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En La Pampa, con el voto de la mayoría automática del peronismo gobernante y a pesar del rechazo unánime de todo el arco opositor, fue sancionada y convertida en ley una norma que habilita a los fiscales a perseguir penalmente a los padres por los delitos o infracciones de todo tipo que cometan sus hijos menores de 18 años. “La norma es claramente inconstitucional porque establece una doble imposición a la acción penal, contra los hijos y contra sus padres, cuando está establecido en las leyes vigentes que la autoría de un delito es personal e intransferible”, coincidieron en afirmar, ante una consulta de Página/12, los legisladores provinciales –ambos abogados– Juan Carlos Scovenna, del ARI, y Mario Cayre, del Frente Alternativa Pampeana (FAP). También expresaron sus críticas el diputado nacional por La Pampa Santiago Ferrigno, del bloque del Frepaso, y la presidenta del Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo, quienes recordaron que las figuras delictuales invocadas en la ley provincial, “abandono de persona” por parte de los padres o “instigación al delito”, ya están contempladas en el Código Penal.
La ley fue impulsada por el gobernador pampeano, Carlos Alberto Verna, y fogoneada por el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia, Juan Carlos Tierno, un hombre partidario de la mano dura que desata polémicas en forma permanente (ver aparte). “La mayoría de los asesores de los distintos bloques, incluyendo el oficialismo, dijeron que la norma es inconstitucional”, insistió Cayre. Sin embargo, a pesar del retiro de la sala de sesiones de los 12 diputados de los bloques opositores, el peronismo pampeano impuso su voluntad con la presencia de sus 14 legisladores, incluyendo a Josefa Alegre, que llegó a último momento porque presentaba un fuerte estado febril.
La ley aprobada por el único cuerpo legislativo que funciona en la provincia será promulgada por el Ejecutivo y entrará en vigencia en forma inmediata. “La oposición se retiró del recinto en protesta porque el proyecto no fue analizado a fondo en las comisiones, dado que el oficialismo se negó a aceptar el pedido para que se presentaran a dar su opinión los representantes del Poder Judicial”, dijo Cayre. En fuentes legislativas se sostiene que, a pesar de la sanción, “es muy probable que los fiscales y jueces se opongan a adoptar una ley a la que ellos mismos consideran inaplicable, aunque no lo digan públicamente”.
“Además de insistir sobre cuestiones que ya están contempladas en el Código Penal de la Nación, la nueva ley introduce una figura extraña, porque hace responsable a las personas sólo por ejercer la patria potestad, aunque se trate del mejor de los padres”, precisó el diputado Scovenna. “Lo que dice la ley es que los fiscales y la policía tienen la obligación de abrir causas paralelas para investigar a los padres, cada vez que se abra una causa contra un menor, por delitos o infracciones”, insistió el diputado del ARI. Agregó que se trata de “un arma muy peligrosa, sobre todo en manos de la policía, y es el resultado de la política de mano dura que impulsa el ministro Tierno”.
El gobierno, a través de Tierno y de la titular de la Cámara de Diputados, Norma Durango, justificó el proyecto aludiendo a la opinión del “65 por ciento del electorado” que reclamó en una encuesta reciente “que se garantice la seguridad de los pampeanos”. En principio se habían advertido controversias en el mismo bloque justicialista, pero los diputados de la Corriente Peronista Federal dieron el quórum necesario y votaron a favor, a pesar de que algunos de los expositores del sector admitieron públicamente sus dudas respecto de la legitimidad de la ley.
En sus fundamentos, la norma obliga a los fiscales a la apertura de “causas penales independientes contra los padres o tutores de adolescentes involucrados en algún delito o infracción”. Para Scovenna, la medida que se votó en La Pampa significa “un retroceso de 300 años en la historia del derecho penal, porque ya (Charles) Montesquieu había dicho que los padres no podían hacerse cargo por los delitos cometidos por sus hijos”. En la misma sesión, se aprobó la construcción de un lugar de alojamiento para menores que es “una verdadera cárcel, algo que está prohibido por las normas legales vigentes en el país”, recordó a Página/12 el diputado nacional por el Frepaso Santiago Ferrigno. El lugar de detención contará con 50 o 60 plazas. “Nosotros hemos pedido la intervención de los organismos nacionales que defienden los derechos de los menores, pero nos han dicho que, aunque están de acuerdo, no pueden pasar por encima de la autonomía provincial”, dijo Ferrigno.
La titular del Consejo por los Derechos del Niño de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo, coincidió en que los delitos citados en la ley pampeana “están previstos en el Código Penal” y se mostró contraria “a la tentación de aplicar penas más importantes, cuando deberían priorizarse las políticas de inclusión en apoyo de todo el grupo familiar, para buscar una recuperación del menor, sin plantear cuestiones penales”. Naddeo consideró que se trata de “una medida facilista que no soluciona el problema”.