Jueves, 13 de julio de 2006 | Hoy
Al menos seis muertos y 70 ataques de armas de fuego y bombas molotovs de la mafia en guerra con agentes carcelarios.
Por Darío Pignotti
Desde San Pablo
San Pablo vivió ayer otra noche de pánico y muerte. Por lo menos 6 asesinatos, decenas de colectivos incendiados, comisarías baleadas y bancos atacados con molotovs es el saldo de una nueva ola de ataques perpetrados en 18 municipios por el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización delictiva que tiene en jaque al mayor Estado brasileño desde mayo. Ante la magnitud de los hechos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofreció la colaboración de efectivos federales al gobernador paulista, Claudio Lembo, que una vez más rechazó la propuesta.
Los atentados ocurrieron exactamente 2 meses después de la peor ola de violencia urbana de que se tiene memoria en Brasil, también desatada por el PCC, que igual que ayer puso en la mira a agentes penitenciarios. En aquella ocasión, y luego de la contraofensiva policial, murieron oficialmente 117 personas.
En las primeras horas del miércoles un grupo de hombres tocó el timbre de una casa pobre, en el barrio de Vila Nova Cachoerina. Su dueño, un agente carcelario, fue acribillado apenas se asomó. Unos minutos después otra ráfaga mató a su hermana, que, según los vecinos, vivía aterrada desde que comenzaron las ejecuciones del PCC.
En las primeras horas de la madrugada, la central de comunicaciones de la policía quedó desbordada por los reportes que llegaban a cada minuto, para informar de 71 ataques ocurridos en la capital y el interior paulista, molotovs y disparos contra sedes del Banco Itaú y un mercado de la cadena Pan de Azúcar, balazos contra comisarías de la capital y del litoral del estado donde el PCC ha reclutado buen número de “soldados”, conocidos por su temeridad. En las primeras horas de la mañana el parte de guerra decía que el hijo de otro carcelero fue muerto y dos agentes de seguridad privada también.
Actualmente el PCC detenta el poder en el grueso de los 124 centros de reclusión de San Pablo, donde se alojan más de 130.000 personas. Un ejército de excluidos por convicción o intimidación, que acepta las órdenes del capo de la banda, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola.
La fama de Marcola ha crecido del mismo modo que el Estado se ha mostrado impotente para frenar los golpes diseñados desde celdas que, en hipótesis, impiden cualquier comunicación con el exterior. Según el periodista Carlos Chagas, la situación en San Pablo tiende a reproducirse en otros Estados, donde parece haber cundido el ejemplo del PCC. “Me temo que se desate un efecto sarampión y las rebeliones se contagien”, dijo Chagas. En Brasil hay más de 300 mil detenidos, en su mayoría en pésimas condiciones.
Según el secretario de seguridad paulista, Saulo Abreu Filho, el motivo que desató la nueva estampida de violencia fue el rumor de que la cúpula del PCC sería trasladada a un presidio federal de Catanduvas, estado de Paraná, sur brasileño.
Abreu reiteró que no se dará tregua a los criminales. “Una vez declarada la guerra, dijo, la única forma de salir (de ella) es vencer.” También descartó que los sabotajes de ayer fueran una respuesta a la situación que atraviesan unos 1400 presos de la cárcel de Araraquara, interior paulista, que desde hace días permanecen confinados en el patio de la unidad. Mientras los portones del reclusorio permanecen soldados, los presos reciben víveres y medicamentos por medio de sogas.
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