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La gran pregunta luego del aumento salarial de 100 pesos sobre los haberes mínimos de los trabajadores registrados es cuál será el arrastre de la medida para los empleados en negro. La pulseada entre empresarios y trabajadores tenía por objetivo, más allá de la magnitud del incremento finalmente alcanzado, la necesidad de estimular el consumo frente a las inequívocas señales de estancamiento mostradas en los últimos meses. Las estimaciones de los especialistas sitúan el impacto entre el 0,3 y el 0,9 del PIB, un rango bastante amplio. En cualquier caso, por su propia naturaleza, la estimación de los efectos sobre la economía informal escapa a las precisiones numéricas.
Para el Ministerio de Trabajo, la mejora de ingresos conseguida con un salario mínimo de 450 pesos permitirá una reducción de la brecha distributiva entre el 10 por ciento de mayores ingresos y el decil de menores ingresos de 38 a 32 veces. El análisis agrega que el incremento de la masa salarial tendría un efecto multiplicador sobre la demanda equivalente al 0,95 del PIB, una cifra que para los analistas privados resulta optimista.
El nivel de precariedad laboral puede testearse de distintas maneras. La usual es cruzar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Indec, que brinda los índices de ocupación, con los registros de la seguridad social. Distintos trabajos mostraron que el empleo en negro llega a dos tercios de la fuerza laboral. Un nivel de precariedad de carácter estructural que resulta difícil de combatir en el corto plazo.
Para Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales, SEL, existe un límite para combatir el trabajo en negro por la vía de la fiscalización estatal. El especialista explica que el grueso de la informalidad se corresponde con las empresas de menos de 5 trabajadores. El promedio, destaca, es de 2 empleados, lo que eleva el número de empleadores en negro a más de 800 mil.
En este tipo de “establecimientos”, alrededor del 80 por ciento del total, el blanqueo resultaría difícil por la relativa baja productividad de los empleos. Según Kritz, con el 23 por ciento de contribuciones patronales, 8,33 de aguinaldo, 1,8 de aseguradora de riesgo y demás, los nuevos 450 de mínimo se elevan a alrededor de 600 pesos. Además, esto supone que también el empleador debe blanquear su economía, con el consiguiente costo extra, además de fijo.
El otro bloque de trabajadores informales se encuentra en las empresas de mayor tamaño, donde la explicación sí se relaciona directamente con la evasión lisa y llana. El objetivo en estas firmas suele ser la subdeclaración tanto de ingresos como de salarios.
Resulta esperable que el “arrastre” del nuevo mínimo sea mayor en este segundo grupo que en el primero. No obstante, en el primero también podrían existir leves mejoras de ingresos, pero difícilmente blanqueo, lo que sigue siendo un factor determinante de la continuidad estructural de la informalidad.
Aunque la brecha en los ingresos entre los trabajadores formales e informales haya crecido, según un informe de la CTA presentado en las discusiones del Consejo del Salario, el 18 por ciento en el primer semestre de 2004, el aumento del salario mínimo tuvo algún efecto sobre las retribuciones en negro. Sobre esta base, la estimación de Kritz es que el incremento de la masa salarial formal podría expandirse entre el 0,3 y el 0,4 del consumo global. Dado que el consumo es alrededor del 60 por ciento del PIB, el “efecto multiplicador” sobre el producto sería, en el mejor de los casos, del 0,24. Con el arrastre esperado sobre el empleo informal, podría llegarse a un 1 por ciento del consumo privado.