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La devaluación, el ajuste y la reducción del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones asoman cada vez con más riesgo. Las señales que fue enviando el nuevo gobierno a lo largo de la semana apuntaron en esa dirección. Mauricio Macri luce convencido de lo que hará y anticipa que no tiene sentido esperar cinco meses para llegar a un tipo de cambio único. Si bien omite precisar cuál sería el precio al que saltaría el dólar, insiste en la necesidad de pegar el volantazo y pide confianza a la sociedad para que lo acompañe en la aventura. Los sectores empresarios que ganarían con la devaluación lo llenan de elogios y un universo considerable de trabajadores lo sigue como al flautista de Hamelin. Otros miran la escena entre preocupados e impotentes por lo que parece venir. Mientras tanto, los precios de una gran cantidad de rubros aceleraron la suba, que empezó a gestarse a principios de noviembre, cuando el ahora designado ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anticipó que el dólar oficial treparía en caso de que ganara Cambiemos. No hay empresario que no dé por sentada una pronta escalada de la divisa y por ello retienen mercaderías, todavía de un modo más o menos disimulado por los reparos que les genera un gobierno que aún no se fue. El ajuste de precios “preventivo” y los indicios de desabastecimiento son, como tantas veces en la historia económica argentina, el preanuncio de la tormenta devaluatoria.

La elección de empresarios y economistas neoliberales para puestos de relevancia del nuevo gobierno refuerza la idea de que no les temblará el pulso. Los antecedentes de figuras como Prat-Gay, Federico Sturzenegger –presidente del Banco Central–, Carlos Melconian –Banco Nación– y Rogelio Frigerio –ministro del Interior– dan entidad a las sospechas de que la salida a la restricción externa que intentará Macri es la del ajuste ortodoxo. Las dudas pasan por la velocidad y la intensidad de aplicación. Algunos creen que será muy rápido y muy fuerte, más cuando escuchan al presidente electo decir que el 11 de diciembre levantará el mal llamado cepo y dejará de lado el gradualismo en la corrección cambiaria. Otros consideran que esa opción es demasiado arriesgada por cómo terminaron las elecciones. La diferencia fue de dos puntos, no de diez. La porción derrotada de la sociedad está en estado latente de movilización y dolida. Su resistencia a medidas impopulares podría hacer naufragar el plan si el gobierno no mide bien las sensibilidades, como ya le pasó una vez a Ricardo López Murphy, si bien es cierto que el escenario político de 2001 y 2015 son muy distintos.

Con shock de días o gradualismo de un par de meses, el destino de la política económica parece ser el mismo: devaluación, ajuste y endeudamiento. La otra pata del plan DA-DA es la apertura comercial. En este punto, el futuro ministro de Producción, Francisco Cabrera, prometió a industriales de sectores sensibles que habrá una tregua de seis meses para empezar a desmontar las barreras de la protección.

Con ese plan, el salario, las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones que entrega la seguridad social perderán poder de compra si no logran empardar la inflación desatada por el incremento del dólar. Desde el equipo económico de Cambiemos dejaron trascender que estarían dispuestos a habilitar paritarias dos veces el próximo año para amortiguar el impacto. Habrá que ver cómo queda la cuenta final entre inflación e ingresos, pero en principio existen motivos para temer una dura pérdida de la capacidad de consumo.

El kirchnernismo contrapone a ese camino su propia experiencia. La recomposición del poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y pensionados fue desde el primer momento un objetivo central de la política económica. El proceso de inclusión laboral, previsional y a la seguridad social conformó una plataforma de consumo con escala suficiente para rescatar a decenas de sectores industriales hundidos en los 90, comerciales y productivos en general. En un contexto internacional donde todos los países de Sudamérica sufren por la caída de los precios de las materias primas, que constituyen la base de sus exportaciones, la Argentina puede exhibir buenos resultados. El mejor es la desocupación de 5,9 puntos, la más baja en 28 años. Para quienes descreen del Indec, mediciones privadas de empleo –por ejemplo en la construcción– ratifican que los niveles de ocupación son de los máximos históricos.

Sin embargo, tasas de inflación de dos dígitos por casi una década generaron la percepción en amplios sectores sociales de un achicamiento en su poder de compra. Por más que los niveles generales de consumo crecieron de manera contundente durante el kirchnerismo en la gran mayoría de los rubros –alimentos, autos, textiles, turismo, electrodomésticos, servicios públicos, transporte, entre otros–, el movimiento permanente de los precios distorsiona el proceso. Más allá de esa dinámica, lo cierto es que al comparar la inflación y la evolución de los ingresos, éstos últimos han ganado por amplio margen y empujaron hacia arriba el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales.

En el caso de los jubilados, el aumento de la capacidad de compra ha sido notable. En 2003, la jubilación mínima era de 220 pesos, que alcanzaban para comprar 171 litros de leche en sachet (a 1,29 pesos por unidad). En la actualidad, el haber mínimo es de 4299 pesos, suficientes para adquirir 419 litros en sachet (a 10,25 pesos cada uno). De 171 litros a 419. Lo mismo ocurre con otros productos de una canasta básica de consumo. En 2003, la jubilación mínima permitía comprar 88 litros de aceite de girasol (a 2,49 pesos), ahora son 397 (a 10,84 pesos el litro). En paquetes de fideos de medio kilo, la proporción pasó de 163 a 524. En bifes de carne vacuna, de 45 kilos (a 4,89) a 56 (a 76,90). En envases de shampoo de 200 centímetros cúbicos, de 85 (a 2,59) a 186 (a 23,15). En papas, de 449 kilos (a 49 centavos) a 573 (a 7,50).

La jubilación mínima de 2003, de 220 pesos, representaba 61,2 dólares. En 2009 ya había trepado a 217,3 dólares. Desde entonces, cuando se aprobó la ley de movilidad previsional, los haberes mejoraron hasta los actuales 443,2 dólares al valor oficial. Y si la comparación se hace con el blue, la jubilación mínima representa 286,6 dólares, también más que en 2009.

Para los trabajadores bajo convenio colectivo, entre 2007 y junio de este año, período con tasas de inflación de dos dígitos, el salario medio aumentó en términos reales 41 por ciento. Así surge de un estudio de la consultora de Miguel Bein, que toma como parámetro su propio índice de precios, que se ubica a mitad de camino entre el oficial y el de la oposición (índice Congreso). De 200 acuerdos en paritarias homologados en 2002 se llegó a casi 2000 este año. La Asignación Universal por Hijo, en tanto, fue creada en noviembre de 2009 con una asignación de 180 pesos por hijo. Esa cifra creció hasta 837 pesos en la actualidad, un 365 por ciento de aumento. En el mismo período, la inflación fue del 301 por ciento (hasta julio pasado) según el IPC Congreso. Aquellos 180 pesos equivalen a 228 en este momento en términos reales, deflactados por ese mismo indicador.

La recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y de los titulares de nuevos derechos en seguridad social aparece amenazada por la devaluación en ciernes. “El equipo económico de Cambiemos se parece al Barcelona”, comparó ayer el presidente de la asociación de bancos extranjeros en la Argentina, Claudio Cesario, despreocupado porque los salarios, las jubilaciones y las asignaciones se vayan a la B.