Hoy la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dará dictamen favorable al proyecto de ley de “superpoderes”, que ya cuenta con media sanción del Senado, y mañana la misma cámara convertiría en ley la reglamentación de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) impulsada por el Ejecutivo. Como ya se explicó en este diario, “superpoderes” y DNU son las dos caras de una misma moneda: la intención del Presidente de manejar sin interferencias, ni siquiera de los legisladores y gobernadores oficialistas, los cuantiosos excedentes del Estado. Esa discrecionalidad, imagina Kirchner, es la que le permite ordenar el rompecabezas político de la Argentina y consolidar todos los días su poder. Pese a lo que se cree, el instrumento más potente y controvertido para manejar los recursos públicos son, sin duda, los DNU.

La ley (de superpoderes) que modificará el artículo 37 de la ley de Administración Financiera amplía las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias. A través de las llamadas Decisiones Administrativas (DA), el Gobierno puede cambiar las finalidades de gasto aprobadas en el Presupuesto, pero le está vedado elevar el techo del total de erogaciones. Ejemplos:

- Ayer, la DA 403/2006 transfirió el plan Arraigo, junto con su personal y 2 millones para financiarlo, del Ministerio de Desarrollo Social a la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda, de Luis D’Elía, en la órbita del Ministerio de Planificación. La transferencia es lógica, porque D’Elía gestiona la titularización de tierras a familias carenciadas, cuestión no contemplada en el Presupuesto 2006 (aprobado el año pasado) porque fue designado dos meses atrás.

- El jueves pasado, dos decisiones administrativas de Alberto Fernández (DA 385 y DA 388) incrementaron en 92 millones de pesos el presupuesto asignado a la Policía Federal, un aumento del 7 por ciento. Los fondos provendrán de los ingresos de la propia Policía a través de los servicios de “policía adicional, expendios de pasaportes y cédulas de identidad”, más una donación del Gobierno de la Ciudad que nunca se efectivizó. Las reasignaciones presupuestarias son en buena medida necesarias y parte de la administración del Estado. La discusión es si deben ser ilimitadas, como pretende el Ejecutivo, o si habría que fijarles tope. Si las reasignaciones fueran ilimitadas, entonces todo el Presupuesto luciría a dibujo: ¿para qué votar todos los años cómo se gastarán los recursos públicos durante el ejercicio siguiente, si no hay ataduras para que el Gobierno redefina por completo ese Presupuesto?

La Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) ha sugerido dos formas de acotar las facultades de reasignación de partidas del jefe de Gabinete:

- Una es incluir en el Presupuesto los recursos necesarios para atender situaciones imprevistas. Una partida fija sobre el total de ingresos, del orden del 1 o 2 por ciento: es decir, entre 1000 y 2000 millones. Venezuela aplica esta modalidad.

- Otra es crear una comisión mixta de legisladores para “tratar en forma permanente y perentoria las solicitudes de modificaciones presupuestarias”. Es la metodología utilizada en Brasil.

Distinto es el tema de los DNU. Como demostró el diputado Claudio Lozano, Kirchner ha recurrido a los DNU para ampliar el presupuesto (subir el techo) sin injerencia legislativa: 13.400 millones en el 2004 y 10.700 millones en el 2005. Este año, por la mayor recaudación, el Gobierno contaría con 9000 millones adicionales a los que figuran en el Presupuesto 2006. Para darles uso a esos fondos extra hay dos alternativas: solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso o disponer de los fondos a través de DNU. Kirchner ya empezó a transitar el segundo camino. En lo que va del año, agrandó el Presupuesto en 2300 millones, a través de cuatro DNU. Vale la pena detenerse en dos de ellos:

- En marzo, el DNU 352/06 aumentó los créditos para programas de viviendas y rutas en 1085 millones de pesos. Así, sólo tres meses después de iniciado el ejercicio, Kirchner dejó el claro que los fondos para obra pública los reparte él y no se negocian con legisladores y gobernadores.

- En mayo, el DNU 678/06 incrementó los subsidios a las empresas de colectivos en 395 millones. A sola firma, Kirchner eludió así algunos temas relevantes: ¿en base a qué estructura de costos se entregan los subsidios?; ¿la subvención es para mantener congelado el boleto o parte va a engrosar ganancias empresariales?; ¿por qué no existe contraprestación en la mejora del servicio? Son discusiones que deberían darse en el Congreso.