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“Nos están cazando como moscas.” La metáfora de Nicolás Lista, dirigente de Quebracho y la CTD Aníbal Verón, describe un cambio notorio en la acción de la Justicia en los últimos tiempos. Desde los incidentes ante la Legislatura, los jueces parecen haber coincidido en endurecer las penas contra quienes corten calles y usen palos o quemen gomas para protestar por la situación social. Ayer no fue la excepción y el nuevo capítulo llegó a límites grotescos: la policía detuvo a uno de los líderes de Quebracho, Gustavo Franquet, por una causa de “interrupción del tránsito” pendiente desde el año pasado. Sin embargo, en el Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora dijeron que no recordaban los hechos. No fue la única detención: la policía también detuvo a otra persona, Roberto Carlos Palleros, y dijo que se trataba del piquetero que había agredido a un taxista, en febrero, ante las cámaras de TV. Unas horas después se supo que Palleros no era el buscado y salió en libertad. La policía sigue buscando al líder de Quebracho, Fernando Esteche, a quien le dictaron la captura por los incidentes del martes pasado frente a la Rosada.
La jornada habrá satisfecho a quienes reclaman mano dura contra la protesta social. Al mediodía, la Policía Federal detuvo a Franquet en su casa de Caballito. Le imputaban una causa abierta por un corte de ruta en Lomas de Zamora, aunque en el juzgado no recordaban los hechos. La detención se produjo mientras Esteche sigue prófugo. “Fernando no se va a entregar”, anunció Leonardo del Grosso, otro integrante de la agrupación.
La otra captura del día se realizó en Florencio Varela. Cuando caminaba cerca de la estación de tren, la policía detuvo a una persona por un pedido de captura firmado por el juez de Instrucción de la Capital, Adolfo Calvete. El arrestado era Roberto Palleros. La policía le imputaba un hecho sucedido hace casi siete meses: la agresión con un palo que un supuesto piquetero de una ignota organización que no volvió a aparecer en escena había realizado sobre un taxista que conducía por la 9 de Julio. Tras tomarle las huellas digitales, el juez Calvete ordenó su inmediata libertad. No se trataba de la persona indicada.
El papelón se produjo un día después de que el juez Juan José Galeano procesara a siete piqueteros por los hechos del martes en la Plaza de Mayo. En un fallo de cuarenta páginas, Galeano procesó a Héctor Reynoso, Pablo Sánchez, Rodolfo Casanova, Carlos Vence, Rafael Barrios, Miguel García y Ezequiel Díaz y los mantuvo en prisión. También excarceló a Analía Cerezo. El procesamiento provocó una rápida reacción de la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi: “Salvo envenenamiento de agua y abigeato, los acusan de todo”, ironizó. La resolución también llamó la atención de los penalistas Gustavo Palmieri, del CELS, y David Baigún, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
La polémica consiste en que los manifestantes fueron acusados, alternativamente, de estos cuatro delitos: daño calificado (artículo 184 del Código Penal), coacción agravada (artículo 238), prepotencia ideológica (213 bis) e intimidación pública (artículo 211). Cada imputado fue procesado por dos o más de esas figuras penales. El juez también se basó en la reforma que promovió Juan Carlos Blumberg para no conceder la excarcelación. Según el Código Procesal, ese beneficio corresponde cuando el delito prevé una pena de hasta ocho años.
Galeano imputó a cada procesado una combinación de delitos que, tomados en conjunto, supera los ocho años. “En este caso, parecería que le han armado el concurso (real) para que se le niegue la excarcelación. Se puede criticar la interpretación del juez. Porque, por ejemplo, la conducta del 238 está subsumida por el 213. Podría ser un caso de malam partem, una predisposición en contra del reo”, analizó Baigún. “La figura de intimidación pública hay que manejarla con cuidado. No cualquier hecho de violencia corresponde a esa figura penal”, consideró Palmieri.