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El Consejo de la Magistratura calienta motores para promover juicio político contra el juez federal Juan José Galeano, acusado por el tribunal oral que juzgó el atentado a la AMIA de haber construido –junto con el gobierno de Carlos Menem– una causa ficticia sólo para exhibir un grupo de culpables y no llegar a la verdad. La semana próxima los consejeros Beinusz Szmukler y Marcela Rodríguez pedirán en un dictamen que el magistrado sea citado a declarar para que haga un descargo como sospechoso, algo que la Comisión de Acusación votaría en unos quince días. En el cuerpo hubo sorpresa por las imputaciones al camarista Gabriel Cavallo y el juez Norberto Oyarbide, a quienes también tendrán que juzgar.
El informe preliminar que presentarán Szmukler y Rodríguez tendrá por lo menos 200 páginas y pedirá que Galeano sea interrogado con una fórmula que lo ubica sólo a un escalón de ser acusado. En el Consejo calculan que la citación será para dentro de un mes. Como paso siguiente, la Comisión de Acusación deberá votar los cargos en su contra y recién después el expediente pasará al plenario, que tiene la facultad de suspender al magistrado antes del juicio político propiamente dicho, a cargo del jury de enjuiciamiento.
Entre los principales cuestionamientos a Galeano, el dúo de consejeros señalará: el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín de 400 mil dólares para que acusara a los policías bonaerenses, la extorsión a testigos e imputados, la destrucción de pruebas, la intervención ilegal de teléfonos, la conformación de legajos paralelos con acceso restringido a los querellantes e irregularidades ligadas al testimonio del “testigo C”. El abogado del juez ante el Consejo es el ex camarista federal Andrés D’Alessio.
Las primeras denuncias contra Galeano fueron presentadas ante el Consejo hace tres años por el consejero Eduardo Orio y por Memoria Activa. Después se sumaron las de Familiares de las Víctimas, de la diputada Nilda Garré (Frepaso), del titular de la Unidad de Investigación del atentado, Alejandro Rúa, y de la Cámara Federal, que apartó al juez del expediente. El primer consejero que tuvo la pesquisa cargo fue el ruckaufista Jorge Casanovas, que no mostró mucho interés en avanzar.
El año pasado la instrucción del tema pasó al plenario, pero sólo la tomaron Szmukler y Rodríguez. Escucharon a testigos y produjeron prueba. Según Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa, fue prudente que para dictaminar contra Galeano esperaran a que se conociera el resultado del juicio oral. “Si se apuraban, podía peligrar el desarrollo del juicio, era presionar al tribunal”, dijo.
En el Consejo admitían ayer cierto asombro porque el Tribunal Oral 3 le enviará imputaciones contra Cavallo y Oyarbide, porque entiende que protegieron a Galeano en causas relacionados con el video que lo mostraba negociando con Telleldín. Los jueces no quisieron hablar. Oyarbide sólo dijo que está “muy mal por esto”.