La detención de Martín Ríos se convirtió ayer en una especie de novela en la que se pretendió dar a entender que el ex cabo primero de la Bonaerense Mario Attardo fue exonerado de la fuerza por una purga y que la injusticia de esa medida tomada por el ministro León Arslanian quedó demostrada con su buena participación en el apresamiento del francotirador de Belgrano. En realidad, Attardo no fue separado de la Bonaerense por una purga, sino porque junto a dos suboficiales y un oficial detuvieron a dos personas, una de las cuales tenía orden de captura de un juez de Salta. Para dejar en libertad al prófugo, los efectivos pidieron a los detenidos 13.000 pesos, pero como éstos no tenían el dinero, los obligaron a vender el auto de su propiedad, un Peugeot 206. El apartamiento de Attardo no fue en virtud de un sumario administrativo, sino de una causa judicial por privación ilegal de la libertad, extorsión y otros delitos, todo lo cual se instruye en la Unidad Fiscal Número 5 de San Isidro a cargo de Martín Mateos. Attardo fue detenido el 14 de julio por orden del juez de garantías Orlando Díaz, pasó varios meses preso, hasta que la Cámara resolvió ponerlo en libertad, pero sobre la base de seguir el proceso. El fiscal pidió en marzo pasado la elevación a juicio oral de la causa.

De acuerdo con la denuncia realizada por la esposa de una de las víctimas, todo ocurrió el 8 de abril de 2003, cuando los policías aprehendieron a dos ciudadanos que salían de su vivienda en el Peugeot 206. Ambos fueron trasladados a la comisaría primera de Tigre, donde les pidieron 13.000 pesos para no cumplir con la orden de captura que pesaba sobre uno de ellos en un juzgado de Salta. Como los ciudadanos no tenían dinero, los policías los acompañaron a varias agencias de automóviles para ver si podían vender el vehículo y así pagar la extorsión. Debido a que no encontraron comprador, volvieron a la comisaría y allí acordaron que el dueño del 206 firmaría un boleto de compra-venta en blanco. El mecanismo ha sido reiteradamente denunciado como forma de extorsión de policías a ciudadanos y quedó probado hasta el hartazgo, por ejemplo, en la causa AMIA: meses antes del atentado, Telleldín tuvo que entregar un auto y una moto a cambio de que lo dejaran ir de la comisaría y poder continuar así con sus negocios ilegales.

Lo ocurrido en Tigre –siempre de acuerdo con la denuncia– fue idéntico. Se firmó el boleto de compra-venta del 206 en blanco. El otro paso imprescindible en una maniobra de esas características consiste en que el dueño del auto entregue la documentación del vehículo, o sea la tarjeta verde y el título de propiedad. Para cumplir con ello, los policías les dieron plata a los damnificados para que se tomaran un remise, volvieran a su casa a buscar los papeles del auto y los trajeran de nuevo a la comisaría. Según la denuncia, incluso hubo amenazas de muerte.

El modelo de extorsión terminó igual que en el caso AMIA: se hizo un ingreso de los ciudadanos a la comisaría, pero con el nombre levemente cambiado. La alteración sirvió para pedir una averiguación de antecedentes que, por supuesto, dio que no registraban ninguna orden de captura. En el caso AMIA, en lugar de pedir los antecedentes a nombre de Telleldín, que tenía orden de captura, se hizo a nombre de Teccedín y por supuesto no figuraba ninguna persona buscada con ese apellido. Telleldín dejó dinero, el auto y la moto y se fue a su casa a seguir armando autos truchos, incluyendo el que explotó en la AMIA.

Como es obvio, con semejante causa judicial en su contra, Attardo fue puesto en disponibilidad preventiva y luego exonerado. El argumenta que le dictaron una falta de mérito y pidió su reingreso a la fuerza. Al no tratarse de un sobreseimiento, el caso quedó pendiente de resolución por parte del ministro Arslanian.En defensa de Attardo salió la ex subcomisario Lidia Seimandi, acusada por los propios efectivos de su comisaría por maniobras en la liquidación de horas extra. En la investigación de Asuntos Internos, por ejemplo, se determinó que el Casino de Tigre pagaba 5000 pesos mensuales y ese dinero nunca fue declarado. El personal asignado a esas custodias privadas era utilizado en detrimento del patrullaje destinado a la seguridad del resto de la población.