El proyecto que establece la educación sexual obligatoria en las escuelas de todo el país, desde el nivel inicial hasta el terciario, fue aprobado ayer en la Comisión de Familia de Diputados y ya está en condiciones de ser tratado por la Cámara baja. El texto recibió la aprobación de todos los bloques, hasta de los que históricamente rechazaron su implementación o le impusieron fuertes condicionamientos.

El dictamen es el resultado de un largo y paciente trabajo de los diputados, que lograron consensuar iniciativas de distintos bloques. Se trata de un nuevo proyecto, distinto del que el año pasado había pasado por las comisiones pero no pudo ser tratado en el recinto.

El proyecto crea el Programa Nacional de Educación Sexual, que será reglamentado por el Ministerio de Educación y estará en vigencia en todo el territorio nacional. Ya hay provincias que han dictado su propia norma sobre educación sexual, por lo que la iniciativa “iguala a todos los alumnos y estudiantes del país”, dijo a Página/12 la diputada Juliana di Tullio, presidenta de la Comisión de Familia, Mujeres, Adolescencia y Niñez. El proyecto fue resistido una vez más por algunas organizaciones católicas, que incluso estuvieron presentes en la reunión de comisión donde los diputados estamparon su firma de aprobación. Pero esta vez la oposición se manifestó en un marco de respeto y no se registraron incidentes. “Todos los sectores fueron escuchados”, destacó la diputada Di Tullio.

“Es un proyecto mejor, más completo que el del año pasado –destacó la diputada Juliana Marino, también kirchnerista–, y sobre todo fue debatido con honestidad intelectual.” El proyecto ya había recibido el dictamen favorable de la Comisión de Educación de la Cámara baja hace dos semanas y ayer fue aprobado, sin modificaciones, por la de Familia. De esta manera quedó habilitado para su tratamiento en el recinto. “El presidente de nuestro bloque (Agustín Rossi) ya ha manifestado el interés en que sea tratado a la brevedad”, dijo Di Tullio, y estimó que el debate podría realizarse en agosto.

La propuesta cuenta con un importante respaldo de los bloques, ya que fue elaborada en base a varias iniciativas presentadas por diputados de diferentes bancadas: contempla los presentados por la kirchnerista porteña Juliana Marino; María del Carmen Rico, del Peronismo Federal; Marta Maffei, del ARI, y Federico Pinedo y Roberto Lix Klett, del PRO.

En el debate se desestimaron propuestas que impulsaban la objeción de conciencia y el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres que no estuvieran de acuerdo con la educación sexual. En el consenso primó el criterio de que, sobre todo, se trata de un derecho al que deben acceder los niños y adolescentes de todo el país, sin distinciones. En cambio, se les otorgó a los padres la posibilidad de ser convocados como parte de la comunidad educativa, en el proceso de formación.

De acuerdo con la propuesta, todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de esta norma se crea un Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación para incorporar esta temática desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de Educación Técnica no Universitaria. “Se trata de una deuda histórica”, aseguró Di Tullio. Es que la creación de este programa es una exigencia de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que los lineamientos curriculares básicos serán definidos por el Ministerio de Educación. Pero aclara que cada comunidad educativa incluirá en su proyecto institucional “la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a las convicciones de sus miembros”. También establece quedeberán organizarse en todos los establecimientos espacios de formación para los padres.