Juan Carlos Casariego de Bel era abogado y desde los 24 años trabajó en la administración pública, primero en la DGI y después en el Ministerio de Economía. En marzo de 1976 se desempeñaba como director de Inversiones Extranjeras en esa cartera y allí estuvo hasta el 15 de junio de 1977, cuando desapareció. El caso, que involucra al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, fue presentado ayer ante la Justicia junto con los de otros once ciudadanos de origen gallego.

Para la familia y los representantes de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina –que formalizaron la denuncia ante el juez federal Daniel Rafecas– Martínez de Hoz no pudo ser ajeno al secuestro de Casariego de Bel.

El funcionario desapareció luego de negarse a firmar la compra de la compañía privada de electricidad Italo-Argentina a la multinacional Suiza Motor Columbus. El precio que el dictador Jorge Rafael Videla y el ministro fijaron para la transacción era 394.500 millones de dólares, muy superior al que se debía habar pagado.

El día de su desaparición, Casariego de Bel llamó a su casa para avisar que tenía una reunión en el despacho del secretario de Economía Guillermo Walter Klein. Pero nunca lo volvieron a ver. Su esposa Alicia y su hija María presentaron un hábeas corpus y llegaron a entrevistarse con el represor Carlos Guillermo Suárez Mason, pero no obtuvieron respuesta. Sólo recibieron un llamado pidiendo un rescate que terminó en la nada, aunque en el camino les dejaron un diario del 18 de junio de 1977 con un mensaje de puño y letra de Casariego de Bel: “Alicia, estoy bien. Para ti y María besos y besos”.

Este caso no es el único que puede comprometer al ex ministro de Economía. El juez federal Norberto Oyarbide está estudiando anular el indulto que recibió Martínez de Hoz por los secuestros de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim, por los que ya estuvo procesado. Esa medida podría llevar al artífice del plan militar de la dictadura tras las rejas.

El caso del funcionario de Economía fue uno de los 12 ciudadanos de origen gallego presentados ayer. Los otros son los de Miguel Angel Castiglioni Cornes, Alberto Horacio García López, Alicia Raquel D’Ambra Villares, Urbano López Fernández, Manuel García Aguirre, Jaime Emilio Lozano Nieto, Inés Ollero, Ramón García Ulloa, Dolores Pilar Iglesias, Manuel Ramón Suoto Leston y Ernesto Fernández Vidal.

Rafecas deberá establecer ahora si todos los secuestros ocurrieron en el ámbito de su competencia, es decir, el Primer Cuerpo de Ejército. El caso de Ollero, por ejemplo, podría ser remitido al juez Sergio Torres, ya que involucra a represores de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Las desapariciones de los ciudadanos gallegos fueron denunciadas por Francisco Lores Mascato y Luis Fernández Ageitos, presidente y secretario de la Federación de Asociaciones Gallegas, que estuvieron acompañados en el juzgado de Rafecas por miembros de organismos de derechos humanos y Fermín Paz y Luis Pérez Leira, de la Confederación Intersindical Gallega.

Los secuestros de los gallegos estaban siendo investigados por el juez español Baltasar Garzón en la causa por genocidio y terrorismo contra militares argentinos. Con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, la denuncia regresó a Buenos Aires. “Es un aporte solidario con el pueblo argentino, dado que en España eso es caso terminado, aunque falta el juicio a (Ricardo Miguel) Cavallo. Queremos apoyar lo que se está haciendo ahora en Argentina”, señaló a Página/12 Luis Pérez Leira, responsable de migración de la Confederación Intersindical Gallega.

Para Pérez Leira fue significativo que la querella se presentara ayer: se cumplen 70 años del golpe que dio inicio a la Guerra Civil y a la dictadura de Franco. En Galicia hubo 30 mil asesinados, como hubo 30 mil desaparecidos en Argentina. Muchos gallegos que huyeron se exiliaron en Argentina y sus hijos y nietos fueron algunos de los desaparecidos.