El gobierno bonaerense anunció ayer la rescisión del contrato a la empresa Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA), un consorcio controlado por capitales italianos y españoles que venía prestando servicio en siete distritos del noroeste del conurbano. El gobernador Felipe Solá acusó a la compañía de no cumplir con las metas acordadas y aseguró que la decisión se tomó “para garantizarle a la gente el mantenimiento y la expansión de la provisión de agua y cloacas”. La estatal Aguas Bonaerenses se hará cargo del servicio, al igual que ocurrió en marzo de 2002 cuando la norteamericana Azurix (Enron) abandonó imprevistamente la concesión que prestaba en 49 distritos de la provincia.

Desde enero de 2000, Agba provee agua potable y cloacas a los partidos de Malvinas Argentinas, General Rodríguez, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y parte de Escobar. La población conjunta de esos distritos es de 1,7 millón de habitantes, en su mayoría de bajos recursos económicos, pero la cobertura promedio de la red de agua potable apenas alcanza al 36 por ciento de las personas y sólo el 29 por ciento tiene cloacas. El mayor déficit se encuentra en el pobrísimo José C. Paz donde sólo el 6 por ciento tiene agua potable de red, mientras que nadie tiene cloacas.

Cuando tomó la concesión, la compañía se había comprometido a invertir 250 millones de pesos/dólares durante el quinquenio 2000-2005. Eso hubiera permitido brindarle agua y cloacas a 500 mil personas más alcanzado un porcentaje de cobertura cercano al 60 por ciento, pero las obras de expansión no se concretaron. El ministro bonaerense de Infraestructura, Eduardo Sicaro, aseguró a Página/12 que “la empresa no invirtió prácticamente nada. Sólo puso un millón de pesos al inicio de la concesión”. Además señaló que Agba “abandonó el mantenimiento de sus plantas depuradoras, no respeto los parámetros de calidad ni en agua potable ni en cloacas y además no renovó la garantía exigida por contrato para poder cumplir con el servicio”. Fuentes de la empresa, en cambio, dejaron trascender ayer que desde la caída de la convertibilidad la responsabilidad de las inversiones pasó a manos del gobierno provincial y que ellos sólo se encargaron de la operación y el mantenimiento del servicio, cumpliendo con lo pautado.

El 43 por ciento de Agba está en poder del grupo italiano Impregilo, quien también tiene acciones en Autopistas del Sol y anteriormente participó en las obras civiles de Yacyretá, donde resultó denunciada por acordar sobreprecios. El 27 por ciento pertenece al grupo español Dycasa y el 20 por ciento al consorcio de aguas de Bilbao Biskaia, una empresa con capitales públicos integrada por 52 municipios del País Vasco. El 10 por ciento restante está en poder de los trabajadores a través del Programa de Participación Accionaria del Personal. Sícaro aseguró a este diario que sólo los trabajadores continuarán controlando su porcentaje cuando se efectivice la rescisión, pues el 10 por ciento de Aguas Bonaerenses pertenece a ellos. El resto de los accionistas es probable que denuncien al Estado ante el Ciadi o algún otro organismo internacional, ya que la concesión estaba pautada hasta el 2029 y, según ellos, la devaluación y la posterior pesificación de las tarifas había alterado las reglas del juego, lo que obligaba a la provincia a renegociar el contrato o indemnizarla.

El gobernador Solá aseguró ayer que además de la rescisión firmará un decreto que aprueba un plan de corto plazo, que contará con 30 millones de pesos para solucionar problemas operativos actuales, de conexiones, de estado de plantas, pozos y motores. Además, en los próximos 60 días Aguas Bonaerenses deberá preparar un plan de expansión para el mediano plazo que contará con la participación de los siete municipios involucrados. Esta compañía ya brinda servicio a 1,2 millón de habitantes, en importantes distritos de la provincia entre los que se incluyen La Plata, Florencio Varela y Bahía Blanca.