“Sin la guita de Kirchner ninguno dura más de tres o cuatro meses; es así, no hay vuelta que darle.” La confesión pertenece a uno de los gobernadores más cercanos a la Rosada, que además conoce de cuentas como ningún otro. También de reelecciones.

Los “superpoderes” y los DNU son dos caras de la misma moneda: la intención del presidente de manejar sin ningún tipo de interferencia, ni siquiera de los legisladores o gobernadores oficialistas, los cuantiosos fondos excedentes del Estado. Esa discrecionalidad, piensa Kirchner, es la que le permite consolidar su poder todos los días.

El Poder Ejecutivo envía todos los años (antes del 15 de septiembre) al Congreso un proyecto de presupuesto para el año siguiente. La ley de leyes fija cuánto y cómo gastará la administración nacional en el ejercicio presupuestario, sobre la base de una estimación de recaudación. La discusión presupuestaria involucra siempre un complejo proceso de lobby. No solo aparecen las cámaras empresarias en busca de exenciones impositivas o subsidios. Legisladores y gobernadores suelen presionar para que una tajada del gasto nacional –obras, planes sociales u otros recursos– sea orientada a sus provincias.

La modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera amplía las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias a través de las llamadas “Decisiones Administrativas”: ya no habría restricciones por finalidad (se podría sacar de Salud para entregar a la policía, o viceversa); o quitar fondos de obras públicas (gastos de capital) para destinarlos a aumentos de sueldos (gastos corrientes). Las DA fortalecen el poder del Gobierno para ir modelando el presupuesto de acuerdo con las necesidades de la política oficial a lo largo del año. Durante 2005, el gobierno reasignó partidas por 4300 millones vía DA.

Sin embargo, no es ése el instrumento más potente que ha utilizado el Gobierno en los últimos tres años para manejar los recursos públicos sin la intervención del Congreso. Mucho más importantes son los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Este año, dado que el crecimiento de la economía duplicará la meta prespuestaria (8% frente al pícaro 4% fijado en el Presupuesto), el Estado nacional embolsaría unos 9000 millones de pesos adicionales a los que figuran en el Presupuesto 2006. Para darles uso a esos recursos extra, el gobierno tiene dos opciones: solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso; o asignar los fondos sobrantes a través de DNU, como se hizo en los últimos tres años.

El discurso presidencial de ayer, hablando de que no cederá a la extorsión y las prebendas de algunos legisladores, no debe leerse como un mensaje dirigido exclusivamente a la oposición. Pese a contar con mayoría en las dos cámaras, Kirchner sabe que no es lo mismo negociar con legisladores y gobernadores qué hacer con 9000 millones, que definirlo sin interferencias y después repartir. Como decía un ex ministro del Interior de Menem, no hay nada mejor que la billetera para ordenar el rompecabezas político de la Argentina.

Según el diputado Claudio Lozano, en el 2005, con los DNU, Kirchner amplió el presupuesto en 10.700 millones de pesos; y en el 2004, en 13.400 millones. Dichos recursos se destinaron en su mayoría a cancelar deuda, y en menor medida a obras públicas, y aumento de jubilaciones o gastos sociales. Con la reglamentación de los DNU, el Gobierno se garantiza que éste sea un instrumento permanente para consolidar su poder.