Adolfo Silvio Etchehun, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires (Sicgba), denunció ayer que el 60 por ciento de las operaciones del sector cárnico se realizan en negro, evadiendo impuestos. Según el sindicalista, en 2005, el sector movió operaciones por 2500 millones de dólares en blanco, y eso representaría sólo el 40 por ciento de los negocios totales, ya que el resto serían en negro, a espaldas del fisco. El porcentaje de evasión es similar al que había estimado la semana pasada el subsecretario de Ingresos, Santiago Montoya, quien lanzó nuevos operativos de inspección de establecimientos ganaderos, frigoríficos y carnicerías.

En esta línea, Montoya había prometido utilizar de manera novedosa las facultades especiales que le otorga el nuevo código fiscal para decomisar mercaderías sin intervención judicial. El recaudador bonaerense anticipó que el ganado en pie o la carne que se secuestre proveniente de maniobras de evasión iba a ser girada al Ministerio de Desarrollo Social provincial para que procediera a su reparto entre los más necesitados.

Para Etchehun, el tema de la carne desde sus orígenes en la colonia fue muy complicado y “hoy en día cuenta con muchas irregularidades, por ejemplo, está monopolizada la comercialización el cuero, las vísceras y de todos los subproductos: sangre, hueso, sebo”, explicó. Para terminar con esta situación, el dirigente sindical propone el regreso de la Junta Nacional de Carne, un organismo público que debería encargarse de regular todos los eslabones de la cadena comercial.

En cuanto a los acuerdos de precios cerrados por el Gobierno, Etchehun fue claro: “Son de coyuntura”, afirmó. “Desde la letra fina, las medidas están bien tomadas: el novillo no puede valer más de 2,40 o 2,20 el kilo y no puede terminar en ganchera a más de 4,40; pero en la práctica, la entrada de animales a Liniers es lo determinante. Desde ahí regulan el mercado, porque un día entran 4000 y otro 18.000. Ellos mismos son productores y consignatarios de Liniers, no los 3500 pequeños productores que tienen 500 vacas, 50 vacas”, agregó.

El secretario del gremio de trabajadores de la carne propone se renueve la vigencia de la ley 21.740, una ley de carnes de la década del 90, la cual permitiría instrumentar un registro de operaciones y hacer el seguimiento de todo el proceso de producción y comercialización. “De lo contrario no hay control fiscal, no hay control sanitario, no se respeta la cadena de frío en una camioneta térmica que está llena de moscas”, denunció. “Si no se aplica la Ley Federal de Carnes, para mí la carne no baja. En esta coyuntura bajará 40 o 50 centavos; pero el carnicero no va a poder controlar el precio si a él la carne no le llega más barata”, concluyó.