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La causa que investiga los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor tuvo ayer un fuerte impulso. Los represores Jorge Videla, Albano Harguindeguy, Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y otros quince militares fueron procesados por el juez federal Jorge Urso, quien además les impuso prisión preventiva. “Es especialmente importante el fallo en este momento, cuando una grave forma de impunidad se ha exteriorizado en la justicia argentina”, expresó a Página/12 uno de los abogados del caso Alberto Pedroncini, en referencia a la sentencia en la causa AMIA.
En una resolución de 900 carillas, el juez entendió que la veintena de represores procesados cometió privaciones ilegales de la libertad, como parte de una asociación ilícita “agravada” que conformaron las dictaduras del Cono Sur para asesinar opositores. Urso dispuso embargos que van desde 500 mil pesos a un millón de pesos para cada acusado. En el caso de Videla, el juez le amplió un procesamiento anterior donde se lo acusó de ser jefe del “plan criminal” y agregó 34 casos de privaciones ilegítimas de la libertad.
La causa tiene por objeto la investigación de una asociación ilícita, además de la privación ilegal de la libertad en el marco de políticas de desaparición forzada de personas, homicidios y torturas, cometidos durante la concertación y ejecución de la llamada Operación Cóndor, en Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay. Inicialmente fueron imputados los jefes de Estado de esos países que al frente de gobiernos militares, armaron ese plan persecutorio contra comunidades de refugiados políticos de cualquiera de los “Estados-parte” en el territorio de otros.
Así lo entendió el juez Urso porque en su escrito describió que “hubo acuerdo a nivel político-militar entre las diferentes cúpulas jerárquicas de los países del Cono Sur” que se dedicó al “cumplimiento del exterminio de la subversión”. Videla “proporcionó a los autores materiales la organización criminal en cuestión” y en el caso de Harguindeguy, detenido por primera vez en esta causa hace un mes, como ministro del Interior desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1981 no pudo “ser ajeno” a lo que ocurría. Entre la veintena de procesados están también Guillermo Suárez Mason y Ramón Genaro Díaz Bessone.
Pedroncini recordó que cuando la Cámara Federal confirmó las primeras medidas del caso consideró que la sola concertación del Cóndor configuró un delito de lesa humanidad.