juez que está interfiriendo en las relaciones con otro país. George Bush –ex presidente norteamericano– intervino e invocó esta facultad contra el mismo fondo buitre de Paul Singer que hoy ataca a la Argentina y en su momento quiso embargar activos de la República del Congo. Yo no sabía esto y me sorprendió.” Con esas palabras, la presidenta Cristina Fernández trajo a escena un desconocido artilugio en la legislación estadounidense que podría contribuir a destrabar el litigio con los fondos buitre, si hubiera voluntad política del Ejecutivo de ese país. De fondo aparece un significado todavía más contundente en el comentario de CFK porque, dado este antecedente, el presidente Barack Obama tiene directa responsabilidad en el desequilibrio financiero que está generando el fallo del juez Thomas Griesa. CFK también volvió a criticar el accionar del juez.

La novedad surge de un artículo publicado ayer en el periódico inglés The Guardian firmado por el periodista Greg Palast y titulado “¿Cómo Barack Obama podría terminar la crisis de deuda argentina?”. La amenaza financiera sobre la economía argentina a raíz de la sentencia del juez Griesa, quien impide cobrar a los bonistas sin antes pagar la totalidad de la deuda a los fondos buitre, podría destrabarse de manera simple, asegura Palast. Al parecer, “una simple nota” firmada por Barack Obama a la Justicia suspendería los efectos del fallo. “Pero el presidente, mientras oficialmente apoya a la Argentina, no ha hecho esto, que podría salvar a Buenos Aires del default”, afirma Palast.

Esa facultad del presidente de los Estados Unidos para interceder en las decisiones de la Justicia de ese país está contemplada en una cláusula de “separación de poderes” inscripta en la Constitución norteamericana. “Bajo el principio conocido como comity –en inglés, cortesía–, Obama sólo tiene que informar al juez Griesa que el caso Singer interfiere con la autoridad del presidente para conducir la política exterior”, plantea Palast.

Y no se trata de una norma que habría que desempolvar de la etapa de la Guerra Fría. Algunos años atrás, el por entonces presidente George Bush invocó esa cláusula en un litigio que el mismo Paul Singer ganó a la República del Congo, a partir del cual también pretendía aplicar embargos. Y lo hizo a pesar de que Singer es un empresario influyente del Partido Republicano, en el cual se inscribe Bush pero no Obama, elegido por el Partido Demócrata.

En el discurso que ofreció ayer, CFK mencionó el artículo de The Guardian, en un mensaje con fuerte contenido político. Al citar la herramienta que tiene a mano Obama, en forma solapada lo hizo también responsable de lo que ocurre por la inédita situación financiera desatada con la sentencia de Griesa. La crítica de CFK abona también la lectura “sistémica” del fallo, aquella que desacredita una supuesta condición de senilidad de Griesa y en cambio pondera que la decisión del juez fue ratificada por la Cámara de Apelación y la Corte Suprema al decidir no tomar el caso y también por el gobierno norteamericano, que no hizo uso de la cláusula de separación de poderes.

Además, la Presidenta volvió a criticar a Griesa. Indicó que las resoluciones dictadas por el magistrado “no tienen pies ni cabeza” y advirtió que “un juez municipal quiere llevarse por delante la soberanía de un país”. Planteó que los fondos pagados por Argentina pero que el juez impide cobrar a los bonistas del canje “están en un limbo jurídico”.

CFK recordó que la propia Casa Blanca se vio asediada por los fondos buitre. Es que uno de los últimos y más rentables negocios de Paul Singer fue a través de Elliott en Estados Unidos, al adquirir y especular con la autopartista Delphi, una ex subsidiaria de General Motors, empresa prácticamente estatizada luego del estallido de la crisis subprime. Cuando se pinchó la burbuja especulativa, su fondo desembarcó en Delphi, donde se convirtió en accionista controlante. Primero adquirieron su deuda por un 20 por ciento de su valor nominal y luego sus acciones, pagando sólo 67 centavos por acción. Cuando salieron al mercado nuevamente esos títulos cotizaron 22 dólares, una ganancia del 3 mil por ciento.