El primer paso formal para intentar que los acreedores del país reciban sus rentas a pesar del bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa se dio ayer con la firma del contrato con Nación Fideicomisos. Como establece la Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa, el Ministerio de Economía abrió en el Banco Central dos cuentas especiales a nombre de la entidad que reemplaza al Bank of New York Mellon (BoNY). En una serán depositados los fondos correspondientes a los próximos vencimientos de la deuda reestructurada. La otra será utilizada para los pagos a cuenta al 7,6 por ciento de fondos buitre y holdouts que todavía no ingresaron al canje, quienes sólo podrán acceder a esos fondos si aceptan cambiar sus bonos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda. El nuevo contrato de fideicomiso fue publicado a través de una resolución del Palacio de Hacienda en el Boletín Oficial. Desde Nueva York, Griesa convocó para mañana a los abogados que representan al país a una nueva audiencia para que argumenten por qué Argentina no debería ser declarada en desacato. La convocatoria fue a pedido de los buitres encabezados por el fondo NML Capital, quien incluso sugirió imponerle a la Argentina una multa de 50 mil dólares diarios.

El nuevo mecanismo de pago de la deuda a través de Nación Fideicomisos, que reemplazará al desplazado Bank of New York Mellon (BoNY), debutará el martes 30 de septiembre. Ese día se deben cancelar 190 millones de dólares de intereses de los bonos Par. La medida no tiene garantizado su éxito, reconocen en el equipo económico, pero aseguran que es la mejor opción disponible para cumplir en tiempo y forma con los acreedores. En el equipo económico sostienen que no podían volver a depositar en las cuentas del BoNY ya que, de hacerlo, éste incumpliría con sus obligaciones contractuales en respuesta a las órdenes de Griesa.

El paso siguiente será notificar a los tenedores de bonos la designación de Nación Fideicomisos como fiduciario. A partir de ese momento se abren diferentes caminos para las distintas series de bonos que requieren la participación activa de los fondos propietarios de los títulos. Los tenedores de bonos regidos con ley europea podrían, por ejemplo, solicitarle a Euroclear –el eslabón siguiente en la cadena– que les transfiera los fondos a sus cuentas. La casa de clearing radicada en Bélgica, donde existe una legislación antibuitres, deberá tomar una decisión. Si esa empresa canaliza los fondos a los acreedores, el bloqueo de Griesa se vería reducido a los bonos con legislación norteamericana, por los que Argentina podría ofrecer en las próximas semanas el canje de esos papeles por otros idénticos, pero con legislación argentina o francesa.

Ningún camino asegura que la totalidad de los acreedores acceda al menú propuesto por Argentina ya que, por ejemplo, como el objetivo es eludir a Griesa, Nación Fideicomisos no cumple con los requisitos establecidos por el contrato de fideicomiso. La Secretaría de Finanzas mantuvo a lo largo de la última semana diferentes reuniones con inversores para evacuar los interrogantes sobre el nuevo mecanismo de pago. Tampoco se puede descartar que el BoNY –la entidad todavía retiene 539 millones de dólares de los acreedores pagados por Argentina el 26 de junio– se oponga al desplazamiento y decida accionar por la vía judicial.

En tanto, el tribunal del juez distrital neoyorquino tiene agendadas para mañana dos reuniones: una solicitada por el Citibank y la otra por los fondos buitre. La convocatoria realizada a pedido del holding financiero será para discutir la solicitud del banco para que su subsidiaria argentina sea autorizada a cursar los próximos pagos de vencimientos de interés de los bonos en dólares con ley argentina en manos de acreedores fuera del país. Esos títulos también fueron afectados por las decisiones de Griesa. “Los bonos emitidos bajo la legislación argentina son diferentes a los títulos sujetos a las órdenes de este tribunal”, afirmó el viernes pasado el juez a Karen Wagner, la abogada del Citi. A pesar del errático y dubitativo comportamiento del juez, sus afirmaciones parecerían indicar que los pagos de esos papeles quedarían excluidos de su bloqueo.

El encuentro pedido por los buitres será protagonizado por los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton contratados por el país. Los demandantes le pidieron al juez que “declare al país en desacato, lo multe con 50 mil dólares diarios y le imponga otras sanciones” por incumplir con la sentencia que obligaría al país a pagarles 1330 millones de dólares más intereses. Los letrados que defienden al país deberán argumentar, según definió Griesa, por qué no debería avanzar en ese camino. Los buitres, en tanto, siguen ejerciendo presión a través de los medios y en acciones de lobby puntuales para obtener lo que reclaman.