Las cámaras de comercio celebraron, aunque con reparos, la media sanción del Senado que obtuvo anteanoche el proyecto de ley que reduce a la mitad las comisiones que cobran los bancos a esos establecimientos por el uso de la tarjeta de crédito y elimina ese cargo para las de débito. La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta, fue redactada por el senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) e impulsada por las cámaras Argentina de Comercio (CAC) y de la Mediana Empresa (CAME). Durante la sesión, el proyecto fue modificado para excluir a los operadores de tarjetas de crédito no bancarias, las cuales podrán seguir cobrando la comisión actual del 3 por ciento. El secretario de la CAC, Mario Grinman, cuestionó la reforma de la ley por considerarla incompleta y no modificar la posición dominante de ese mercado. Los dichos de Grinman apuntan a la posición monopólica que ejercen Visa y Mastercard, quienes detentan el 77 por ciento del mercado de plásticos.

En un mercado interno prácticamente paralizado y con alta inflación, las cámaras comerciales vieron en el costo financiero que aplican las tarjetas una posibilidad de recuperar márgenes de ganancia. Pero esto es sólo la punta del iceberg, ya que la comisión se cobra por operación, sin importar la cantidad de cuotas. A esto debe sumarse lo que el banco le deduce al comercio por intereses anticipados por cuotas. Según la ley 25.065, que data de 1998, por cada compra con tarjeta de crédito el comercio paga actualmente a los bancos emisores el 3 por ciento más IVA del valor del ticket. En el caso de débito se paga hasta 1,5 por ciento.

Desde las cámaras sostienen que se trata de las comisiones más altas de la región, lo que significó en los últimos doce meses una transferencia de 14.563 millones de pesos por comisiones de ventas con tarjetas de débito y crédito a los bancos que podrían haber servido para reducir los precios al público. Los bancos presionaron con la amenaza de que una reducción de las comisiones implicaría el final del sistema de cuotas sin interés, incluyendo el plan Ahora 12. Las cámaras y el propio gobierno refutaron ese fantasma. Al pagar en 12 cuotas, los bancos depositan a los comercios el valor total de la operación, pero le descuentan el interés que supondría pagar ese bien en la cantidad de cuotas pactada, independientemente de la comisión. Desde la CAME sostienen que ese costo asciende a alrededor del 40 por ciento por sobre el precio de la venta.

Lo que deja al descubierto esta situación es que ese costo está incorporado previamente en el precio de las cuotas, ya sea que se pague en una sola vez o en 12 o 18 cuotas. Esto genera una situación paradójica, ya que quien compra a 12 cuotas o quien lo hace en un pago, si lo liquida con tarjeta, paga el mismo precio. El cambio que proponen las cámaras es que se discrimine entre una operación en un pago o en cuotas y que la comisión se reduzca a 1,3 por ciento para crédito y a cero cuando se utiliza débito.

En la sesión en el Senado se dio media sanción a una rebaja de 3 a 1,5 por ciento en la comisión para crédito (0,2 puntos menos que lo pretendido en el texto original) y la eliminación del costo para la venta con débito. Tampoco podrán efectuar descuentos ni aplicar cargos a los comercios cuando se utilice la tarjeta de débito. Se excluyó a las 26 tarjetas no bancarizadas que operan en el país. “No entendemos, y nos produce una sensación de frustración, por qué no se legisló para que salga una ley completa, porque los aranceles son una pequeña parte de un gran problema”, dijo Grinman, de la CAC.

El empresario también se quejó porque no se avanzó contra la situación de monopolio de los grandes emisores. El proyecto también apuntaba a modificar la posición dominante de la empresa Prisma, que es la emisora de la tarjeta VISA en un holding que está conformado por catorce bancos. “Con lo que se aprobó anoche, las empresas que tienen posición dominante van a seguir en esa situación. Los bancos van a seguir ganando fortunas”, señaló Grinman. El presidente del Senado, Federico Pinedo, incorporó como modificación una autorización al Banco Central, a la Secretaría de Comercio y al Congreso para que generen mecanismos de promoción de la competencia en el mercado de crédito y débito. Esta incorporación, más de principios que operativa, no reemplaza el pedido de las cámaras que se fijen límites claros a los plazo de pago y las tasas de financiación que imponen los bancos por su posición dominante.